En la Serranía de San Lucas no se conectaron con el minuto a minuto de la audiencia de Nicolás y Daysuris. Por esos lares, tampoco se cantó que un elefante ―el de Ernesto Samper― se balanceaba sobre la tela de una araña mafiosa. Cuando los sicarios del Cartel de Medellín secuestraron y asesinaron al procurador Carlos Mauro Hoyos en un paraje de Rionegro, Segovia, en el mismo departamento de Antioquia, ya sentía el hedor de la muerte.
Escuche la columna completa aquí:
Hace 35 años fue perpetrada la masacre de Segovia: el 11 de noviembre de 1988. Diez años después, la población de Machuca (corregimiento de Fraguas, Segovia) ardió con el río Pocuné, luego de que el ELN dinamitó un oleoducto: el 18 de octubre de 1998. En la actualidad, los enfrentamientos entre esa guerrilla y el Clan del Golfo han sometido a la población civil al fuego cruzado en las veredas Arenales y Rancho Quemado de ese municipio del nordeste antioqueño. Al momento de la entrega de esta columna, dos días después de la declaratoria de cese al fuego bilateral con el ELN, trescientas personas confinadas intentan regresar a sus terruños.
A cuatro horas y veinte minutos por tierra desde Medellín, se encuentra Segovia, municipio habitado por 41 241 personas (Dane). A ese retazo de la cordillera central se le conoció como Tierra Adentro antes de llamarse Segovia, nombre de raíces celtíberas que significa “la victoria de la montaña”.
Las dos ventajas competitivas de la “Capital aurífera de Colombia” son, paradójicamente, su maldición: es una mina de oro con una ubicación geográfica estratégica. Segovia limita al norte con el sur de Bolívar, la Serranía de San Lucas, una de las principales reservas de oro de Colombia. Su constante histórica ha sido la presencia de grupos ilegales como el Frente 4 de las Farc y el “José Antonio Galán” del ELN. Las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo ahora se disputan el dominio de ese tramo del corredor de narcotráfico que va desde el Golfo de Urabá al Nudo de Paramillo, y de ahí a la Serranía de San Lucas hasta Norte de Santander.
De acuerdo con los datos de la Gobernación de Antioquia, en Segovia hay catorce títulos mineros en exploración, 44 en explotación y uno en construcción y montaje. Las principales empresas son Aris Mining, Quintana Gold y Eaton Gold. Aproximadamente 167 unidades de producción minera están registradas sin título minero, las cuales generan unos 1729 empleos.
En una entrevista para esta columna, el alcalde de Segovia, Didier Alexander Osorio, enfatizó que un 80 por ciento de la economía del nordeste depende de la minería, pero en el caso de Segovia es un 85 por ciento. Fue tajante en afirmar que los pequeños mineros (artesanales, ancestrales o informales) no son instrumentalizados por los grupos ilegales: “Son coaccionados, extorsionados, vacunados. Son víctimas del conflicto. ¿Qué le toca a un pequeño minero? Obviamente le toca pagarle al grupo X, Y, Z, porque si no la vida, su patrimonio, corren riesgo. Los pequeños no trabajan con los grupos al margen de la ley”.
¿Por qué Segovia está marcada por la muerte? ¿Por qué este municipio sería un perfecto laboratorio para que la Paz Total demuestre que no basta con desarmar a los grupos ilegales?
“No al paro, abusivos”; “UP = Sicarios MRN”; “UP: Asecenos” (sic); “Up Hp”; “Cumpliremos MRN No al paro”; “Segovia no al miedo MRN”; “De tal manera amo (sic) Dios a Segovia que nos envió MRN”; “UP = ELN”. El archivo de RTVC documenta lo que vivía Segovia en 1988.
Después de que la Unión Patriótica (UP) obtuvo por la vía democrática la Alcaldía de Segovia (¡una alcaldesa!) y siete curules al Concejo, el grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) agitó el banderazo del genocidio. Cuarenta y tres asesinatos. Hora y media duró el fusilamiento colectivo: ni el puesto de Policía ni el Batallón Bomboná, a poca distancia del fuego trepidante, se dieron por enterados. Tampoco los atacaron.
El capítulo “Mi cuerpo es la verdad” del informe final de la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad (CEV) consigna la experiencia de la alcaldesa de Segovia entre 1988 y 1990, Rita Ivonne Tobón, quien fue blanco de amenazas, hostigamientos y confinamiento. Enfrentó “la sublevación de la Fuerza Pública a las órdenes provenientes de su administración y rumores que comprometían su intimidad y honra”. Tobón declaró a los medios de comunicación después de la masacre: “La Policía no ha hecho siquiera un reporte a la Administración municipal, ni se han hecho presentes en el despacho de la Alcaldía”. El archivo de RTVC registra la soledad de la mandataria.
(Esta semana, la Jurisdicción Especial para la Paz se atrevió a perturbar el retiro otoñal en la finca de César Pérez García, criminal del Partido Liberal condenado por la masacre de Segovia).
El mismo informe de la CEV recuerda cómo a Jael Cano (q. e. p. d.), la primera concejal por votación popular en Segovia, “no la bajaban de guerrillera”. Para sus pares del Concejo era inadmisible que una mujer ocupara un cargo público. En marzo de 1997, la exconcejal dejó su pueblo por amenazas paramilitares.
Segovia y Nicolás Petro Burgos (¡hijo “único”!) como laboratorios de estudio de todo lo que corroe a la sociedad colombiana hacia afuera y desde adentro: abandono, patriarcado, mafias, política corrupta, privilegios malditos.
Con la paciencia de la araña que teje su red, el narcotráfico conquistó la montaña que ha escalado durante décadas. El asesinato de Carlos Mauro Hoyos fue la advertencia de una casta mafiosa determinada a no declinar en su infiltración de las instituciones colombianas. La masacre de Segovia fue la bandera roja de una clase política, con el Partido Liberal a la cabeza, dispuesta a no ceder un milímetro de poder a la izquierda. La población civil entre las llamas de Machuca fue el producto de los dos crímenes anteriores: un país sumido en la desigualdad, donde por cuenta del narcotráfico, las guerrillas, los paramilitares y la clase política perpetúan esa eternidad que solemos denominar el “statu quo”.
