En la reciente campaña presidencial Sergio Fajardo propuso la eliminación de la Procuraduría General de la Nación, institución muy arraigada en la historia constitucional del país y única en su género en las democracias occidentales. Cuando se habla de la entidad en el exterior es exigente la tarea pedagógica de explicar su origen y funciones. Se debe precisar que no es igual a la Fiscalía que persigue el delito y orienta la política criminal, tampoco a la Contraloría que vigila el adecuado uso de los recursos públicos, ni a la Defensoría del Pueblo que promueve la defensa de los derechos humanos. La Procuraduría es una mezcla de todas, por lo que al final se cruzan y duplican las competencias. Además, en los últimos años tuvo un crecimiento desmesurado de funciones y presupuesto, que no se ve reflejado en sus resultados. Pasó en 2019 de un presupuesto de un poco más de 700.000 millones de pesos a casi un billón cien mil millones en 2023.
El actual Gobierno, que hace unos meses había anunciado una iniciativa para eliminar la entidad, ahora con sensatez presenta un proyecto de acto legislativo que se radicaría en marzo para reestructurarla. Es realista comprender que la intención de acabarla no tiene ninguna posibilidad de éxito en un Congreso cuyos integrantes mantienen numerosas cuotas burocráticas. El texto conocido es serio y busca adecuar las competencias de la entidad al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, garantizar los derechos políticos de los funcionarios elegidos popularmente y fortalecer la rama judicial del poder público. Es un proyecto equilibrado y ponderado que sirve, no solo para superar la incertidumbre generada por el fallo de la Corte Interamericana en el caso del exalcalde Petro, sino para resolver las distintas interpretaciones, que incluso hoy enfrentan a la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Además, con la iniciativa, se busca acotar las competencias de una entidad a la que, por sumarle tantas funciones en los últimos años, se podría aplicar el popular dicho de que “el que mucho abarca poco aprieta”.
Para comenzar, el debate se debe despersonalizar. En Colombia es imposible avanzar en esas discusiones sin caer fácilmente en la tentación de limitarnos a la calificación de la gestión del funcionario que coyunturalmente se encuentre al frente de la institución. Desde la Constitución del 91, para no ir más atrás, el país ha tenido procuradores buenos, regulares y malos; cuestionables y transparentes; ecuánimes y fanáticos; liberales y conservadores. Y desde hace más de una década los expertos sostienen, sin éxito, que la Procuraduría debe ser evaluada en cuanto a sus funciones, presupuesto y resultados. Llegó el momento de hacer ese balance de cara a los ciudadanos.
Resulta entonces inconveniente reducir el debate a la gestión de la actual procuradora, que tiene defensores y detractores. La discusión es más profunda, alrededor de las funciones institucionales y el costo para los colombianos. Es acertada la idea de mantener las facultades disciplinarias de la entidad frente a funcionarios públicos, con excepción de aquellos elegidos popularmente, pero se debe tener el mayor cuidado para garantizar que no se debilite la lucha contra la corrupción. Para ello, es clave tener claridad desde ya sobre quién y cómo asumirá las funciones de investigar y juzgar disciplinariamente a gobernadores, alcaldes, congresistas, concejales y diputados. En el caso de la intervención del Ministerio Público en el proceso penal, es evidente que los actuales funcionarios serían mucho más útiles en la rama judicial y no rindiendo conceptos innecesarios, que casi siempre coinciden con la Fiscalía. Son más de 800 procuradores que podrían ayudar a fortalecer una eficaz unidad contra la corrupción, que entregue mejores resultados a los colombianos en la lucha contra este flagelo.
En fin, la iniciativa gubernamental apenas abre el debate de manera oportuna. Hay suficientes estudios académicos sobre el tema y propuestas anteriores que no avanzaron por obvias razones en el Congreso, como la reforma de Equilibrio de Poderes o la reforma política derivada del Acuerdo de Paz. La reestructuración es necesaria y es posible hacerla bien, con el mayor consenso. Si el resultado final es una institución desburocratizada, fortalecida y especializada, con unas competencias precisas que se ejerzan en forma eficaz, será una ganancia para todos los colombianos. Por encima de los juicios de valor sobre la gestión de la actual titular, es el momento de revisar la utilidad de la Procuraduría y su aporte al equilibrio de poderes en el país. Bienvenido entonces el debate que promueve el ministro de Justicia con esta iniciativa.
