Cada día son más las voces que piden derrotar el centralismo que asfixia el desarrollo de las regiones e impide la consolidación de la paz. Colombia pasó del centralismo político y la descentralización administrativa de Núñez y su Constitución de 1886, al centralismo administrativo y la descentralización política de la Carta de 1991. En los últimos 33 años la recentralización es innegable, especialmente desde que se aprobaron los actos legislativos de 2001 y 2007, que modificaron los artículos 357 y 358 de la Constitución y la fórmula para calcular las transferencias de los ingresos corrientes de la nación a departamentos y municipios, que significó un recorte de más de 300 billones de pesos en los recursos de las entidades territoriales en los últimos 20 años. En estas dos décadas el crecimiento de la burocracia central ha sido desmesurado, mientras departamentos y municipios pierden recursos, competencias y funciones.
Es claro, entonces, que más allá de reformas a la política, la justicia, la salud o las pensiones, es urgente asumir con seriedad la búsqueda de consensos alrededor del reparto del poder y los recursos entre el estado central y las regiones. Un grupo de senadores encabezados por la bancada del partido En Marcha presentó en julio del año pasado un proyecto de Acto Legislativo concreto y sencillo, que busca regresar al espíritu y la letra de la Constitución del 91, desvirtuados con las reformas constitucionales mencionadas. Con su aprobación, los departamentos y municipios pasarían en los próximos diez años de recibir el 22 por ciento de los ingresos corrientes de la nación de hoy, al 46,5 por ciento contemplado originalmente en el 91. También se trasladarían, con recursos suficientes, muchas de las funciones y competencias que tiene el gobierno nacional y que no cumple en forma satisfactoria.
Sumado a esta iniciativa, en los últimos meses la Federación de Departamentos y la academia organizaron foros a propósito de los 160 años de la Constitución Federal de Rionegro; el presidente del Congreso impulsa debates sobre la necesidad de cambiar el actual régimen territorial; el gobernador de Antioquia plantea dejar en las regiones el recaudo del impuesto de renta y se escuchan voces de analistas y columnistas que proponen avanzar hacia un estado de autonomías al estilo español, o incluso un estado federal.
Además, hay que señalar que algunas decisiones y actitudes del Gobierno Petro y el exacerbado presidencialismo colombiano, refuerzan las tesis de quienes propugnamos por una verdadera autonomía territorial. La equivocada política de hace unos meses de dividir alcaldes y gobernadores entre amigos y contradictores del gobierno; la revocatoria de la delegación de autoridad minera a Antioquia y el reciente “oso” de los juegos panamericanos, han profundizado el clima adverso al centralismo en distintas regiones. Son episodios coyunturales que contribuyen a alimentar el malestar acumulado por años. Desde la Constitución del 91 hemos visto un Estado central voraz, con jefes de Estado más centralistas que sus antecesores y ministros de Hacienda acostumbrados a manejar en forma exclusiva la chequera desde su despacho, sometiendo a alcaldes y gobernadores a la condición de mendigos de los tecnócratas.
Colombia sólo se desarrollará armónicamente como nación cuando logre un equilibrio regional. La reciente tragedia del Chocó confirma que el centralismo condena a las regiones más atrasadas al abandono y el olvido. Incluso el desafío de consolidar la paz en los territorios, con la inversión en los 170 municipios PDETS, se estrella contra el desconocimiento y la corrupción de los funcionarios que manejan los recursos desde los entes nacionales. Basta recordar el medio billón de pesos perdidos en el anterior gobierno. Un país del tamaño y la población del nuestro no se puede gobernar bajo un esquema centralista del poder. En el mundo entero solo Colombia y Francia mantienen ese sistema. Los demás tienen distintas formas de autonomía territorial, que llegan hasta el federalismo puro y duro de Estados Unidos o Alemania.
Lo único cierto es que la organización territorial que hoy tenemos no funciona y es incapaz de resolver los problemas de la gente. Es el momento, más allá de consideraciones políticas o ideológicas, de repensar en serio y a fondo la distribución del poder y la plata. Se trata sin duda de una transformación radical de la estructura del Estado, que se tomará un tiempo largo. Mientras tanto, de manera concreta, se podría aprovechar el clima favorable que se respira para construir un primer consenso alrededor del fortalecimiento de los fiscos territoriales. La sola aprobación del acto legislativo que modifica el SGP, que garantiza la aplicación de la Constitución del 91 incumplida en los últimos 22 años, sería una revolución en el país.
