Mario Montoya ―para otros con el inmerecido honor de “general”― se convirtió en el nuevo “patrón del mal”. Su nombre es transversal a casi todos los macrocasos de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Él mismo podría constituir un macrocaso. Desde el primer compareciente que rompió el silencio, todos los índices lo apuntan: “Por su gran culpa”.
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El Auto del Caso 03, Subcaso Antioquia - 062 de la JEP, que imputa a Montoya y a otros ocho militares por la desaparición forzada y el asesinato de 130 personas ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, es simbólico no solo por su publicación en el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, sino por la aparente “soledad” de Montoya. Por el coro polifónico de ausentes.
Con el conocimiento con el que contamos hoy, la obediencia en el Ejército colombiano no resiste el análisis de los testimonios de Eichmann en Jerusalén: matar civiles desarmados a cambio de un arroz con pollo excede cualquier consideración de la “banalidad del mal” de Hanna Arendt. De ahí que muchos piensen que para resolver la duda de “¿quién dio la orden?”, bastaría con “mirar hacia arriba”…
Este Auto abarca un período de tiempo: 2002 y 2003. Un origen: la IV Brigada. Un lugar: el oriente antioqueño. Evidencia que los “máximos responsables” lo fueron porque pudieron.
Solo alude a dos exministros de Defensa, del gobierno de Andrés Pastrana, como contexto político: Rodrigo Lloreda y Fernando Tapias (ministro encargado). No menciona a Juan Manuel Santos, quien a la sazón no ocupaba el cargo. Pero ¿y los de la seguridad democrática en 2002 y 2003? Si Marta Lucía Ramírez y Jorge Alberto Uribe no son responsables ni por acción ni por omisión, ¿para qué sirve un ministro de Defensa? ¿Son intocables como los expresidentes?
Una fuente reservada de la JEP expone una consideración jurídica al respecto: “Ahí pesa mucho que sea el mismo Ministerio de Defensa [de Juan Manuel Santos] el que ‘destapó la olla’ e inició las investigaciones”.
Las 531 páginas del Auto mencionan treinta y tres veces al expresidente Álvaro Uribe, veintiuna de ellas en notas a pie de página. Sobre la posible intervención de la Corte Penal Internacional (CPI), la magistrada que firma el Auto, Catalina Díaz, dijo que, con el reciente voto de confianza de la CPI a la JEP, les correspondería a las “otras instituciones de Justicia de Colombia” investigar expresidentes (gran titular para “¡Quac! El Noticiero”).
“Si Antioquia no hace paz, no habrá nunca paz en Colombia”, sentenció el ex presidente de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, Francisco de Roux. Como un presagio, el abogado Jesús María Valle advirtió en 1997: “Yo escuchaba decir que el meridiano de la cultura y la política pasaban por Antioquia. Hoy puedo decir que el meridiano de la violencia pasa por Antioquia”.
Al “mirar hacia arriba”, se observa que en Antioquia la violencia evoluciona y se adapta protegida por la imbricación de la cultura ―el sistema de valores conocido como “orgullo paisa”: orden, dios, patria, familia…― y la política.
Pero una cosa es Antioquia y otra, más profunda, el oriente antioqueño. Esta subregión, una de las nueve del departamento, no es ni “apartada” ni “olvidada” por el Estado.
Entre sus veintitrés municipios está Rionegro, cuna de la Constitución de 1863, promulgada por liberales, y refugio de las élites más conservadoras: “Para conservadores los liberales de Rionegro”, como decía el padre Lázaro Montes. Conocido por su aeropuerto internacional José María Córdova, Rionegro es uno de los lugares predilectos de los paisas para “temperar”. Llamado “el segundo piso de Medellín”, desde finales del siglo pasado es un polo de desarrollo residencial y económico, no solo por la belleza de sus montañas y su cercanía al Valle de Aburrá, sino por la laxitud que ha acompañado su explosión urbanística. Municipios como El Retiro y La Ceja comparten ese sino trágico.
Entre sus ilustres vecinos está el expresidente Uribe. Su exalcalde, del Centro Democrático, Julián Rendón, hoy aspira a la Gobernación de Antioquia.
No es casual que este “bautismo de sangre” ocurriera en Antioquia ni que el oriente fuera su laboratorio de pacificación a la brava. Montoya encontró allí un ecosistema propicio. Se les “volteó el Cristo” a quienes consideraban que “el general Mario Montoya está solo” (expresión popular paisa de admiración).
Antioquia reina en el universo provisional del caso 03: de las 6402 víctimas identificadas entre 2002 y 2008, 1613 (25,19 %) ocurrieron en este departamento. 501 corresponden al oriente antioqueño. A la JEP le corresponde, con urgencia, ordenar medidas cautelares sobre los cementerios de la subregión.
Este año, la Mesa de Derechos Humanos del oriente antioqueño se ha alertado sobre la paramilitarización de las bandas criminales como condición natural que se infiltra desde sectores militares, policiales, políticos y económicos que “se han tomado conscientemente el Estado para cooptarlo”: “Pasamos a la actitud negacionista que acompañó a la institucionalidad del Oriente antioqueño, reiterando que ‘Aquí no pasa nada’, mientras los asesinatos se suceden a los 23 municipios del Oriente”.
(Faltan datos de otros municipios; en Antioquia, quedan casos emblemáticos en Ituango: masacre de El Aro; y Medellín: Operación Orión, Comuna 13).
Me pregunto por el silencio polifónico que se congregará hoy en las “mangas” del Club Llanogrande, las mismas que recorría la socióloga ―y profeta― María Teresa Uribe de Hincapié mientras rumiaba los discursos de la “crema y nata paisa”. O en las bibliotecas de roble tallado, en fincas de cacaos, que sirven de tumba al comentario de John Locke (sobre Leviatán de Thomas Hobbes): “Resultaría insensato pensar que uno puede protegerse de las zorras y las mofetas refugiándose en la jaula del león”.
