El presidente cuando fue alcalde le dejó a Bogotá un proyecto de metro subterráneo en una etapa muy incipiente. Faltaban los estudios de factibilidad, cierre financiero, compra de predios y varias cosas más. Enrique Peñalosa, cuando asumió su segundo mandato en 2016, decidió no terminar lo heredado y se inclinó por el metro elevado que se está construyendo. Los exalcaldes llevan una década discutiendo qué se debía hacer y ninguno se ha movido un centímetro de su posición. Hoy ese debate es inútil.
Peñalosa logró completar la larga trayectoria que demanda un proyecto al que Bogotá llegó 80 años tarde, Claudia López decidió honrar el contrato y dos de los tres candidatos con mayor opción para ganar el domingo dicen que seguirán el plan de metro elevado. El contrato firmado y los gobiernos elegidos han ido en la dirección contraria al deseo del presidente, pero él no ha podido asumirlo. Su empeño es pasar por encima de todos para imponer su metro.
La discusión hace rato dejó de ser sobre qué tipo de metro es más deseable para una ciudad como Bogotá. Hoy se trata de los costos y riesgos que supone cambiar lo firmado y de tener una postura democrática con la voluntad de una alcaldía y unos votantes que piensan diferente. Y pasó de ser hace rato la defensa férrea de una convicción a ser una obsesión dispuesta a arrasar con lo que haga falta para que sea realidad.
Lo del presidente con Bogotá es autoritario y temerario. Lejos de querer sugerir, está en el plan de usar todo su poder para pasar por encima de las mayorías en las urnas. Desde que se puso la banda presidencial quería darle vida a su obsesión. Metió un artículo en el Plan Nacional de Desarrollo para modificar el artículo 2 de la Ley 310 de 1996, el cual permite a la nación “financiar hasta un 70 por ciento los proyectos de sistemas de transporte público”. Ahora la nación podría “pagar el 100 por ciento”, como lo anunció ayer desde China.
La propuesta de que la nación asuma toda la obra del metro tres días antes de las elecciones es hacer política y una manera ligera de decirle a los bogotanos: “no tienen que poner un peso por los cambios, papá paga y ayuda”. Pero papá paga con los impuestos de todos y con el costo de desfinanciar lugares y poblaciones con mucho menos músculo y acceso al crédito que Bogotá.
Además, con tantos proyectos de transporte e infraestructura postergados en las regiones, otros alcaldes y gobernadores podrían reclamarle al gobierno sobre por qué a Bogotá se le paga todo y a los demás “sólo hasta el 70 por ciento”.
Su obsesión traería años de demoras en nuevas obras y en la confección jurídica de los contratos. Pondría en una situación muy comprometedora a los funcionarios que deberían deshacer el contrato y crear otros, pues la Contraloria tendría una autopista libre para sancionarlos por detrimento patrimonial.
En aras de la discusión podría decirse que en 2014 Gustavo Petro tenía razón. Pero pasaron muchas cosas y la historia se escribió en otro sentido. Un buen gobernante proriza la escasez de recursos y toma las mejores decisiones con la información disponible, no alborota de manera brusca el tablero para que el mundo se acomode a él.
Esta es una obsesión que le puede salir muy cara a Bogotá.
