A cinco días de las elecciones territoriales, nadie duda que los resultados serán negativos para el Gobierno nacional y el Pacto Histórico. La discusión gira alrededor de las causas de la derrota y, especialmente, la reacción del Gobierno al nuevo mapa de poder regional a partir del próximo lunes 30. Los contradictores de Petro, cada vez más numerosos y radicales, atribuirán la derrota del Pacto únicamente al castigo de los colombianos a la mala gestión de gobierno. La realidad es que, a la decepción de muchos votantes, hay que agregar la pésima gestión política de la coalición del Pacto Histórico. Nunca promovieron liderazgos regionales y no definieron mecanismos de selección que garantizaran unidad e idoneidad en las candidaturas. Sin organización territorial, carentes de líderes que asumieran candidaturas fuertes y con una desgaste innegable del gobierno, no tenían forma de salir bien librados.
La gran pregunta que se hacen ahora dirigentes políticos, gremios empresariales y analistas de medios de comunicación, es cuál será la reacción del Gobierno a los adversos resultados electorales. No cabe duda de que al frente de las principales gobernaciones y alcaldías del país estarán a partir del 1 de enero opositores radicales, o, en el mejor de los casos, dirigentes distantes que han hecho la campaña con un discurso fuerte contra Petro. Cambiará en forma importante el mapa de poder. Será interesante entonces ver la forma en que trabajarán y coexistirán mandatarios regionales de centro y derecha con el primer gobierno de izquierda democrática en el país. Muchos de los votantes de Petro en la segunda vuelta, acompañarán el domingo a los candidatos independientes o de oposición al mismo gobierno que eligieron hace poco. Se demuestra, además, que en Colombia las elecciones regionales son bien distintas a las nacionales.
Los caminos entonces para Petro son tres y con seguridad aún no tiene una decisión tomada. Radicaliza su discurso con las reformas sociales y cierra la puerta a una moderación de las mismas, o convoca en forma organizada el acuerdo nacional del que ha hablado, o persiste en su actual estrategia que es la negociación política al menudeo en el Congreso, para salvar parte de su agenda legislativa. El primer camino sería fatal para el gobierno y el país. Un suicidio político. Aún faltan casi tres años de mandato y es difícil plantear una pelea abierta con sus contradictores, sin posibilidades de concertación con sectores independientes y de oposición, no solo en el Congreso sino fuera de él. Un gobierno sin popularidad ni gobernabilidad no conviene a Colombia, más allá de que algunos prematuros aspirantes presidenciales se froten las manos con una eventual debacle.
El camino del acuerdo nacional es el indicado, sin pretender abarcar todos los problemas nacionales, y según parece, el jefe de Estado ya ha dado algunos pasos en esa dirección. Un acuerdo de mínimos en torno a las reformas sociales, la paz total y la urgente y necesaria reforma del sistema político, enviaría un mensaje de estabilidad institucional en momentos de incertidumbre. Para ello se requiere que la oposición de derecha abandone su idea de arrinconar al gobierno y apostar a su fracaso, y que el propio gobierno comprenda que tiene que ceder en algunas de sus posiciones frente a las reformas de salud, pensional y laboral y las conversaciones de paz con los grupos armados ilegales. Si Petro con humildad, sensatez y pragmatismo abre las puertas a ese acuerdo nacional, será difícil para los radicales negarse al diálogo. La tercera opción, la más probable hoy, no es la mejor. La inercia puede llevar a la decisión de hacer un intento en el Congreso por salvar algunas de las reformas con votos al detal, como se hace hoy en la Cámara. Ese es un camino lleno de piedras y de trampas que puede conducir a un desgaste mayor del gobierno, que caerá preso del chantaje y la extorsión burocrática y contractual de unos cuantos vivos en cada partido.
Hagan entonces sus apuestas señores. Nadie tiene la bola de cristal para predecir las decisiones de un jefe de Estado que se sale de los moldes tradicionales y sorprende. En cualquier caso, el balance de poder cambiará el próximo domingo y las nuevas realidades políticas implicarán un desafío a la clase dirigente para demostrar que es posible encontrar consensos y estabilidad en medio de las profundas diferencias. Como siempre sucede en Colombia, con un régimen centralista y presidencialista exacerbado, el jefe de Estado tiene la palabra, define el campo de juego y la nómina del partido. No se trata de anuncios espectaculares de cambios de gabinete, sino de un nuevo tono en el discurso y moderación en la definición de las políticas públicas. Ojalá la sensatez y la madurez se impongan.
