La resolución No 0119 emanada de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap) que regula la pesca incidental de tiburones y rayas marinas ha generado una extensa polémica en el país. En efecto, esta nueva norma establece que once especies de tiburones y cuatro especies de rayas marinas sean clasificadas como recursos pesqueros y no como recursos hidrobiológicos. En consecuencia, se permite la captura incidental de dichas especies. Esta tiene el carácter de incidental cuando, de manera involuntaria, se capturan peces u otras especies marinas mientras se está intentando obtener otro tipo de peces. Es diferente a la pesca dirigida que busca deliberadamente la obtención de una especie en particular con fines económicos.
En Colombia existía la prohibición total de la pesca de tiburones y rayiformes establecida en el Decreto 281 del 2021 promulgado en la administración del entonces presidente Iván Duque. Esta norma prohibía su captura, incluso cuando era incidental. Algunas organizaciones ambientalistas han prendido las alarmas advirtiendo que la modificación adoptada en el actual gobierno podría abrir una ancha ventana para que el comercio ilegal de estas especies se dispare hacia los mercados asiáticos en donde las aletas de tiburón alcanzan precios exorbitantes. En septiembre de 2021 las autoridades colombianas decomisaron 3493 aletas de tiburón que iban a ser enviadas ilegalmente al exterior por un capo retirado del narcotráfico radicado en el Valle del Cauca.
La ciudadanía puede preguntarse ¿qué orientó tal decisión del gobierno nacional? Esta medida se fundamentó "en la necesidad de establecer un manejo sostenible de estos recursos, sin afectar las prácticas culturales como medio para garantizar el derecho humano a la alimentación y demás necesidades básicas de la población que derivan su sustento del ejercicio de la pesca".
La reciente modificación en esta materia toma en consideración la existencia de los llamados pueblos del mar en Colombia. Dichos grupos humanos, tanto en el Pacifico como en el Caribe, elaboran imágenes acerca de la pesca, poseen valores, adoptan prácticas de conservación y conciben metáforas que proveen sentido y atención del pescador hacia el mar y sus recursos. Las iniciativas de gobernanza deben tener en cuenta el contexto local, los retos y oportunidades inherentes a este tipo de pesquerías. Eso no ocurrió con el Decreto 281 del 2021. Aunque este causaba una afectación directa a pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas dicha norma administrativa no fue consultada previamente con las organizaciones de pescadores artesanales ni con las autoridades de estos grupos étnicos.
En Colombia las pesquerías son diversas. Tanto las demandas comerciales como el consumo de tiburones y rayas varían de región a región y aún dentro de estas hay marcadas diferencias. No es lo mismo su demanda y consumo en La Guajira que en Buenaventura o en el archipiélago de San Andrés y Providencia. La carne de las rayas ha sido ancestralmente muy importante en la dieta alimenticia de miles de familias indígenas wayuu que habitan en el extenso litoral de la península. Los tiburones tienen una posición importante en su conjunto mítico y pueden pertenecer a clanes como los humanos. No son extraños naturales sino parientes cercanos. De hecho, cada especie tiene su propia valoración estética, medicinal o gustativa. Prohibir el consumo de estos alimentos a partir de su captura incidental seria agravar aún más la dramática situación alimentaria de este pueblo indígena.
Nadie discute que el esfuerzo de los Estados nacionales en la conservación de las distintas especies de escualos debe incrementarse. Recientemente un estudio de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN ha advertido que el porcentaje de especies de tiburones oceánicos amenazados de extinción es más elevado entre los tiburones que se capturan en pesquerías de alta mar (52 por ciento) que el del grupo en su conjunto. No son, por tanto, los pescadores artesanales cuya labor se desarrolla en aguas someras los que ejercen esta gran presión sobre dichas especies.
Es altamente recomendable que el esfuerzo de conservación contemple acuerdos con las organizaciones de pescadores. Cualquier forma de ordenamiento pesquero o plan de manejo de estas áreas requiere valorar sus conocimientos y las prácticas asociadas a estos. La vulnerabilidad de los pueblos marítimos no tiene que ver solamente con su situación ante la amenaza de fenómenos climáticos y ecológicos extremos sino también con su posición marginal en relación con el resto de la sociedad. Los gobiernos a lo largo del tiempo deben ver esto desde una perspectiva integral y entender la biodiversidad que buscan proteger como un componente de sistemas socioecológicos de larga precedencia.
