Hace cinco años, transcurridos pocos meses del mandato de Iván Duque, quien fue elegido con la promesa de hacer trizas el acuerdo de paz con las Farc, un amplio grupo de colombianos de distintos orígenes políticos, regionales y sociales, nos unimos alrededor de la plataforma ciudadana Defendamos La Paz, con el único propósito de exigir del Estado y los excombatientes de la guerrilla el cumplimiento de lo pactado en 2016. En esos mismos días el Gobierno nacional debía sancionar la Ley Estatutaria de la JEP, que había sido revisada previamente por la Corte Constitucional. La decisión de Duque, sin antecedentes, fue desacatar la sentencia del Alto Tribunal, negarse a sancionar la ley e inventar unas objeciones inéditas e inconstitucionales que envió al Congreso, con el evidente propósito de torpedear el funcionamiento del sistema de justicia transicional y el propio acuerdo de paz y su implementación.
Mucha agua ha pasado debajo del puente desde ese momento. Meses después, el 26 de julio de 2019,impulsamos con muchos otros sectores de la sociedad una multitudinaria marcha de protesta por los asesinatos de líderes sociales y excombatientes, y exigimos del Gobierno de entonces que adoptara medidas urgentes y eficaces para proteger su vida e integridad. Lamentablemente, cinco años después, las masacres y asesinatos no paran y, mas allá de quién se encuentre al frente del Gobierno, es nuestra obligación persistir en el rechazo a estos crímenes y exigir a las autoridades garantías a la vida de los firmantes de paz y líderes en los territorios. Con mayor razón ahora que es evidente que los mayores responsables de esta violencia son las disidencias de las Farc y el propio ELN, que se encuentran sentados en unas mesas de negociaciones con voceros del Estado. Ese es un hecho incontrovertible y el Gobierno está en la obligación de exigir a estos grupos que detengan sus ataques contra quienes se desmovilizaron, se desarmaron y cumplieron sus compromisos con la sociedad. El costo de ese comportamiento no puede ser su propia vida y la de su familia.
Por eso, desde Defendamos La Paz, junto con otras organizaciones sociales, convocamos para el próximo martes 20 de febrero a las 5 p.m. a un duelo colectivo en la Plaza de Bolívar, con el fin de honrar la vida de 1.614 líderes sociales y 413 excombatientes de las Farc asesinados. Para acompañar a sus familias en el dolor de la pérdida, simplemente porque lucharon en sus territorios por sus comunidades y soñaron con la reconciliación. Para rechazar los asesinatos y exigir que se detengan de una vez por todas. Es una convocatoria amplia, abierta, plural, sin colores políticos, en defensa de la paz y el derecho a la vida. No podemos seguir presenciando indolentes la forma como los armados ilegales asesinan a hombres y mujeres que desde distintos escenarios trabajan por su gente. El miedo, la zozobra, el temor colectivo ha regresado a muchas zonas que habían recuperado tranquilidad y hoy viven nuevamente la tragedia del confinamiento, del desplazamiento forzado. Mas allá de endilgar responsabilidades a este gobierno, que en forma equivocada suprimió la figura del consejero presidencial del posconflicto, o al anterior que metió al congelador la implementación del acuerdo de paz, la marcha busca que la sociedad despierte de un largo letargo en el que contempla entre impotente e indiferente las masacres y asesinatos que se han convertido en parte del paisaje nacional, como si los colombianos estuviéramos condenados y no pudiéramos hacer nada para evitar el sino trágico de la muerte violenta.
Hoy cuando los debates de los grandes medios en Bogotá se concentran en la elección de la próxima fiscal, en la necesidad de respetar la independencia de los poderes, en las sanciones disciplinarias al canciller o en la interpretación de la JEP de la forma como se debe investigar y sancionar a los comparecientes en la jurisdicción, queremos llamar la atención para recordar que el principal compromiso de un Estado con sus ciudadanos es garantizar la vida. No lo estamos cumpliendo y es responsabilidad de todos. De quienes hoy están en el Gobierno y ayer como oposición a Duque exigían un compromiso más contundente con la seguridad de líderes y firmantes. De quienes hace unos años pusieron trabas a la implementación y miraron hacia otra parte cuando se asesinaba a compatriotas indefensos. También de quienes participamos en la construcción del acuerdo con las Farc, con la esperanza de alcanzar en forma definitiva una paz que no llega. Salgamos el 20 de febrero a las 5 p.m. a participar en una ceremonia de duelo colectivo que nos una a todos, no solo por las víctimas, sino por toda Colombia.
