No faltan los análisis sobre lo que pasará el próximo 29 de octubre. La inquietud principal gira en torno a quiénes serán los elegidos para las principales alcaldías y gobernaciones. Las encuestas abundan. Sin embargo, esos ejercicios analíticos y predictivos no nos dicen mucho sobre el día después, el día en que ya se conocerán los resultados.
En toda democracia una elección de alcance nacional así sea para elegir a una de las cámaras legislativas o a las autoridades locales, tiene consecuencias. Por ejemplo, en Estados Unidos, el resultado de las elecciones al Congreso en mitad de periodo presidencial incide de manera decisiva en el margen de maniobra del presidente y en la agenda de la Casa Blanca. En España las elecciones autonómicas y municipales se leen como una señal clara sobre lo que opinan los ciudadanos acerca del gobierno central. Colombia no es la excepción.
Todas las elecciones son importantes, pero hay unas más importantes que otras. Aunque siempre es relevante la definición de la conformación del legislativo y del ejecutivo a nivel municipal y departamental, en esta ocasión dicha conformación tendrá un trascendental impacto sobre el futuro político del país.
El propio presidente Petro se ha encargado de convertir estas elecciones en un plebiscito a favor o en contra de las políticas de su gobierno. Con una nunca vista intervención directa del primer mandatario en la campaña en Bogotá y en otros lugares de la geografía nacional, el propio Petro se ha echado a cuestas el resultado. Sabe que finalmente todas las elecciones son, de una manera u otra, un corte de cuentas.
Las encuestas y los analistas sugieren que los candidatos del partido de gobierno van a sufrir una inapelable derrota electoral. El Partido Conservador, el liberalismo, el Partido Verde y La U van a recibir de sus electores un mandato fresco que no pueden desconocer. La ciudadanía está exigiéndoles a esas colectividades partidistas que dejen de apoyar en el legislativo a un gobierno ineficaz, caótico e incapaz de resolver los problemas. También es una señal clara de rechazo a las reformas propuestas por el ejecutivo. El día después, los parlamentarios deben poner el oído en tierra y sentir la indignación que despierta su apoyo al gobierno en el legislativo.
La pregunta siguiente es ¿qué va a hacer el presidente el día después, ante una derrota contundente como la que se espera? Petro tiene una oportunidad de oro para reconstituir su gobierno. Sería lo coherente. Muchas veces el mandatario ha usado el apoyo popular que recibió en las elecciones presidenciales para justificar todo lo que hace. Por eso mismo ahora no podrá negar que el pueblo se ha pronunciado. El lunes entrante habrá otro mandato. El llamado de los electores es para que corrija el rumbo y para que de manera sincera convoque a un acuerdo nacional.
Desafortunadamente, hay una altísima probabilidad de que esto no vaya a ocurrir. Mucho me temo que, coincidiendo con su estilo, apele a la negación como primera reacción. No nos sorprendamos de que Petro, a pesar de ser el responsable constitucional de la integridad del proceso electoral, diga que las elecciones son ilegítimas, penetradas por los dineros de los clanes políticos, los recursos del establecimiento, la corrupción, y que eso explica por qué no va a aceptar las consecuencias políticas del resultado.
En vez de un sensato llamado a la concordia, podríamos estar ante un escenario de radicalización del presidente y de su gobierno por la derrota. En este caso, tratará de sustituir la legitimidad de las urnas por un desgastado“apelo al pueblo” para que se exprese de manera manipulada en la plaza pública. No le va a ir muy bien, la gente ya no come cuento. El riesgo es que las marchas se transformen en desfiles militares de los milicianos y guardias que tanto ha consentido y empoderado. No es descartable que se trate de preservar mediante el conflicto, el caos y la violencia la gobernabilidad perdida.
El domingo entrante el país se pronunciará contundentemente contra el agudo deterioro de la seguridad. El día después, los futuros gobernadores y alcaldes tendrán que asumir la responsabilidad que les asigna la Constitución Política de velar por el orden público y la tranquilidad de los ciudadanos en su jurisdicción. Tendrán los mandatarios locales y departamentales que encontrar nuevas fórmulas para superar la brecha entre la obligación que les genera la Constitución y la escasa autoridad que hoy se les concede sobre la fuerza pública.
El día después estarán celebrando las organizaciones criminales que firmaron cese al fuego con el gobierno. Los negociadores no les exigieron a tiempo a esos grupos el respeto al proceso electoral y de hecho han actuado impunemente interviniendo, asesinando e intimidando a líderes y electores. Estarán celebrando que han dado un paso más en la consolidación de su poder territorial al haber determinado, mediante la violencia, quiénes son y qué pueden hacer las autoridades elegidas en sus territorios. Y lo peor, eso no será tan malo para la Casa de Nariño porque lo considerará un gran avance para la paz total.
Twitter: @gabrielsilvaluj
