Cuando iniciamos casi en solitario la batalla por los derechos de las víctimas en Colombia en 2007, el entonces senador Gustavo Petro nos acompañó con entusiasmo y convicción. Su aporte en la construcción de la primera versión de la ley fue muy importante, especialmente en el capítulo relacionado con la restitución de tierras despojadas a los campesinos desplazados por los actores armados. Por ese antecedente, que no admite dudas sobre el compromiso del hoy presidente con el reconocimiento y la dignificación de las víctimas del conflicto, creo necesario hacer algunos comentarios y precisiones a la intervención presidencial de hace unas semanas, en la que expresó su preocupación por la falta de recursos del Estado para reparar y propuso la inviable idea de que el Banco de la República efectuara una emisión monetaria, con el fin de atender las exigencias presupuestales de la ley.
Es importante recordar que la reparación a las víctimas no se reduce a la indemnización económica. La Ley 1448 consagró la reparación integral, que incluye distintas medidas como la restitución de tierras, el derecho a la verdad y la memoria, la rehabilitación psicoterapéutica, atención en salud, educación y vivienda y la ayuda humanitaria inmediata a las víctimas desplazadas. En la misma ley se estableció que la indemnización económica se reconocería a todas las víctimas, con excepción de los desplazados, que representan alrededor del 80 por ciento del universo total, quienes serían beneficiados con medidas diferentes como subsidios de vivienda. El documento Conpes 3726 de 2012 aseguró entonces la financiación de la política pública de víctimas y la incorporó en el marco fiscal de mediano y largo plazo hasta 2021. Un fallo de la Corte Constitucional en 2014, que amplió el derecho a la indemnización económica a todos los desplazados, alteró en forma significativa los cálculos presupuestales iniciales. Por esa misma razón, la propia Corte primero, y posteriormente el Congreso, adoptaron la decisión de extender por diez años la vigencia de la ley, con el fin de brindar mayores garantías a la población víctima en Colombia.
No hay Estado en el mundo entero que haya asumido el desafío de reparar a sus víctimas como el colombiano. Ninguna sociedad se ha comprometido de esa forma en la tarea de reparar a sus víctimas como condición necesaria para avanzar en la reconciliación nacional. Al día de hoy, los logros de Colombia no son comparables con ninguna otra nación que haya sufrido un conflicto interno. En una sociedad muy dada a la autoflagelación, esos resultados deberían hacernos sentir orgullosos a todos. En solo indemnización más de 1.100.000 víctimas han sido atendidas, cifra a la que ningún otro país ha llegado. Claro que sería deseable acelerar el ritmo. La complejidad de la tarea y la ineficacia histórica del Estado han sido obstáculos tan importantes para conseguir este propósito, como la misma falta de recursos. No solo se trata de plata, es también cuestión de prioridades y eficiencia. De hecho, con la reactivación del fenómeno del desplazamiento forzado que se había reducido a mínimos en la época del proceso de paz con las Farc, la Unidad de Víctimas se ha visto obligada de nuevo a destinar parte importante de su presupuesto a la ayuda humanitaria inmediata a los desplazados. Solo en 2021 se registraron más de 120.000 nuevos casos.
Tenemos entonces hasta 2031 para reparar a las víctimas y sería conveniente que el Gobierno concentrara sus esfuerzos en el cumplimiento de la ley y no gastar su tiempo en plantear reformas a la normatividad vigente. El problema hoy es de recursos y mayor eficacia administrativa, no de ley. Garantizar dentro del Plan Nacional de Desarrollo mayor presupuesto para la atención de víctimas y mejorar el funcionamiento de las entidades del sector, contribuirá a aliviar su situación. En los últimos 12 años el Estado ha invertido más de 70 billones de pesos en la política pública de víctimas y nos quedan ocho años adicionales. Si el Gobierno de Petro, que sin duda tiene un firme compromiso, asume como prioridad el tema, se podrán articular las entidades del Estado y avanzar con mayor eficiencia. No es, entonces, con nuevos proyectos de ley, emisiones monetarias o anuncios de cifras multimillonarias, como cumpliremos con las víctimas que aún no son reparadas. Es con decisión política y presupuesto para cumplir la ley.
