El presidente y las personas más destacadas del Pacto Histórico no proponen un programa formalmente socialista, pero sí uno hostil con las instituciones e ideas donde el capitalismo ha encontrado el terreno más fertil para ofrecer toda su potencia. Si nos conformamos con la vulgar discusión de etiquetas, donde solo tiene permiso la lógica de blanco-negro y la de todo o nada, tendremos que decir que Colombia es y seguirá siendo capitalista y que el Gobierno no tiene otros planes. Que cualquier alarma es “propaganda ultraderechista”.
Pero entre ser la URSS y Liberland hay en el medio un mar de grises y posibilidades institucionales, y es en ese espacio donde se mueven el 99 por ciento de los países. La Constitución seguirá diciendo que respeta la propiedad privada y no vendrán leyes que deslegitimen las ganancias empresariales, pero sí se pretende desterrar a la actividad privada de muchos sectores fundamentales de la economía.
En unos casos creando por coacción monopolios estatales y en otros diseñando unas condiciones jurídicas y tributarias muy hostiles para que las inversiones prosperen, como es el caso del sector petrolero y minero, que quedaron después de la tributaria de Ocampo con tasas efectivas de tributación encima del 80 por ciento. Niveles confiscatorios y que son señales nítidas de que dicha actividad no es bienvenida en un país.
No habrá órdenes de expropiaciones arbitrarias en cadena nacional, pero sí un discurso oficial enemigo de la acumulación de capital y del lucro en varias actividades. Un discurso que señala y condena moralmente a quienes tienen proyectos empresariales en la salud, pensiones y sector financiero, por ejemplo, porque considera que la rentabilidad privada es incompatible con la mayor cobertura de derechos. Como lo pensaron los esenios y se escribió en varias encíclicas papales, este Gobierno viene a señalar un camino de condena al lucro como motor de vida. Es un terreno prohibido y pecaminoso.
El progreso, nos dicen, no podrá jamás ser producto de la descentralizada cooperación entre personas y empresas, sino solo a través de una sabia y altruista élite burocrática que tiene más claro que nadie cuáles y cómo deben ser las actividades que deben prosperar y cuáles se deben ahorcar. El presidente señala el camino y elige los ganadores según sus estándares morales. La línea que bajan las cabezas importantes la va a perseguir la base del movimiento. Será el norte.
Por eso, si hay personas muy importantes del Gobierno, como los ministros de Educación y Minas, de formación y origen marxista y convencidos de que Fidel Castro y Hugo Chávez son espejos donde Colombia debe mirarse, pues será lógico ver políticas adversas a una economía de mercado libre y vibrante. Esa lógica dicotómica con el empresario y la riqueza, que solo ve conflicto y un tipo posible de ganadores en las relaciones con el trabajador se impone en el Gobierno, frente a aquella que busca regular y terciar razonablemente. “Domar el capitalismo”, dicen algunos.
Pero el lucro no es pecado. La competencia por ganarse el favor de los consumidores ofreciendo la mejor mercancía a un mejor precio es un generador de oportunidades inigualable. Hay que insistir en decir que buscar y amasar un gran patrimonio no es un proyecto de vida inmoral y habrá que insistir en ello con la boca grande y sin ningún tono vergonzante, incluso si es ofreciendo servicios de salud y educación.
