Yohir Akerman
31 Marzo 2024

Yohir Akerman

La investigación pendiente de Ecopetrol

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La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, pareciera estar demorada en abrir una investigación a los exdirectivos de Ecopetrol para que cuenten toda la verdad sobre la presunta financiación a grupos paramilitares. Pareciera que la compañía petrolera también está en mora de hacer su propia pesquisa sobre el tema. 

Esto con motivo de las declaraciones del 12 de mayo de 2023 de Salvatore Mancuso, en las que el exparamilitar aseguró que la compañía Estatal permitía que las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, extrajeran combustible del oleoducto, y más preocupante aún, no suspendían el bombeo premeditadamente cuando sabían del hurto. “De esa manera nos pagaban a nosotros recursos a través de Ecopetrol”, dijo el excabecilla. Todo un presunto Ecopentramado criminal.

Recordemos que Ecopetrol es una compañía de orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía y que sus acciones están listadas en la Bolsa de Valores de Colombia y también en la de Nueva York. Que una empresa de estas características, la más grande del país, estuviera haciendo presuntos pagos o posibles contribuciones a estructuras de crimen organizado, representa una posible violación de leyes no solo en Colombia. Es un tema que la compañía debería investigar autónomamente y por supuesto la JEP también.

Por eso vamos para atrás. Como lo estableció el portal Verdad Abierta, durante los años de expansión paramilitar varios bloques de las AUC obtuvieron jugosos recursos derivados del hurto de hidrocarburos. Los cálculos conservadores de los ingresos llegan a más de 85.000 millones de pesos anuales, entre los años 2000 y 2005. Más o menos 500.000 millones de pesos de la época en solo cinco años. Una fortuna. 

De esta manera, el hurto de hidrocarburos era un negocio tan rentable como el narcotráfico para el financiamiento del proyecto político y militar de los paramilitares. Al igual que para la guerrilla. 

Ahora bien, según la documentación acopiada durante esos años, el 90 por ciento del hurto de combustible realizado a la empresa Ecopetrol, era atribuible a las AUC, mientras que el restante se repartía entre las guerrillas y la delincuencia común.

De eso dan cuentan investigaciones de fiscales de la Unidad de Justicia y Paz, además de testimonios aportados por desmovilizados de bloques como el Mineros, Central Bolívar, Metro y Cacique Nutibara, entre otros.

Pero que ahora estemos hablando no de presuntos aportes de Ecopetrol a los paras a través del mecanismo premeditado de no suspender el bombeo cuando se tenía conocimiento de la extracción ilegal, es otro tema. Uno mucho más grave, de comprobarse lo que dice Mancuso.

En especial porque existen elementos que no ayudan en esta narrativa a la compañía. Como lo ha establecido la JEP, las alianzas de los paras con dirigentes de la empresa petrolera fueron ratificadas por el exdirectivo del departamento de seguridad de Ecopetrol, José Eduardo González Sánchez. 

El señor González Sánchez contó que las Autodefensas infiltraron la Unión Sindical Obrera, USO, para entregar la información y el listado de los sindicalistas de Ecopetrol que debían a matar. Abuso, en la USO, por Mancuso. Un poema criminal. 

La hoja de vida del declarante es bastante sorprendente y da credibilidad a sus acusaciones. González Sánchez empezó su gloriosa carrera en el Ejército Nacional entre 1982 y 1995. Después de eso, pasó al sector empresarial como directivo del departamento de seguridad de Ecopetrol entre 1995 y 1999, cargo al cual entró gracias a un familiar que trabajaba en la empresa. Posteriormente regresó a las armas, como miembro del Bloque Central Bolívar de las AUC de 2001 a 2003 gracias a otro familiar. Todo en familia y de todo un poquito.

González Sánchez, quien está sometido parcialmente a la JEP en el caso 08, realizó el 10 de febrero de 2022 una diligencia de versión voluntaria, en la que habló de cómo fueron las presuntas alianzas entre miembros de Ecopetrol y la fuerza pública, que gestaron la entrada de los paramilitares al sur de Bolívar, el Magdalena Medio y Santander.

Según este testigo, entre 1998 y 1999, solo en Barrancabermeja, los paramilitares perpetraron seis masacres, donde resultaron muertos varios sindicalistas de la empresa. El compareciente reveló que ellos recibían un listado, anexo a una orden de operaciones, de civiles con información de su ubicación. “Llegábamos a las casas, preguntábamos por las personas y al momento se escuchaban disparos”, afirmó González Sánchez.

“¿A ustedes les decían algo sobre estas personas en las listas?”, le preguntaron los magistrados de la JEP al compareciente. “En algunas decía que eran de la Unión Patriótica o eran guerrilleros activos, y decía: Frente tal”. Y agregó que, bajo su mando en el departamento de seguridad de Ecopetrol, en Barrancabermeja, los paramilitares infiltraron trabajadores que él contrató, pertenecientes a la USO.

Pero no para ahí. Existe el testimonio de un extrabajador de Ecopetrol, de la planta de Mariquita y Fresno en Tolima y miembro de su sindicato. Este empleado resultó ser víctima del conflicto porque lo secuestraron y posteriormente condenaron al denunciar a los paramilitares por el robo de hidrocarburos que permitían funcionarios de Ecopetrol en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

El nombre del señor es Gabriel Ospino y denunció que fue víctima de un montaje judicial cuando realizó las acusaciones. Vamos a eso, la justicia condenó a Ospino, luego de denunciar que sus jefes estaban hurtando el combustible de la planta de Mariquita, con complicidad de los paramilitares del Magdalena Medio.

