En junio de 2018 el candidato del Centro Democrático Iván Duque derrotó en forma clara a Gustavo Petro en la segunda vuelta presidencial, con un fuerte mensaje de oposición a Santos y al acuerdo de paz suscrito con las Farc. Pocos meses después, en febrero de 2019, el Gobierno objetó la Ley Estatutaria de la JEP. En una decisión exótica, sin precedentes, se negó a firmarla, a pesar de contar con el aval de la Corte Constitucional. En ese momento entraron a operar los “checks and balances” colombianos y las mayorías parlamentarias negaron las objeciones presidenciales, mientras la Corte Constitucional hacía respetar el contenido de su fallo. El final de la historia es conocido. Una derrota para Duque el debilitamiento de sus mayorías, distancia con el tribunal constitucional y deterioro ante la opinión pública. Meses más adelante, en las elecciones regionales el resultado no pudo ser peor para un Gobierno que apenas cumplía poco más de un año en el poder.
En octubre de 2019, las alcaldías de los principales centros urbanos del país, con excepción de Barranquilla, quedaron en manos de fuerzas alternativas, independientes, de izquierda democrática. El común denominador de esos alcaldes era su distancia con el Gobierno Duque y con la derecha. Claudia López en Bogotá, Jorge Iván Ospina en Cali, Daniel Quintero en Medellín, William Dau en Cartagena, Juan Carlos Cárdenas en Bucaramanga, Jairo Yáñez en Cúcuta, Felipe Hartman en Villavicencio, Carlos Mario Marín en Manizales y Virna Johnson en Santa Marta, se convirtieron en las alcaldesas y alcaldes de las grandes ciudades, en las que se concentra la mayoría de la población y la actividad económica del país. El Gobierno Duque y sus partidos fueron los grandes perdedores y desde ese momento, sin que actuaran como un bloque político unificado, los alcaldes elegidos se convirtieron en un contrapeso político real al poder presidencial.
La situación ahora, cuatro años después, es exactamente la contraria. Tras el triunfo claro de Petro en la segunda vuelta presidencial, en febrero de este año el Gobierno presentó su proyecto de reforma a la salud. La propuesta no cayó bien, la coalición de gobierno se desbarató y desde distintos sectores de opinión y al interior del propio ejecutivo, surgieron voces de oposición a la iniciativa. Hasta ahora los consensos sobre las reformas sociales han sido imposibles y el Gobierno perdió gobernabilidad y popularidad. Resultaron tan costosas para Petro, como en su momento fueron las objeciones para Duque. De nuevo funcionaron los equilibrios en el ordenamiento institucional. Y, al igual que hace cuatro años, el Gobierno nacional perderá en los mismos centros urbanos en los que las fuerzas alternativas ganaron hace cuatro años. En Bogotá todas las encuestas señalan a Galán como un cómodo ganador en una eventual segunda vuelta; en Cali la pelea es entre dos opciones ajenas al Pacto, Eder y Ortiz; en Medellín ganará Fico Gutiérrez con un fuerte discurso anti Petro; en Manizales Jorge Rojas es seguro ganador sin rival de peso en las fuerzas de izquierda; en Bucaramanga la disputa es entre Serpa y Beltrán, ninguno con discurso afín al Gobierno, en Cúcuta se definirá entre Acevedo y Jácome, con el candidato del Pacto muy lejos; en Cartagena puntea Dumek Turbay, con una postura independiente, y en Barranquilla no habrá sorpresas.
Si no hay cambios en las semanas que faltan, las principales ciudades del país serán gobernadas por alcaldes opositores, o en el mejor de los casos independientes del Gobierno nacional, al igual que hace cuatro años. Se pueden leer estos resultados como un castigo en las urnas al presidente de la república y al despelote y la desorganización del Pacto Histórico o, incluso, como un voto de protesta contra los alcaldes salientes porque en casi todos los casos serán elegidos sus opositores. Pero más allá de los análisis del 29 de octubre en la noche, de los tradicionales ganadores y perdedores, esos resultados confirmarán que los colombianos siempre buscan equilibrios y contrapesos, rechazan la concentración del poder. Y, además, que la fortaleza institucional del país asegura, más allá del Gobierno de turno, que el país funcione y avance. El Congreso, la Justicia, las autoridades territoriales y el propio Banco de la República actuaron hace cuatro años como un balance al gobierno de derecha de Duque. Ahora cumplen el mismo papel frente al gobierno de izquierda de Petro. Esa es, sin duda, una buena noticia para nuestro sistema democrático, que debe ser leída con la mayor atención, sensatez y desapasionamiento por los actores económicos nacionales e internacionales. En Colombia, a pesar de los líos que tenemos, las instituciones funcionan y garantizan estabilidad.
