Las democracias necesitan reformarse en forma permanente. En las últimas décadas Colombia avanzó de manera significativa en varios frentes, pero en algunos otros no fuimos capaces de construir los consensos necesarios para profundizar el ritmo de las reformas. Buenos ejemplos tenemos, a partir de la Constitución del 91, en temas como la regulación en la prestación de los servicios públicos, la independencia y autonomía de la autoridad monetaria, la infraestructura portuaria, la acción de tutela y el reconocimiento y reparación a las víctimas del conflicto armado, entre otros.
En otros sectores las noticias no son buenas. Hay parálisis en educación superior, reforma rural integral, pensiones y en el campo laboral, por mencionar solo algunos. En materia de salud, el debate es agudo y complejo entre aquellos que piensan que el sistema construido por la Ley 100 es un desastre y quienes, en el otro lado, consideramos que en los últimos 30 años mejoró en forma sustancial la atención y acceso de los ciudadanos a ese servicio, sin desconocer que aún padecemos serias deficiencias y desigualdades que se deben corregir. Mención aparte merece la incapacidad del Congreso para asumir con seriedad reformas de fondo al sistema político y al ordenamiento territorial.
El presidente Petro, elegido con la ilusión del cambio por más de 11 millones de compatriotas, demuestra hoy un ímpetu reformista que hay que aplaudir. Sin duda, hacía falta un Gobierno con la determinación política de abrir discusiones que parecían vedadas en estos últimos años, en los que se impuso el statu quo. Durante décadas se aplazó una reforma a fondo del sistema pensional, que hoy solo garantiza la pensión a uno de cada cuatro colombianos en edad de jubilación. O una reforma laboral que restablezca los derechos de los trabajadores al pago justo de sus horas extras, recargos nocturnos y dominicales, que fueron conculcados desde 2003 por el Gobierno de Uribe. O la urgencia de impulsar la reforma agraria frustrada en el último siglo. En buena hora el presidente tomó el toro por los cachos y provocó un gran debate público sobre estos temas. Incluso faltan otros planteados en campaña y que aún no se asumen, como el de la necesidad de un nuevo ordenamiento territorial que avance en la construcción de un estado más descentralizado. En el fondo de la indignación social se encuentra la ineficacia y voracidad de un Estado central que concentra todos los poderes y recursos.
Somos hoy una sociedad madura para adelantar esa deliberación democrática sobre las reformas en el Congreso y en las calles. Es conveniente, entonces, que temas aplazados por décadas se abran al debate público. Es cierto que se han presentado en forma desordenada y caótica, que aún no conocemos textos definitivos, que hay contradicciones al interior del Gobierno, que la actitud de la ministra de Salud es equivocada y que las mayorías en el Congreso expresan temores y preocupaciones. Son todas criticas válidas y justificadas, pero insuficientes para frenar el objetivo de impulsar la agenda reformista. Es fundamental ahora que el Gobierno ordene la presentación y discusión de las reformas, que imponga método y rigor en sus debates al interior del gabinete y con las fuerzas políticas del Congreso y que su convocatoria a la ciudadanía a las calles se utilice para hacer pedagogía ciudadana y no para enardecer a sus bases con consignas incendiarias.
Preparémonos entonces para un semestre intenso y demostremos que somos capaces de abordar esos debates sin borrar lo construido. El país no es el desastre que pregonan los petristas radicales, que se estrenan en el poder por estos meses, ni el paraíso que sectores retardatarios y privilegiados pretenden hacernos creer, en el que no hay nada por cambiar. Hay mucho por mejorar y debemos lograrlo en democracia. Las reformas anunciadas por el Gobierno son necesarias. No todas se podrán hacer al tiempo y tampoco serán aprobadas por el Congreso como espera el Gobierno. Si salen bien, avanzaremos en un país más justo y equitativo. Con sentido práctico, sin exacerbar ideologías y sin complejo de Adán, es clave encontrar consensos. Se vienen meses apasionantes, y es lógico que el cambio genere miedos e incertidumbre. Siempre ha sido así a lo largo de la historia. Los colombianos que querían cambio en las recientes elecciones se decidieron por el cambio emocionante de Gustavo Petro y descartaron, por “aburrido”, el que propuso Fajardo. Si es por emociones, no nos podemos quejar del Gobierno.
