El 22 de marzo de 2017 el entonces alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, inauguró la obra del deprimido de la calle 94, el interconector con más conexiones de la ciudad, que se tramitó en el proyecto de valorización de 2005 y se terminó doce años después. Ese día, Peñalosa en nombre de la alcaldía, le pidió perdón a los bogotanos “por todas las incomodidades, por los retrasos que hubo, por los sobrecostos. Eso no puede pasar”. La obra costó 3,6 veces más de lo presupuestado y le trajo una década muy complicada a los propietarios de la zona.
La construcción en el año 72 d.C. del Coliseo Romano, ordenada por el emperador Vespasiano, tomó ocho años. Con dos milenios menos de conocimiento y tecnología, los romanos construyeron más rápido uno de los hitos de la arquitectura antigua que Bogotá un simple deprimido. Creo que es un buen dato para dimensionar el homenaje a la ineptitud que fue esa obra que pasó por las manos de varias alcaldías.
Décadas de multas, atrasos y quejas de la gente no han logrado que la construcción de obra pública en Bogotá no siga siendo un sistema de abuso y saqueo a los ciudadanos. La cadena de errores y omisiones, que tiene el sello de varios nombres y partidos, convirtieron a Bogotá en la ciudad más congestionada del planeta. Alcaldías y concejales crearon un régimen tributario y de licitación en el que siempre ganan los políticos y contratistas y nunca el ciudadano. Mientras en China hacen megapuentes en seis meses, acá nos toma siete años arreglar un andén.
La situación de la infraestructura vial es una catástrofe. Por un lado, la falta de obras y visión de largo plazo tienen a todas las salidas de la ciudad en un infierno. El trancón es nuestro estado natural. Y por otro lado, el atraso de los proyectos de valorización (Petro 2013 y Peñalosa 2018) es crítico e inaceptable. La ciudad está en obra y llena de polisombras. En gran parte es por estos proyectos que llevan años quietos.
De las 15 obras por valorización de 2018 solo se ha terminado una. En el 50 por ciento su ejecución no supera ni siquiera el 5 por ciento. Esto ha ocasionado que a la fecha los contratos les cuesten a los bogotanos cerca de 60.000 millones de pesos adicionales. La alcaldía viaja en Ferrari para cobrar impuestos, pero en burro para garantizar su ejecución. Una mezcla de corrupción, desidia y mediocridad permite que el IDU y los contratistas puedan sentarse años a dormir encima de sus palas y ladrillos sin que nada les pase. Nos gobierna la ineptocracia.
El espírtitu de las obras de valorización es que los propietarios que se van a ver beneficiados por la construcción de bienes públicos cerca a su inmueble, hagan un aporte adicional, porque se entiende que por distintas razones su activo valdrá más con las construcciones. Es un pacto razonable entre alcaldía y propietarios: se recogen impuestos, el propietario gana y el conjunto de la ciudad también.
Pero acá ocurre todo lo contrario. La alcaldía recoge impuestos, los contratistas refinancian sus deudas y hacen piruetas con nuestra plata, pero el inmueble pierde valor porque tiene por años calles y espacios bloqueados y cerrados. Es una estafa a cielo abierto.
Ahora que arranca la campaña sería estupendo que los candidatos nos cuenten cómo van a crear un clima jurídico y tributario distinto para que esta situación cambie radicalmente.
Tendremos en estos años las obras del metro, el Corredor Verde de la Séptima y varios proyectos más. Bogotá no puede seguir siendo saqueada y burlada por una rosca de burócratas y contratistas. Oímos sus ideas, candidatos.
