En las últimas semanas los medios de comunicación registraron invasiones de tierras en varios departamentos del país. Esto se torna especialmente grave en el norte del departamento del Cauca donde el conflicto por la tierra y el agua tiene hondas raíces históricas. La toma de tierras ha llevado incluso al enfrentamiento entre comunidades campesinas afrocolombianas con miembros de los pueblos indígenas. En Colombia han existido invasiones de tierras en el pasado tanto en las áreas urbanas como en las rurales. Sin embargo, el hecho de que hoy el país tenga un mandatario al que sus opositores asocian de manera malintencionada con la expropiación de tierras le otorga un carácter político álgido y socialmente riesgoso.
Algunos medios impresos y radiales han dado a estas noticias un carácter apocalíptico. “Invasores: la nueva guerra que estalló en Colombia por la tierra. Miles de vidas y la propiedad privada están en riesgo. Las autoridades no hacen nada”, tituló la revista Semana. Para su decepción, la propia vicepresidenta, Francia Márquez, rechazó firmemente las vías de hecho. Indicó que el Gobierno nacional está comprometido con una propuesta de reforma agraria integral que se presentará ante el Congreso y que beneficiará a todos los colombianos. “El camino de la igualdad no implica las acciones violentas que se han venido llevando a cabo”, declaró la vicepresidenta.
A pesar de lo anteriormente expuesto, la persistencia de estas acciones violentas contribuye a caldear el clima social. Ellas ponen en jaque al Gobierno y proporcionan una nutrida munición a sus opositores. Una muestra de ello fue la prontitud con la que el presidente de Fedegan, José Félix Lafaurie, invitó a la movilización de los propietarios de tierras y anunció la creación de un “grupo de ganaderos de reacción solidaria”. Nadie conoce si la naturaleza del grupo anunciado es pacifica o violenta, pero el tono de sus palabras evocó los tiempos aquellos en que se hablaba, con armas en las manos, de la refundación de la patria.
Los conflictos de tierra en el país tienen raíces heterogéneas y no todos son similares a los del norte del Cauca. Muchos campesinos y miembros de comunidades afrocolombianas fueron desalojados de manera violenta de sus propiedades por organizaciones armadas. Algunos de ellos reclaman el derecho a recuperar las tierras de las que fueron violentamente despojados. No obstante, las acciones de hecho pueden restarles legitimidad y apoyo a sus demandas. Tal y como lo señalara Douglas North, el papel de las instituciones es precisamente el de proporcionar una infraestructura y unos canales que sirvan para crear orden y reducir la incertidumbre.
La actual situación en torno a la tierra ha puesto de manifiesto las incoherencias de Fedegan. Sus directivos se presentan como adalides en la defensa del derecho a la propiedad. Sin embargo, a través de su máximo vocero, no han cesado durante años de menoscabar y pretender la disolución de los resguardos indígenas alegando su supuesta condición de tierras improductivas. Estos resguardos son figuras constitucionalmente amparadas de propiedad colectiva. En consecuencia, la posición de este gremio no corresponde al compromiso con las reglas de juego de una sociedad democrática, sino que se enmarca en una lógica acomodaticia que no oculta los apetitos particulares de sus miembros con respecto a los territorios legítimos de otros connacionales.
