La victoria tiene siempre consecuencias. La derrota del Pacto Histórico no será la excepción.
Ya existen muchas interpretaciones sesudas sobre lo que significan los resultados para la situación política. Sin embargo, hay un aspecto de la lectura del contenido de los resultados electorales que más bien poco se menciona: la exigencia de mayor y mejor seguridad.
Hasta hace poco el problema de la inseguridad había descendido significativamente en el ranking de las preocupaciones de los ciudadanos. Hoy las encuestas muestran que ese aspecto de la situación nacional sube nuevamente a los primeros lugares de las preocupaciones de los ciudadanos. No es para menos. Todas las manifestaciones de violencia y crimen se han disparado. El deterioro de la situación de orden público y seguridad ciudadana ya no se limita a las zonas en conflicto o a los municipios que domina las organizaciones criminales. Efectivamente la situación de orden público es hoy, otra vez, una gran angustia generalizada.
Y ese sentimiento tuvo una incontrovertible expresión en las urnas. Si estas elecciones fueron un plebiscito sobre la situación nacional, lo fueron aún más claramente sobre seguridad. Ningún mandatario local podrá desconocer que la tarea más urgente es recuperar la seguridad y la tranquilidad. Las políticas del gobierno nacional no favorecen esa labor.
El concepto de“perdón social” elaborado en la campaña por el presidente Petro fue una señal tolerante y complaciente hacia el crimen organizado. Esa filosofía se ha ido filtrando en las actitudes gubernamentales hasta el punto de que el principio fundamental de la autoridad evidentemente se ha ido desmoronando. El caso más emblemático lo representa el reiterado intento del gobierno de otorgarle alguna modalidad de amnistía a la primera línea, lo que además ha generado un choque con el poder judicial.
El ministro de Justicia puso en marcha una reforma al régimen penal que mandó fuertes señales de tolerancia al delito asociadas a la descriminalización, despenalización y la desinstitucionalización punitiva. Esas ideas han angustiado a la ciudadanía y alegrado a los delincuentes porque indican muy poca sensibilidad hacia las víctimas del delito y además efectivamente podrían incrementar los índices de criminalidad.
A esos conceptos y actitudes se les suma la ambigua política de“seguridad humana” expedida por el Ministerio de Defensa. Sin duda, un nuevo enfoque era necesario ante el desdén demostrado por la población civil y los derechos humanos durante el Gobierno Duque. Sin embargo, la falta de claridad en las pautas, el carácter retórico de los lineamientos, y la ausencia de directrices operacionales definidas generan una maraña de señales no muy apropiadas para la forma y la metodología con que operan las Fuerzas Armadas.
El resultado es que los mandos en todos los niveles, pero sobre todo en el terreno, están actuando bajo la inmensa presión de instrucciones ambiguas ante las cuales prefieren abstenerse de actuar. Esto se ha visto en la creciente frecuencia con que ocurren los hechos en los que militares y policías son puestos en estado de indefensión por “comunidades” orgánicas a las organizaciones armadas y por paramilitares populares como las “guardias indígenas” a pesar de estar armados. Y no solo es en las regiones. En Bogotá y otras ciudades a la policía le ha tocado abstenerse de defenderse de acciones violentas y de agresiones que incluso han puesto en peligro sus vidas.
A esta larga lista de obstáculos y circunstancias para que los alcaldes y gobernadores puedan llegar a cumplirles a sus electores no se puede dejar de añadir los ceses al fuego pactados por el gobierno. A modo de ejemplo, el acuerdo con el ELN establece que el Estado no podrá hacer inteligencia para prepararse para una eventual ruptura del proceso y que esa guerrilla podrá seguir secuestrando y extorsionando impunemente en campos y ciudades. ¿Cómo podrán los alcaldes y gobernadores cumplirles a sus electores en el mejoramiento de la seguridad en un contexto de permisividad de esta naturaleza? Para no hablar de los acercamientos con las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y las economías ilegales.
De todo este análisis se desprende que el sólido mandato de las urnas que recibieron los alcaldes y gobernadores, para mejorar las condiciones de seguridad ciudadana y el orden público, se estrellara inexorablemente contra las actitudes y políticas del gobierno nacional. De allí que la discusión que se debe dar entre mandatarios elegidos y gobierno central tenga que trascender el usual mendigar por pie de fuerza.
Es necesario que los nuevos mandatarios, ojalá colectivamente, inicien un diálogo con el gobierno nacional sobre los aspectos de la estrategia de la paz total y la seguridad humana, y sobre el conjunto de las políticas que han llevado al deterioro de la seguridad ciudadana y el orden público. Muy posiblemente el gobierno despreciara ese intento de concertación territorial de la seguridad con el argumento de que el responsable exclusivo del orden público es el presidente de la república. Eso no es tan así.
La Constitución establece como atribuciones y funciones de los alcaldes y gobernadores la responsabilidad de la preservación del orden público. También los mandatarios locales son constitucionalmente la primera autoridad de policía del municipio. Ojalá el gobierno Petro desee sintonizarse con la gente, responder al mandato de las urnas y mejorar la situación de orden público en todo el territorio nacional pero no al ritmo de sus caprichos e iniciativas si no de la mano de las autoridades locales. De lo contrario no solo seguirá en declive su favorabilidad si no que, lo más grave, incumplirá su sagrada obligación de proteger a los ciudadanos.
Twitter: @gabrielsilvaluj
