Hace dos días (martes 22 de noviembre) y después de tres semanas de silencio y ambigüedad, el abogado Marcelo Bessa, en nombre de Jair Bolsonaro y su partido, impugnó ante el tribunal electoral el resultado de las pasadas elecciones y solicitó anular todos los votos que se han hecho a través de las máquinas de votación electrónicas en funcionamiento desde antes de 2020 (Brasil ha usado estas máquinas desde 1996). Bessa argumenta que estas máquinas son inseguras y que no tienen números de identificación. Lo que se sugiere es que, si las máquinas no tienen esos números, pudieron haber sido intercambiadas por otras con votos falsos y de esta forma afectar el resultado.
Esta solicitud aplicaría a 280.000 de las máquinas en funcionamiento -cerca del 59 por ciento- con lo cual, dicen ellos, Bolsonaro ganaría con un 51 por ciento de los votos. El tribunal les dio un plazo de 24 horas para que entreguen un reporte con toda la evidencia que sustancia sus reclamos. Expertos en varios medios brasileros e internacionales sugieren que nunca antes ha existido un problema con las máquinas.
La historia es muy parecida a la ocurrida en Estados Unidos después de la elección presidencial y el objetivo parece ser el mismo: cubrir con un manto de duda (carente de evidencia) los resultados electorales para de esa forma empezar a restarle legitimidad al ganador de la contienda y debilitarlo políticamente incluso antes de que asuma como presidente.
En el caso de Brasil, la cuestión es aún más preocupante por el papel que han jugado los militares en el pasado (la sombra de la dictadura no está completamente desvanecida) y por el vínculo entre ellos y Bolsonaro. Hace unas semanas las Fuerzas Armadas dieron a conocer un comunicado en el que afirmaron que el informe sobre la fiabilidad de las urnas del Ministerio de Defensa “no excluye la posibilidad de fraude o inconsistencia en las urnas electrónicas”. Aunque el informe “no haya apuntado” la existencia de fraude, “tampoco excluye” dicha posibilidad, dijeron. Peligrosamente, dejaron flotando en el aire la idea de que la denuncia de Bolsonaro pueda tener asidero en la realidad.
El problema más grave con este tipo de estrategias no es solamente que se debilite al ganador de las elecciones, sino el daño profundo que se la hace a las instituciones políticas propias de la democracia. En una encuesta del Instituto Datafolha el año pasado, la desconfianza hacia prácticamente todas las instituciones de los poderes públicos en Brasil creció alarmantemente. Si a esto se suma que estas mismas instituciones ahora son el objeto de cuestionamientos políticos sin base real, ello puede contribuir a aumentar la falta de credibilidad en ellas y consecuentemente debilitar el régimen democrático.
Queda demostrado una vez más que los daños que el populismo le está infligiendo a nuestros sistemas políticos y a las reglas del juego democrático pueden ser profundos y de muy largo plazo. Lo peor es que al parecer pocos están interesados en contrarrestar esta estrategia en nombre no del ganador de la contienda electoral, sino en nombre de las instituciones mismas. Entonces, prácticamente nadie está intentando construir un discurso político que contribuya a proteger las instituciones de los embates del populismo: para la derecha, las instituciones son cuestionables porque están a favor de la izquierda y para la izquierda, las instituciones son cuestionables porque han sido usadas en favor de los intereses del establecimiento. La tarea de mejorar y defender la institucionalidad democrática simplemente no da réditos electorales así que ni democracia ni institucionalidad tienen dolientes. Imposible medir hoy los costos a futuro de semejante situación.
