El gobierno que se posesiona el próximo 7 de agosto enfrenta un gran dilema fiscal que se puede resumir de la siguiente manera: las finanzas públicas que recibe están supremamente ajustadas y dejan un margen muy precario para aumentar el gasto público.
De otro lado, el gobierno Petro llega con un cargamento de promesas, todas las cuales acarrean un nuevo gasto social que por el momento no está cuantificado.
Las finanzas públicas que recibe la nueva administración, si se va a cumplir aquello que dijo el ministro Ocampo de que “se hará más gasto social, pero cumpliendo la regla fiscal”, no permiten tampoco endeudamiento público adicional. Por el contrario: es imperioso reducirlo si se quiere cumplir con las metas de la regla fiscal. El solo servicio de la deuda compromete hoy en día más del 25 % del total de gasto público del Estado y el alza de las tasas de interés en los mercados internacionales, agravará aún más este problema.
Ante este panorama la administración Petro no tiene otra alternativa, para cumplir con sus propuestas sociales, que tramitar como primera prioridad legislativa una drástica reforma tributaria que le asegure al Estado recursos nuevos y ojalá de tipo permanente para atender los compromisos sociales con los que llega.
Originalmente se había hablado por parte del entonces candidato Gustavo Petro que la reforma tributaria tenía como meta de recaudo 50 billones de pesos. Esta era una cifra fantasiosa. Ninguna reforma tributaria en el pasado ha logrado recaudar más de 15 billones de pesos. Y en esta ocasión se trataría de extraerle a la anémica estructura económica colombiana casi el triple de lo que han sido históricamente los recaudos logrados con las reformas anteriores.
Ya el ministro Ocampo (con un alto sentido de realismo) ha admitido que los 50 billones de pesos no son una meta para el primer año sino algo que se espaciará a lo largo del cuatrienio. Esto significa que la reforma tributaria del primer año de la administración Petro no podrá recaudar, en el mejor de los casos, más de 15 billones de pesos para financiar el paquete nuevo de gasto público con que llega comprometido.
Este es el gran dilema fiscal del nuevo gobierno: ¿con estos nuevos recaudos logrará atender el abigarrado repertorio de promesas sociales con que resultó elegido?
Con un problema adicional: la mayoría de los compromisos sociales ni siquiera se han cuantificado a la fecha. O sea, nadie sabe cuánto valen.
Por ejemplo, existe el compromiso de extender la gratuidad a toda la educación pública superior en Colombia. ¿Cuánto vale esto? Se desconoce.
Se ha notificado que las EPS desaparecerán y que se organizará un esquema de salud pública universal de oferta. ¿Cuánto puede valer esta iniciativa? Se ignora totalmente.
Se ha dicho que el Estado procederá a comprar todos los predios rurales que no acrediten una adecuada productividad. ¿Cuánto puede llegar a valer este programa de reforma agraria? Nadie tiene la más remota idea.
Se ofreció durante la campaña que el Estado pasaría a ser un empleador subsidiario de todos aquellos que acreditaran estar desempleados. ¿Cuánto valdría cumplir con esta promesa? No existe ni la más remota cuantificación.
Durante la campaña, el candidato Petro declaró en visita celebrada a las minas de carbón de Boyacá que no debía cundir ninguna preocupación puesto que así entráramos en un programa de descarbonización, el Estado seguiría comprándole a los mineros todo el carbón que produjeran a un precio rentable. ¿Cuánto podría valer llevar a la práctica esta promesa? Nadie lo sabe tampoco.
El candidato triunfador prometió que reimplantaría el Idema. ¿Cuánto costaría un esquema en el que el Estado compre todo tipo de cosechas garantizándoles a los productores precios de sustentación? Nadie lo sabe tampoco.
¿Alguien ha cuantificado lo que puede costarle al fisco nacional la suspensión de contratos de exploración de hidrocarburos? Nadie lo sabe.
Se ha dicho que este nuevo gobierno convocará diálogos regionales cuyas conclusiones serán “vinculantes”. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que lo que se decida en estas reuniones tumultuarias que muy probablemente será la exigencia de realizar más gasto público, debe traducir automáticamente en el presupuesto de gastos de la nación? Por supuesto nadie tiene una respuesta.
Y así por el estilo. La lista de promesas sociales no cuantificadas podría ocupar varias páginas. Quizás encuentren una respuesta en el próximo plan de desarrollo cuatrienal que el gobierno debe elaborar en los primeros 100 días de su mandato. Pero por el momento son inquietantes preguntas sin respuestas.
Si partimos del honesto reconocimiento que esta semana hizo el ministro de Hacienda de que la nueva reforma tributaria no podría recaudar, en el primer año, recursos nuevos de la magnitud que se había anunciado por 50 billones de pesos, sino que esta es una meta a cumplir a lo largo del cuatrienio, la pregunta que queda flotando en el ambiente es simple pero fundamental: una vez que se cuantifique toda la catarata de propuestas de nuevo gasto que se hicieron durante la campaña, ¿habrá recursos para atenderlas sin desquiciar el manejo cuidadoso de la economía?
Tal es el dilema fiscal que afronta el nuevo gobierno.
