Son más bien pocos los que se atreven a decir que el país va bien. Descontando las bodegas, los burócratas y los fanáticos del petrismo, no son muchos los ciudadanos que puedan afirmar que su situación familiar o personal ha mejorado desde la llegada del presidente Petro a la Casa de Nariño. Esta no es una afirmación malintencionada que pretenda avalar las críticas, muchas veces desorbitadas e injustas, de la oposición. Es el reflejo de una realidad que en su fuero interno el mismo primer mandatario y sus amigos cercanos saben que no pueden evadir.
El acelerado desvanecimiento de la esperanza popular generada por la llegada del primer gobierno de izquierda al poder ha llenado de ira y frustración a Petro y a su equipo. A la ausencia de resultados se le suman las circunstancias que hoy alimentan los cuestionamientos éticos de su campaña. Además, la reiterada e injustificada impuntualidad en el manejo de su agenda personal ha causado inmensos traumatismos en el desarrollo de sus políticas y daños severos a su reputación y la del país.
Ante la impotencia de ver que el tiempo transcurre sin poder mostrar avances relevantes, el gobierno asumió una actitud que no va a lograr, sino ahondar sus infortunios. Se trata de atribuirle los fracasos a todos los demás. La presunción de infalibilidad del presidente y de sus ministros los llevan a concluir que siempre hay un culpable detrás de la derrota. Que la responsabilidad de semejante despelote está en manos de enemigos invisibles que conspiran a sus espaldas para tumbar al presidente o para impedir el cambio social.
Una de las recomendaciones más agudas en política es que uno no debe declarar a nadie su enemigo porque entonces empiezan a ejercer. El gobierno ha hecho todo lo contrario. Se ha dedicado a coleccionar enemigos en todos los niveles de la sociedad, en todas las instancias institucionales y en todos los actores políticos, incluso en muchos de los que serían por vocación sus mejores aliados.
Cualquier analista profesional de organizaciones y procesos se horrorizaría ante la disfuncionalidad de la operación de la administración Petro. El principal problema administrativo que tiene el gobierno es que no construye políticas públicas sobre diagnósticos objetivos sino sobre premisas ideológicas. De allí que no existan programas sino consignas, mandatos y órdenes emanadas del despacho presidencial que obligan a los funcionarios a hacer maromas técnicas y legales para tratar de implementar los designios que la mayoría de las veces son opacos, contradictorios e incoherentes.
La ausencia de autocrítica le impide ver a la administración Petro y al propio presidente las debilidades intrínsecas de su estilo de gobierno. Un buen ejemplo es el pobre nivel de ejecución de la inversión pública. La altísima rotación en todos los niveles de la burocracia pública, en la que no solo los ministros sino los segundos, terceros y hasta cuartos niveles son removidos con frecuencia como respuesta a la supuesta falta de resultados o por su “ausencia” de compromiso ideológico con el programa de gobierno, ha dejado vacíos inmensos en la administración pública que han truncado severamente el proceso de gestión presupuestal.
Las reuniones de gabinete en las que el presidente amenaza con que“quien no ejecute se larga”son quizás la muestra más grotesca de ese estilo dictatorial de administración pública que desconoce la complejidad de gestionar el Estado. Para que un presidente tenga éxito no basta con barruntar órdenes intimidantes a pleno pulmón y palmoteo en la mesa. Para obtener resultados el mandatario tiene que liderar y acompañar.
Es claro entonces que, como en la rima infantil, el puente está quebrado. Y no basta con cáscaras de huevo. El presidente no podrá curarlo con ideas retóricas y difusas como la de un“acuerdo nacional”. Mientras el gobierno no reconozca sus falencias seguirá incurriendo en los mismos errores y en las mismas frustraciones. Y ante todo es necesario que Petro se dé cuenta de que él puede ser el peor enemigo de si mismo.
