En la primera semana del año atentaron contra la vida del alcalde de Tumaco, secuestraron a funcionarios de la Registraduría en Chocó, asesinaron líderes sociales en el Cauca y a firmantes del acuerdo de paz en Sucre. No cabe duda, la inseguridad urbana y las acciones de los grupos armados ilegales en la zona rural son hoy los problemas más graves que enfrenta el país y constituyen, además, una amenaza para nuestra democracia. Es cierto que hay desaceleración económica y el crecimiento de este año no llegará al 2%; que hay serias deficiencias y descoordinación en el Gobierno nacional y que persiste la incertidumbre sobre la suerte de la agenda legislativa del gobierno en el Congreso. Pero por encima de esas preocupaciones, con una ciudadanía cada vez más asustada, aparece la necesidad de recuperar la seguridad como tarea prioritaria para el 2024.
El primer gran desafío es garantizar el estricto cumplimiento de los acuerdos de cese al fuego con el ELN y las disidencias de las Farc. En cuanto a los elenos hay un mecanismo de monitoreo y se puede afirmar que el cese de los últimos meses ha contribuido a disminuir la intensidad del conflicto y el drama humanitario en muchas zonas.
Es evidente la disminución de los hechos de violencia, sin que se pueda afirmar que el cumplimiento ha sido total. Además, es esencial el cumplimiento del compromiso de la guerrilla de suspender la práctica del secuestro y regresar sanos y salvos a sus hogares a los secuestrados que tienen en su poder, como lo exigió esta semana el propio Papa Francisco. En el caso de las disidencias la incertidumbre y la desconfianza es mayor y las esperanzas pocas. A pesar de la “pela” que se dio el gobierno al reconocer status político a quienes traicionaron el acuerdo, persisten la violencia y los asesinatos de excombatientes que han cumplido sus compromisos con la sociedad y hay poca claridad sobre lo que se negocia en la mesa. Finalmente, es evidente que la implementación del acuerdo con las Farc, condición sine qua non para consolidar La Paz en los territorios, no es una prioridad para el gobierno nacional.
De otra parte, hay fallas en la persecución militar a quienes insisten en la violencia. Es cierto que el crecimiento de esos grupos fue geométrico en los 4 años de mandato de Duque. Las cifras oficiales no mienten. Desde agosto de 2018 al mismo mes del 2022, tanto las disidencias Farc, como el Clan del Golfo y el ELN duplicaron el número de integrantes y en los municipios en donde hacen presencia, se disparó el reclutamiento de menores, así como el asesinato de líderes sociales y firmantes de paz.
Sin duda es el gobierno Duque el gran responsable del fortalecimiento de los grupos violentos. Sin embargo, en este año y medio no se ha tenido una estrategia de seguridad que permita mejorar la situación y la situación empeora. Falta contundencia del estado contra las organizaciones ilegales y sus cabecillas, y eso dificulta aún más las posibilidades de avanzar en las negociaciones de paz.
En el campo de la seguridad urbana las cosas no están mejor. La gente no se siente tranquila en las calles de las principales capitales y hasta el momento no existe ninguna estrategia nacional e integral para enfrentar este flagelo. La Policía Nacional tiene una crisis institucional desde hace años, sin liderazgo y con la moral abajo, que solo hasta ahora bajo el mando del General Salamanca comienza a mostrar signos de recuperación. Crecen las bandas criminales dedicadas a la extorsión, el microtráfico y el atraco callejero en ciudades como Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Cali o Cúcuta, mientras en los últimos años se frenó la reducción continua en las cifras de homicidios.
Es urgente una cruzada nacional contra la delincuencia organizada, liderada desde el propio Palacio de Nariño, que involucre a la rama judicial, los nuevos gobernantes en los territorios y a la ciudadanía. Se necesitan ideas renovadas y grandes inversiones en inteligencia, tecnología y pie de fuerza. La llegada de los nuevos mandatarios es una oportunidad para construir esa estrategia conjunta, más allá de diferencias políticas.
En este campo de la seguridad debemos acordar una tregua entre las institucionales nacionales y locales y decretar una guerra sin cuartel contra los bandidos. En este primer año de los gobernantes locales se podrían obtener resultados positivos con menos política y más coordinación. Hay que confrontar a los criminales, no a los contradictores políticos. En las peleas políticas en materia de seguridad pierde el ciudadano, sin importar si simpatiza con Petro o con Galán, Fico o Char. Los delincuentes no les preguntan a sus víctimas su filiación política.
