Así tituló su columna mi amigo y compañero de gabinete Mauricio Cárdenas, al hacer un balance de la tormenta política desatada la semana anterior. Comparto su análisis sobre lo inédito de muchos episodios en esta crisis, con la que se reemplazó a la mitad del equipo de ministros. Solo que Cárdenas olvidó citar un hecho clave, que también sucedió por primera vez, y fue el detonante de los demás. A escasos ocho meses del actual mandato presidencial, los jefes de los partidos que se declararon de gobierno en agosto adoptaron la intransigente y antidemocrática posición de ordenar a sus congresistas votar en contra del articulado completo del proyecto de reforma a la salud. Incluso, alguno de ellos amenazó con la Corte Suprema a sus copartidarios.
Los directores de la U, Conservador y Liberal expidieron comunicados, sin deliberación y votación de sus bancadas, en los que advirtieron, en un hecho sin precedentes, que sus congresistas no podían votar un solo artículo de la reforma. Actitud agresiva e intolerante, cuando se sabe que en muchos temas hay acuerdos de la mayoría de los partidos. Por los medios de comunicación, Dilian y Cepeda señalaron que si no se acogían sus 133 proposiciones no votarían ningún artículo de un proyecto que cuenta en total con poco más de 150. Y, de otra parte, un descompuesto director del liberalismo lanzó rayos y centellas, en lenguaje destemplado, contra la ministra de Salud.
A la actitud radical e intolerante de la ministra, cuya ausencia de voluntad de concertación desgastó en forma innecesaria al Gobierno, se contestó por parte de los partidos con mayor arrogancia y soberbia. Y sucedió lo inevitable. La discusión dejó de ser sobre el texto mismo de la reforma a la salud y se convirtió en un pulso político entre Gobierno y partidos, en el que, por primera vez, con solo ocho meses de administracion, se pretendió arrinconar al jefe de Estado y casi que obligarlo a entregar como un trofeo la cabeza de la ministra Corcho. Lo que no previeron los jefes de los partidos, es que Petro, acostumbrado a los riesgos, terminaría cambiando la mitad del gabinete.
La pregunta que cabe, entonces, es qué actitud hubieran asumido Uribe o Santos, si sus partidos de coalición a los ocho meses de arrancar sus mandatos adoptaran la posición que liberales, conservadores y la U asumieron. El cálculo político les falló. Ahora se abre, también por primera vez en más de 20 años, una nueva etapa de nuestro desgastado presidencialismo, con un Gobierno sin mayorías reales en el Congreso, que tendrá que concertar cada una de las reformas propuestas con los partidos en forma colectiva o los congresistas de manera individual. Si en algo se equivocó el Gobierno fue en desperdiciar el primer semestre, que debió aprovechar para impulsar las profundas reformas sociales planteadas en campaña. Si los proyectos se hubieran presentado en el mes de agosto y no en febrero, otra sería su suerte y habríamos visto mejor ánimo de los partidos. El semestre pasado solo se aprobaron los proyectos rutinarios de cualquier arranque de Gobierno: la reforma tributaria y la prórroga a la Ley 418 de orden público.
Difícil entonces anticipar qué pasará en las siete semanas que restan de este periodo ordinario de sesiones. El discurso del primero de mayo del presidente tuvo el legítimo propósito de convocar a sus bases a defender las reformas y no tiene por qué asustar que la gente se movilice. Todos los jefes de Estado han convocado en distintas oportunidades marchas ciudadanas para ampliar el respaldo a sus políticas. La calle no es excluyente con el Congreso, que al final es el que deberá tomar las decisiones. El problema son los excesos verbales al calor de una manifestación, que además ya fueron aclarados desde Madrid por el propio Petro. Los consensos aún son posibles, aunque parezca lo contrario. El nombramiento de Guillermo Alfonso Jaramillo, que debió ocurrir desde el arranque del Gobierno, es una señal clara del presidente de su voluntad de concertación alrededor de las reformas sociales, más allá de los discursos. Ojalá los ánimos bajen y tanto Gobierno como partidos tengan la sensatez de comprender la necesidad de acuerdos, que seguramente no dejarán satisfechos a las barras bravas de cada sector, pero sí contarán con el respaldo de las mayorías que quieren reformas. Al final se calmarán las aguas. No se cumplirán las profecías catastróficas que alimentan algunos desde sus trincheras. La institucionalidad colombiana es sólida, a prueba de las licencias discursivas de unos y otros.
