Las inmensas movilizaciones de 2019 y 2021 expresaron el descontento social, no solo contra el gobierno de Iván Duque, sino también frente a un Estado ineficaz y corrupto, incapaz de brindar oportunidades de progreso a sus ciudadanos. Los jóvenes jugaron un papel esencial en las protestas y salieron a las calles a exigir acceso y calidad en educación superior, un modelo económico sostenible ambientalmente y la implementación integral del acuerdo de paz. Igualmente, en sus convocatorias llamaban a rechazar un sistema excluyente, plagado de privilegios de todo tipo para quienes ostentan el poder político y económico.
Al final, los motivos para protestar se resumían precisamente en esa reacción ciudadana contra los privilegios en nuestra sociedad, la búsqueda de mayor igualdad social y el sueño de un cambio. Por eso votaron los jóvenes por Petro. Hay una población indignada contra las exenciones tributarias a los más poderosos, los salarios y prerrogativas de los parlamentarios y los abusos de los funcionarios públicos. En respuesta a esa situación, la reforma tributaria plantea la eliminación de algunas exenciones y varios proyectos de reforma constitucional y de ley buscan reducir, o al menos controlar salarios y otras prebendas. Sin embargo, en materia pensional la inequidad persiste y tiene mucho que ver con el malestar social y la furia contra los partidos políticos en el poder.
El sistema pensional en el país es una feria de privilegios, que además ha impedido que tres de cada cuatro colombianos tengan acceso a su jubilación. Genera entonces una perversa desigualdad social y tremenda injusticia contra las generaciones del futuro, que financian las actuales. Los jóvenes de hoy pagarán los platos rotos de las malas decisiones públicas. Padecemos una terrible injusticia intergeneracional. Aún se preservan privilegios para quienes tienen la posibilidad de acceder a una jubilación alta. En la reforma pensional de 2005 se desmontaron algunos de ellos y se impuso un tope de 25 salarios mínimos pero no se mantuvo esa línea en los años siguientes. Cada vez que se pretendió hacer, los afectados con gran poder sabotearon los intentos. Todos sabemos qué debe hacerse en materia pensional para garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores y avanzar en el desmonte de los privilegios. El problema es que muchas veces los gobiernos prefieren no meterse en el tema para no alborotar el avispero en poderosos sectores de nuestra sociedad.
Por ello, la iniciativa incluida en la versión inicial de reforma tributaria presentada por el gobierno de gravar las pensiones altas es correcta. No solo por el recaudo, sino porque la hace más progresiva y equitativa. Mucho más liberal. Sorprende entonces que una de las banderas y líneas “rojas” del Partido Liberal contra una reforma que no toca el IVA ni la renta de asalariados de clase media y baja, haya sido la de tumbar el impuesto a las pensiones altas. Con energía digna de mejores causas embistieron contra esta idea. Y fue una equivocación del gobierno ceder a esas presiones. Es apenas justo y solidario que quienes devengan una pensión mayor a 10 millones de pesos paguen de manera progresiva sobre ese ingreso mensual y los argumentos sobre su supuesta inconstitucionalidad son muy controvertibles. Ojalá en las discusiones que faltan en las plenarias de Cámara y Senado se rescate esta idea del gobierno. Desmontar los impuestos a las pensiones altas va en contravía de la progresividad de la reforma.
Advertencia personal. Mi padre murió hace 25 años y trabajó para su pensión por más de 20 años como médico especialista y luego 20 más como congresista. Finalmente, en 1993 se jubiló sin los privilegios que ostentaban los congresistas en la época. Tenía 63 años, tiempo de sobra de servicio y las cotizaciones legales exigidas. No se inventó libros ni fue de los parlamentarios de tres meses que se pensionaron con ese sueldo final. Todos esos privilegios absurdos se eliminaron en buena hora en la reforma del 2007. Mi madre este tiempo ha recibido la pensión sustituta a la que tiene derecho. No creo realmente que pagar un impuesto mensual sobre ese monto la coloque en situación insostenible desde el punto de vista económico y con ese aporte podrá contribuir en la búsqueda de mayor igualdad social en el país. Es difícil entender la actitud de quienes se oponen con fiereza a una idea liberal, progresiva y justa. Solo se explica por la defensa de intereses particulares.
