Los mensajes en Twitter sobre los videos de la campaña de Gustavo Petro muestran claramente cómo algunas personas actúan con fundamento en principios y otras ajustan los principios según le sirvan o no a sus candidatos.
Quiero comentar algunos puntos relativos a la publicación que ha hecho Semana de esos videos.
En primer lugar, por supuesto que el derecho a la privacidad está protegido por la ley; por lo tanto, chuzar --y particularmente si quién chuza es el Estado a un candidato de oposición--, es un delito muy grave. Si no fue una chuzada sino una filtración, coincido en que revelar reuniones privadas es problemático, salvo que se estén denunciando delitos. Cuando se trata de estas denuncias hablamos de informantes y los informantes son fundamentales para poder conocer la comisión de actos ilícitos. Organizaciones como @transparenciaco y la @RELE_CIDH han señalado la necesidad de protegerlos.
La información publicada por Semana es de distinta naturaleza. Alguna muestra simplemente el diseño de estrategias de campaña. Otra es relevante para el público porque mostraría una eventual inconsistencia entre la llamada “política del amor” y la gestión de la campaña. También es de interés público saber que la campaña cuenta con la asesoría de personas condenadas por corrupción y conviene preguntarse por el origen de algunos fondos para el pago de estos asesores. A lo mejor todo es legal, pero de todos modos resulta importante indagar por ello. Pero hay otra información que me parece especialmente relevante. Me detengo en eso: la reacción pública a denuncias periodísticas que sabían que eran ciertas.
Los señores Alvarado construyeron en Ecuador las estrategias más autoritarias del hoy expresidente Rafael Correa a partir de campañas de descrédito a cualquiera que buscara ejercer el control social. En nombre de la política del amor utilizaron expresiones tan problemáticas como sicarios de tinta, linchamiento mediático y atentado mediático para estigmatizar cuanto se dijera en contra del gobierno. Esto, por supuesto, estuvo acompañado de una serie de medidas represivas como el cierre de organizaciones, la captura de jóvenes que en la calle criticaban al presidente, la censura a medios y las condenas penales y civiles abiertamente desproporcionadas contra quienes molestaran la delicada sensibilidad del primer mandatario. El lenguaje que usaban para estigmatizar era su manera de construir imaginarios para facilitar el castigo a los disidentes, entre ellos, organizaciones indígenas, defensoras de los derechos de las mujeres y de las personas trans, es decir, los mismos que lo habían hecho elegir. Por supuesto, también los medios de comunicación y los periodistas independientes fueron amilanados, acosados y silenciados.
El señor Vinicio Alvarado hoy es asesor principal de la campaña de Gustavo Petro, como quedó claro en los videos publicados.
El periodista Ricardo Calderón reveló en Caracol el pasado abril la visita del hermano de Petro a la cárcel la Picota para encontrarse con algunos reos. La reacción de la campaña al informe de Calderón es, en una dosis mucho más moderada, el modus operandi de los asesores de Correa. La información sobre el conocimiento de la campaña de las visitas a la cárcel también es de interés público. Sirve para preguntar al candidato cuál sería su relación con la prensa que publique información que le parecerá molesta, perturbadora u ofensiva. ¿Responder y explicar? ¿O criminalizar y hostigar?
La prensa, en todos los países, es buena, regular y mala y toda tiene que ser respetada por el Estado para que la buena pueda subsistir. Y la buena (como la de Calderón) es la que más le molesta al poder. ¿Cómo van a reaccionar desde el poder a la prensa que informe lo que no quieren oír?
Otra discusión distinta es si Semana hizo bien o mal su trabajo desde el punto de vista periodístico. Evidentemente, la revista tiene una agenda política, como la tienen también otros medios y periodistas, seguramente de menor alcance, asociados al petrismo. También salta a la vista que confunde opinión e información y publica muchas veces sin contexto lo que sirve a su agenda.
Esto amerita una discusión sobre el ejercicio del periodismo. ¿Es aceptable el periodismo militante? ¿Qué tipo de advertencia debería tener la audiencia? ¿Qué transparencia se ofrece al lector? Y preguntas similares. Pero jurídicamente no hay ninguna responsabilidad legal por la publicación.
Estoy segura de que si las mismas filtraciones fueran de la campaña a Rodolfo Hernández, mucha de la gente que aparece hoy indignada estaría aplaudiendo la publicación y defendiendo la libertad de prensa. Lo anterior no significa que los medios no sean responsables en algunos casos definidos por los estándares internacionales de derechos humanos y por la jurisprudencia de la corte constitucional. Por ejemplo, si son ellos quienes interceptan o si manipulan los videos. Lo demás puede dar lugar a una dura e importante discusión sobre los principios éticos y la función del periodismo, pero el Estado no tiene nada que ver con ello.
Por eso me preocupa que en su respuesta a las publicaciones la campaña de Petro diga que su jefe quiere una democracia en la que “los medios de comunicación tengan una responsabilidad con esta [la democracia]”. ¿Qué significa esto? ¿Que sí pueden publicar filtraciones de sus opositores pero no las suyas? ¿A qué clase de responsabilidad se refiere exactamente en este contexto?
Daría mucha tranquilidad que el candidato respondiera claramente estas preguntas sujeto a los estándares internacionales de derechos humanos y libertad de expresión.
