El país entero pudo ver el día de ayer al mayor general (r) Henry Torres Escalante confesar su participación en ciento noventa y seis ejecuciones extrajudiciales. La muerte de estos ciudadanos incluyó crueles actos de tortura, desapariciones forzadas y, lo que es más doloroso para sus familiares, la estigmatización de esas personas inocentes al ser oficialmente presentadas como miembros de organizaciones delictivas. Todo ocurrió en el Casanare cuando el alto oficial se encontraba al mando de la Brigada 16 entre los años 2005 y 2008. Las comunidades a las que pertenecían las víctimas fueron desacreditadas y perseguidas. Quienes sirvieron de testigos ante las autoridades fueron, en muchos casos, asesinados cuando intentaron retornar a sus lugares de origen en el campo colombiano.
Gracias al cumplimiento de la misión institucional de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) pudimos enterarnos de estas atrocidades por boca de los mismos ejecutores. Estos actuaban como agentes del Estado y empleaban todos los recursos humanos y logísticos de carácter público para realizar estos actos despiadados. ¿En dónde se encontraba el lado humano de estos oficiales que sabían que se trataba de ciudadanos inocentes e inermes que no enfrentaban a la tropa en combate, sino que esperaban protección de parte de quienes les quitaron sus vidas? ¿Por qué torturarlos antes de matarlos si nada tenían que confesar? ¿Por qué calumniarlos al presentarlos como miembros de organizaciones delictivas? Esta maquinaria perversa, cuyo ámbito de acción era todo el país, además de obtener diversos beneficios materiales trataba en realidad de modular el terror entre la población civil.
Los militares retirados que han declarado sobre las ejecuciones del Casanare revelaron que existía una coordinación institucional perversa entre militares, funcionarios judiciales y otros agentes del Estado que les prometía una total impunidad. Como justificación de sus crímenes alegaron con notoria racionalidad las presiones de sus superiores, la existencia de estímulos siniestros y la necesidad de presentar resultados en su lucha contra la guerrilla.
La sesión de ayer ante la JEP fue dolorosa pero esperanzadora en la medida en que el país empieza a confirmar la verdad. Fue vindicador para los familiares de las victimas escuchar de las voces de los propios ejecutores decir: “Ricardo Vargas Izquierdo no era delincuente ni combatiente y no pertenecía a ninguna organización delictiva; Eduardo Pérez Vega no era delincuente ni combatiente y no pertenecía a ninguna organización delictiva; Abel Antonio Lozano Camacho no era delincuente ni combatiente y no pertenecía a ninguna organización delictiva”. Deberíamos leer todos sus nombres en las grandes y pequeñas plazas de Colombia. Podríamos vindicar así su humanidad y su dignidad.
No es posible escuchar acerca de estos crímenes sin sentir una profunda conmoción interior. Esto nos lleva a preguntarnos ¿por qué los humanos cometen tantos actos inhumanos? Los humanos siempre se presentan en oposición a la animalidad y suelen desplazar su responsabilidad hacia estos. Pero los actos de los humanos no son responsabilidad de los no humanos como animales y plantas. Lo inhumano es solo la inversión de lo humano, en consecuencia, es inherente al hombre. Como dijera Nietzsche en la Genealogía de la moral: el hombre es un animal prometedor, un ser en el que la naturaleza ha hecho una larga tarea. Quizás una tarea aun inconclusa.
Cuando conocemos en profundidad sus recurrentes genocidios, torturas, desapariciones y crueldades hacia otros seres vivientes, es inevitable pensar que algunos humanos constituyen una vergüenza para toda la animalidad.
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