“Me enoja cuando eres de izquierda y no puedes hablar de Venezuela o Nicaragua”, dijo el presidente de Chile, Gabriel Boric. El comentario generó titulares en medios; más aún, en los que tienen una línea conservadora o de derecha.
Pero en Colombia, muchos medios —incluida esta revista— fueron más allá y dieron a entender que se trataba de una indirecta al presidente Gustavo Petro por no haber estado presente en la votación de la Organización de Estados Americanos (OEA), para condenar las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega, en Nicaragua. El análisis y conclusión además de flojo, de fomentar la errada idea de que todo gira en torno a Colombia, es tendencioso y peligroso ante la opinión pública.
No solo porque ya el canciller Álvaro Leyva explicó en detalle las causas de la ausencia de Colombia en la votación y dejó muy claro en su conversación con el periodista Daniel Coronell (https://www.youtube.com/watch?v=qFTNRma8FoE) cuál es la postura del gobierno actual frente a las profundas violaciones de los derechos humanos (DDHH) y la fractura de la democracia en Nicaragua —algo que el gobierno chileno también conoce— sino porque además en tales “análisis” (para mí, irresponsables) no se hace, en cambio, mención a los dobles estándares de parte del secretario general de la OEA, Luis Almagro, que son ya bien conocidos en toda la región.
Sería importante tener en cuenta, si hablamos de dobles estándares, que precisamente este organismo multilateral, con el señor Almagro a la cabeza, ha venido perdiendo legitimidad en los últimos años y su gestión ha sido fuertemente cuestionada; que en su propio país de origen (Uruguay) la coalición partidista a la que pertenecía, el Frente Amplio, que lo llevó a ser no solo canciller de ese país sino que también lo postuló posteriormente en su primer periodo como secretario general de la OEA, le cerró después las puertas precisamente porque su comportamiento, de un tiempo para acá, pintado de un color político lo hace actuar de manera poco imparcial ante los abusos de poder y la violación de DDHH en la región; que en 2020 fue el gobierno de Iván Duque el que lo postuló para un nuevo periodo en esa organización y que, en consecuencia, durante el gobierno anterior, el país siempre contó con una mirada benevolente de parte de la OEA a pesar de las injustificables violaciones de DDHH durante las protestas y/o los asesinatos masivos de líderes sociales; un actuar que va en la misma línea del apoyo brindado por el secretario general de la OEA al indulto presidencial al exdictador Alberto Fujimori, propuesto por el expresidente Kuczynski en Perú, o su respaldo al expresidente Piñera frente al manejo de la crisis social que generó grandes protestas y grandes violaciones de DDHH en Chile. Esto solo por mencionar algunas muestras claras de imparcialidad, un asunto sobre el que, sin embargo, los medios hacen muy poca o nula referencia que a su vez da para pensar que también en sus reportes hay cierto sesgo y parcialidad.
Pero regresando al comentario del presidente Gabriel Boric, no hay ninguna señal que lleve a pensar lo que los medios colombianos han querido hacer creer. El comentario tiene que ver con la situación interna del país chileno, frente a la que el presidente debe ser contundente en que no va con medias tintas en lo referente a los derechos humanos. Y hace bien en manifestarlo, porque estos son precisamente derechos y están por encima de cualquier ideología, aunque tanto la izquierda como la derecha se hagan las de la vista gorda dependiendo de quién sea el actor y el autor, algo que también se presenta con claridad en relación con los atropellos dentro del conflicto Israel-Palestina ante los que la comunidad internacional guarda un violento silencio.
Por otro lado, y retomando el posicionamiento del gobierno colombiano y el comentario del presidente Gustavo Petro en cuanto a que no le queda fácil opinar sobre las violaciones de DDHH en Venezuela pues en Colombia también suceden, pienso que se podría tomar desde otro lugar. Seguro haya algo que yo no vea ahí pero para mí, es precisamente por el hecho de que conocemos por experiencia propia lo que implican para la vida de la nación las violaciones masivas a los derechos humanos, el desplazamiento y el exilio, el sufrimiento de su gente en general, que tenemos la autoridad para condenar que suceda también en otras partes del mundo; hacerlo no iría en contravía con la necesidad de abrir la frontera y dialogar, algo que tampoco desde los medios se ha querido diferenciar y solo han fomentado la hostilidad, han torpedeado los vasos comunicantes que, por el bien de la sociedad colombiana, siempre deben primar.
Así que creo que quienes consumen información producida en el país no harían mal en revisar, en situaciones como esta, el trasfondo de los hechos y la postura que plantean otras naciones, como punto de comparación; entenderíamos mejor los intereses detrás de las noticias, el porqué, para qué se informa, cómo se informa, y exigiríamos que los medios de comunicación se centren en su rol, es decir, de informar sin parcialidad ni dobles estándares y posibilitar así que la ciudadanía tenga criterio propio y libertad en pro de una democracia mayor.
