No son muchos los espacios disponibles para el diálogo entre autoridades, congresistas, analistas, funcionarios y opinadores. La ausencia de esos espacios quizás explica la desconfianza mutua que hoy caracteriza la interlocución colectiva. De allí que es de celebrar la iniciativa de Caracol Radio, El País, W Radio y Prisa de precisamente reunir a un grupo heterogéneo y diverso de estos personajes que de manera privada presentaron sus ideas, preocupaciones y análisis sobre los desafíos que actualmente enfrenta la democracia. Aprovechando que tuve el privilegio de poder oír a los invitados y sembrar algunas ideas sobre los temas discutidos, quiero recoger aquí algunas de las principales tesis que expusimos en ese encuentro.
Elecciones, Instituciones y Violencia
La principal amenaza a las elecciones, paradójicamente, es la paz total y en particular el cese al fuego con el ELN. Uno se imaginaría que el disminuir las acciones armadas y de combate, en el contexto de lo acordado, la libertad de los ciudadanos para escoger y elegir a los dirigentes locales y regionales sería respetada. Está ocurriendo exactamente todo lo contrario. Las autoridades y observadores electorales manifiestan que en las zonas en que está operando el cese al fuego o en las que ocurren negociaciones, hay fenómenos generalizados de constreñimiento a los electores y candidatos. A esto se le suman las más de cincuenta masacres ocurridas este semestre y el asesinato de más de trescientos líderes políticos y sociales que no comulgan con las intenciones políticas del grupo armado que predomina en el área.
La ambigüedad del acuerdo del cese al fuego sobre el respeto a las elecciones y la ausencia de compromisos explícitos del ELN sobre la materia se han traducido en que solo los candidatos controlados o afectos a esta organización criminal puedan hacer campaña. Los ciudadanos están siendo empadronados para ejercer una vigilancia sobre su comportamiento. En las zonas donde operan grupos criminales las autoridades administrativas y electorales están amedrentadas. Muchos alcaldes no pueden ir a sus municipios a responder por el proceso electoral. Ha surgido una modalidad de extorsión electoral mediante la cual los candidatos deben pagar para poder hacer campaña en la jurisdicción por la cual pretenden salir elegidos. No es de descartar que en el 30 por ciento del territorio nacional el resultado electoral no lo determine el querer popular sino la voluntad de los comandantes y los narcogamonales.
Acuerdo Nacional
La propuesta que lanzara el presidente Petro el 20 de julio de hacer un acuerdo para “devolverle la dignidad al pueblo” ha sido muy bien recibida en la mayoría de los sectores y hay importantes contribuciones de analistas de gran calibre sobre los aspectos que debería incluir el tan cacareado compromiso nacional. Nuestra perspectiva es un poco diferente. Antes de entrar en el proceso de desgastarnos en cuáles serían los asuntos sobre los que se van a generar consensos, es necesario identificar y remover los obstáculos al entendimiento que generan la actitud política del presidente y de su gobierno. Mejor dicho, miremos qué cosas tiene que cambiar Petro si quiere que los que no son afectos al Pacto Histórico se le midan a sentarse a la mesa.
El Gobierno, para que sea posible un acuerdo, tiene que dejar su testarudez ideológica que pone los tuits y los dogmas del presidente por encima de la evidencia, del análisis técnico e incluso por encima de las propias preferencias populares. Discutir obtusamente las políticas públicas exclusivamente desde "el petrismo", que es casi una religión para el Pacto Histórico, hace imposible encontrar puntos de convergencia y de consenso. Mientras la Casa de Nariño y sus áulicos sigan calificando de enemigos de la paz, del cambio, del progreso, de la niñez… a todo el que disienta total o parcialmente de sus iniciativas, será imposible convocar a un acuerdo nacional.
Mientras el Gobierno considere los ajustes o cambios a sus propuestas de reforma como derrotas, no será posible construir acuerdos. Hay que señalar que el Gobierno tendrá que hacer un gran esfuerzo para convencer al país que la propuesta de acuerdo no es más que un gesto táctico originado en el deterioro de su gobernabilidad, producto de los escándalos y de la disolución de su coalición parlamentaria. Esta no es la primera vez que Petro propone un “acuerdo nacional”, idea que se esfuma si las condiciones políticas lo favorecen. Finalmente, el presidente deber dejar de amenazar con la calle o con sus milicias si quiere que el país le crea que se está de buena fe en la búsqueda de consensos.
Los empresarios y la democracia
El Gobierno ha creado una ficción de que los empresarios son un puñado de potentados perversos enemigos del cambio. El presidente demuestra una permanente suspicacia y desconfianza sobre el papel de la iniciativa privada. Desconoce que la inmensa mayoría de las 25.000 empresas formales más grandes son medianas y pequeñas, y que el sector agrícola en buena parte está liderado por un campesinado empresario. Esa actitud presidencial va en contravía de la misma opinión pública. El 56 por ciento de los colombianos, según la última encuesta de Invamer, tiene una opinión favorable de los empresarios. En contraste, el presidente tiene una favorabilidad del 33 por ciento. Los colombianos no comparten el desprecio gubernamental por la economía de mercado. De hecho, el 70 por ciento ve con buenos ojos la firma de más acuerdos de libre comercio y un porcentaje por encima del 60 por ciento quisiera ver más multinacionales e inversión extranjera ingresando al país. Y basta con leer los pronunciamientos gremiales para darse cuenta de que si el Gobierno dejara de estigmatizar al sector privado, tendría a su lado un aliado muy potente en el empresariado para implementar sus ideas de transformación social.
