Cuando se cumplen ocho meses del nuevo gobierno y faltan ocho semanas para que culmine el primer periodo de sesiones del nuevo Congreso, es importante hacer un balance desapasionado del rumbo del país. No cabe duda de que con el primer presidente de izquierda democrática se sienten cambios en la sociedad y, según desde la orilla que se mire, para algunos son positivos, se esperaban hace décadas, mientras para otros significan una catástrofe. Ni tanto que queme al santo, ni tan poco que no lo alumbre, reza un conocido adagio popular. Además, es aún temprano para aventurar conclusiones definitivas sobre el mandato de Petro.
Hasta ahora es evidente que se respiran aires reformistas que generan esperanzas de un lado y miedos e incertidumbre del otro. Las barras bravas en que se convirtieron sectores radicales de la política colombiana caen con frecuencia en exageraciones e inconsistencias hasta divertidas. Las ultimas polémicas son el mejor ejemplo de ese fanatismo absurdo. Mientras unos salieron en forma apresurada e irresponsable, con imágenes falsas, a anunciar que en Semana Santa estaban vacíos los destinos turísticos del país y responsabilizar al gobierno, otros mostraron playas llenas y trancones en las principales vías para demostrar lo contrario. ¿Cuál es la realidad? Que Cartagena, Santa Marta o la zona cafetera no estuvieron desocupadas, pero sí disminuyó la movilización de turistas en comparación con años anteriores. Las reacciones de los mismos fanáticos del respaldo de la Ocde a las reformas sociales del gobierno también resultan contradictorias.
El gobierno todos los días agita ideas y promueve la controversia. Eso es positivo en un país en el que pocas veces se abren espacios para la deliberación democrática y en la mayoría de oportunidades nos dedicamos a los insultos y las descalificaciones personales. Sin embargo, pasados los primeros meses, y ya puestas sobre el tapete las grandes ideas del Pacto Histórico, como la transición energética, el cambio en el enfoque de la lucha contra las drogas, las reformas sociales, la reforma agraria y la paz total, es momento de aterrizar y organizarse mejor para la ejecución de unas propuestas que en algunos casos requieren reformas constitucionales o legales, y en otros solo decisión política y capacidad de ejecución. Esto último sucede con la política de paz y de víctimas.
El presidente de la república hace unas semanas, en diálogo con empresarios de Antioquia, señaló la posibilidad de convocar una inexistente instancia del acuerdo de paz con las Farc para discutir su modificación y ampliar su contenido a temas que no se habían incluido como la educación, tecnología o la industrialización del país. Se quejó de que el acuerdo se había reducido a la reforma rural integral. Y hace unos días, a propósito de la celebración del Dia Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas, el ministro de Justicia prometió abrir una innecesaria discusión para tramitar dizque una nueva ley de víctimas.
Es comprensible que en el actual gobierno se fijen metas ambiciosas y, más allá del acuerdo con las Farc, se busque la paz con todas las organizaciones armadas ilegales, así como es válido que piensen en impulsar una nueva ley para favorecer a los afectados por la guerra. La pregunta que surge es sino sería mejor para las comunidades afectadas por la violencia avanzar con eficacia en la implementación territorial del acuerdo y que el gobierno se aplicara a cumplir con mayor eficacia la ley de víctimas, que solo necesita decisión política y mayor presupuesto. Sería lamentable que, por estar dedicados a soltar ideas para la tribuna, que suenan bien, se perdieran cuatro valiosos años de un gobierno comprometido con la paz y con las víctimas. NO se necesita ni un nuevo acuerdo con las ex-Farc ni una nueva ley de víctimas. Solo cumplir con ambos.
La voluntad política del gobierno de avanzar en la paz y la reparación de víctimas es innegable y para hacerlo hoy tenemos una hoja de ruta hasta 2030. Si se concentran esfuerzos en cumplir con la Constitución y la ley, sin desperdiciar energías en debates recurrentes e inútiles sobre el contenido de los acuerdos y de la ley, con toda seguridad en los más de tres años que restan a esta administración se podrían lograr extraordinarios resultados en este frente que es clave para la reconciliación nacional. Voluntad hay de sobra, lo que se requiere ahora es menos ideas maravillosas y mucha más organización y acción.