Es más, en sentencia de Justicia y Paz está documentado que el señor Gabriel Ospino presentó denuncia ante la Fiscalía 32, Seccional de Honda, Tolima, por amenazas de tipo laboral, pues realizaba reportes a la coordinación de operaciones de Ecopetrol, informando que había robo de combustible por parte de integrantes del grupo armado ilegal en coordinación con la empresa.

Después de sus denuncias, fue secuestrado por los paramilitares, en noviembre de 2002, con el fin de atemorizarlo y tratar de que desistiera de sus acusaciones. Como no fue así, como ya dijimos antes, fue víctima de un montaje judicial, ya probado como tal, con el que terminó judicializado. 

La prueba reina para condenarlo fue un video que llegó a la Fiscalía en 2006 y en el cual, supuestamente, aparecía hurtando el combustible. Sin embargo, un paramilitar con el alias de Steven reveló que dicha grabación fue un montaje de otro paramilitar apodado alias Lucas, para condenar al inocente y desviar la atención de las autoridades.

Según Ospino, alias Lucas era quien cometía las arbitrariedades de amedrentar a los trabajadores y solicitar combustible bajo amenazas a nombre de las Autodefensas. Fue además la persona que se reunía con los jefes de diferentes plantas de Ecopetrol.

Según declaró en audiencias de Justicia y Paz en 2015 el señor Ospino: “Cuando yo estuve secuestrado, yo estuve metido en un hueco y escuché los convenios que los administradores hacían con los desmovilizados con este señor Lucas. Yo estuve ahí. Y él dijo que aquí todo el mundo les colabora, la Policía, el DAS, Ecopetrol no es la excepción. (Me dijo) Usted es un sapo, es un obrero, a usted no le importa esto. Ecopetrol no es suya”.

Pero las evidencias siguen. En los juzgados de Justicia y Paz en Bogotá, el jefe paramilitar Pedro Pablo Hernández, alias Pum Pum, ratificó que los directivos de Ecopetrol elaboraron un plan con las autodefensas para hurtar el combustible desde 2004 y hacer un llamado falso positivo para judicializar a los sindicalistas de la USO, como el señor Ospino.

Según una carta firmada de su puño y letra, alias Pum Pum dijo que en el robo de hidrocarburos participaban: “la fuerza pública, oficiales y suboficiales y agentes. Fiscales, CTI, DAS, Ejército y jefes de Ecopetrol”. Muy grave. 

Yohir Akerman

En especial porque para contrarrestar la situación del millonario hurto continuado del combustible, la compañía petrolera estableció mecanismos de control, como el uso de bolas de polietileno, temporizadores y marcadores de gasolina que todos fueron inservibles gracias a la información que se filtró de adentro. Nada sirvió. Todos los intentos fueron en vano, ya que los paramilitares contaron con el presunto apoyo de empleados dentro de Ecopetrol que permitieron violentar, uno a uno, esos mecanismos de control.

Por ejemplo, cuando Ecopetrol instaló un temporizador para detectar fugas y emitir una alarma, las AUC, gracias a sus contactos en la empresa, descifraban el sistema y cerraban la válvula antes de que el temporizador se activara. Información que solo se podía salir desde el interior de la compañía. Finalmente, cuando la sociedad intentó marcar el combustible, bloques como el Central Bolívar consiguieron el marcador original y la documentación necesaria. De esta forma, cuando las autoridades detenían los vehículos con canecas de combustible robado, la gasolina tenía la documentación, marcas y apariencia de legalidad.

Como estableció Verdad Abierta en su investigación, en Antioquia las fichas claves del cartel de la gasolina fueron oficiales del Ejército acantonados en el Batallón Girardot y uniformados de las estaciones de Policía de Santa Rosa de Osos y Yarumal. “A ellos les pagábamos cinco millones de pesos mensuales. La plata salía de las vacunas, para eso eran, para pagar la Ley. Es que donde come uno, comen todos, ese era nuestro dicho y claro, había que darle a la fuerza pública”, aseguró ante Justicia y Paz un postulado exparamilitar llamado Luis Adrián Palacio Londoño, alias Diomedes.

Por eso finalicemos por donde empezamos y es estableciendo que la venta de gasolina robada era el segundo rubro de financiación del conflicto más significativo para los paramilitares después del narcotráfico. Es decir, mucho dinero y un aporte muy importante al desarrollo de la guerra. 

Entendiendo que existen documentos, declaraciones de exparamilitares, de exempleados y sindicalistas de la empresa que describen en detalle cómo funcionaba esa presunta alianza que creó el cartel de la gasolina, se hace necesario que la actual y próximas administraciones de Ecopetrol investiguen estos hechos del pasado, al igual que la JEP revise el tema a profundidad. De pronto todo hace parte de lo que Salvatore Mancuso no observaba, pero suponía. Puede ser parte de lo que sí sabía, con conocimiento de causa, y resulta ser verdad.

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com 
 

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