La firma de un acuerdo de voluntades en el que participan las empresas generadoras, el Gobierno nacional, los entes de cooperación internacional, los gobiernos locales y autoridades indígenas en el territorio de La Guajira parece dotar de un nuevo aire al proceso de transición energética en Colombia. Este pacto era necesario y puede ser provechoso para todas las partes. Ello depende de que se implementen y apliquen reglas de juego que hagan clara la ruta a seguir, garanticen los derechos de las comunidades, otorguen confianza a las empresas y permitan al Gobierno central alcanzar las metas trazadas en este campo. Este compromiso implica que las energías limpias requerirán de reglas de juego limpias.
Los principales desencuentros entre las empresas y las comunidades han sido de carácter ontológico. Estas diferencias no deben ser clasificadas como meros desacuerdos económicos o sobre “el desarrollo”, pues en realidad son conflictos acerca de lo que existe. Las empresas generadoras que trabajan con el viento como fuente de generación eléctrica jamás les han preguntado a los indígenas ¿que son los vientos para ustedes? “Tienen caminos por donde cruzan y diferentes temperamentos”, podrían responder los wayuu. Al menos esta conversación debería ser el primer paso para iniciar un diálogo constructivo y respetuoso.
El pacto pretende impulsar la participación de las comunidades en los proyectos de energías renovables para que sean sostenibles y justos. Ello implica el apoyo a las iniciativas de las comunidades y su participación en los beneficios. Un punto de lo acordado es fortalecer los protocolos de ingreso al territorio wayuu y garantizar su cumplimiento por parte del Estado de tal forma que las empresas cuenten con lineamientos sobre el respeto al sistema normativo de las comunidades. Un compromiso es el de fortalecer las capacidades de los entes territoriales y mejorar la información disponible en las Entidades Territoriales y el Ministerio del Interior para facilitar la toma de decisiones en los procesos de consulta previa, el licenciamiento ambiental y la ejecución de proyectos de inversión social
Las partes se han propuesto diseñar un plan operativo para materializar este pacto. La presencia del Gobierno nacional en el desarrollo del pacto sobre el terreno es de suma importancia para garantizar su cumplimiento. La preservación de áreas protegidas ambientalmente y de aquellos lugares sagrados y socialmente significativos es fundamental para darle un ordenamiento territorial a estos proyectos y contener su expansión incontrolada. Los beneficios obtenidos deberán dar prioridad a aquellos proyectos relacionados con agua, educación, infraestructura, empleo, economía restaurativa, entre otros, para mejorar las condiciones de vida de los pobladores.
A pesar de la firma de este acuerdo de voluntades los riesgos de descarrilamiento del proceso pueden reaparecer y desbaratar lo acordado. Por ello el concepto de justicia en el proceso de transición energética es tan relevante. Se debe avanzar hacia energías limpias de forma que este proceso disminuya y no incremente la desigualdad. Las experiencias de este tipo de transición en otros países del mundo pueden ser de gran utilidad para Colombia. Un grupo de trabajo académico liderado por economistas de la Universidad de los Andes encontró que la población sudafricana ha definido la transición energética justa con el siguiente principio: “Nada sobre nosotros sin nosotros”.
