A menos de cuatro meses de las elecciones de autoridades territoriales es preocupante la ausencia de garantías de seguridad. Hasta el momento no vemos acciones claras y contundentes del Estado en regiones en las que se respira un clima de intranquilidad para candidatos y electores, que hace años no veíamos. Los informes de los organismos de inteligencia y de organizaciones independientes de la sociedad civil, como la Misión de Observación Electoral (MOE) muestran un deterioro evidente de las garantías. Con el inicio de las conversaciones de paz con las Farc en 2012 y el desescalamiento del conflicto, el país restableció un clima de normalidad democrática desde las elecciones regionales de 2015, cuando los episodios de violencia contra aspirantes y la coacción armada a votantes disminuyeron en forma sustancial. Después, en 2018, tras la firma del acuerdo de paz del Teatro Colón, vivimos las elecciones presidenciales y legislativas más tranquilas en décadas, con triunfo de la oposición.
Es entonces lamentable que ahora, cuando esta campaña arranca en firme, se pierdan esos avances y no veamos una reacción de las autoridades. En estos primeros seis meses del año las disidencias de Farc de Iván Mordisco e Iván Márquez y las Autodefensas de Conquistadores de la Sierra han violado en 336 ocasiones el cese al fuego decretado a inicios de este año. Por otra parte, la MOE señala que entre el 29 de octubre y el 29 de mayo pasados se registraron 320 hechos violentos relacionados con las elecciones, de los cuales 173 fueron contra líderes políticos. Al mismo tiempo, volvemos a ver acciones de grupos armados ilegales ya superadas hace años como la inauguración de obras públicas por parte de las disidencias de las Farc en el Catatumbo. Hay 12 alcaldes que despachan en las capitales de sus departamentos y se escuchan ya en zonas como Nariño, Chocó, Cauca y Norte de Santander amenazas a candidatos. En el caso de Buenaventura se reactivó la guerra entre Shottas y Espartanos; en zonas del Bajo Cauca, Córdoba y Sucre el Clan de Golfo pretende imponer sus candidatos y lo mismo buscan las Autodefensas de la Sierra en el Magdalena. Y este fin de semana se atentó contra la vida del candidato del Pacto Histórico a la Alcaldía de Florida en el Valle del Cauca.
No se puede ocultar el sol con una mano. El crecimiento de los grupos armados amenaza seriamente las elecciones locales, como no sucedía desde hace más de una década. Uno de los mayores avances con la firma del acuerdo de paz fue la normalización de nuestra democracia, y el fortalecimiento de estos grupos en los últimos cuatro años significa un grave retroceso. La institucionalidad debe reaccionar con el jefe de Estado a la cabeza y no esperar a que se cierren las inscripciones, cuando ya los violentos habrán conseguido que muchos candidatos no se inscriban o les condicionarán su participación al aval de determinado partido. No podemos tolerar nuevamente que existan territorios en donde no se puede hacer campaña con libertad y sus habitantes son intimidados con el fusil al momento de votar.
Sería injusto atribuir toda la responsabilidad al Gobierno Petro y su política de paz total. No fue durante estos meses cuando vimos al ELN pasar de una presencia en 86 municipios a más de 170 o al Clan del Golfo de un poco más de 100 a 223 municipios. Ese crecimiento se dio en el cuatrienio de Duque, como resultado de su decisión de no implementar el acuerdo de paz y la ineficacia para golpear militarmente a los violentos. Sin embargo, es ahora responsabilidad del primer presidente de izquierda democrática de este país garantizar unas elecciones libres y transparentes. Si no se actúa desde ya, eso no sucederá en parte importante del territorio nacional.
El presidente Petro debe convocar con urgencia una Comisión Nacional de Garantías, presidida por el propio jefe de Estado, con las cabezas de los organismos de control, las autoridades militares y los directores de partidos, con el fin de adoptar medidas concretas y contundentes. Las garantías no se pueden dar a pocas semanas del día electoral, se tienen que brindar desde el mismo momento de la apertura de inscripción de candidatos. Hay que actuar ya, antes de que sea demasiado tarde. No podemos regresar a las vergonzosas elecciones de 2003, cuando el Gobierno de la época negociaba con los grupos paramilitares en Santafé de Ralito y al mismo tiempo sus comandantes utilizaron las armas para torcer la voluntad ciudadana en muchas regiones. La mínima exigencia del Gobierno a los grupos con los que están negociando debe ser la de abstenerse de cualquier acción que impida la expresión libre de la población en las elecciones de octubre.
