La lógica es siempre igual, los mismos grupos, en diferentes lugares del mundo. En 2021, el asalto por parte de seguidores de Trump al Capitolio en Estados Unidos; 2020 el intento al Reichstag en Berlín; ahora, los fascistas en Brasil atacan el Parlamento. El objetivo: impedir sociedades más democráticas.
En Colombia aún no se ha visto, al menos en la última década, una intervención de este carácter porque el poder estuvo, hasta ahora, en manos de gobiernos con posturas conservadoras, de derecha o extrema derecha que, incluso cuando se declaran liberales, han pertenecido a un sector élite político y económico renuente a cambios estructurales en pro de una mayor democracia.
Pero ahora, que por primera vez, el país experimenta una real alternancia de poder, los reaccionarios están en la oposición y el establecimiento se siente sacudido por los cambios que se están dando. Se puede decir que se cocina un ambiente para desestabilizar el gobierno actual y sus políticas transformadoras.
Por eso se atacan con vehemencia los acuerdos de paz firmados durante el gobierno de Juan Manuel Santos, pues generaban ya cambios en el orden establecido por décadas en el país; pero mucho más ahora que el gobierno actual considera que nos es suficiente con la deposición de armas y que es también la cooptación del Estado por un sector de la sociedad que se ha beneficiado de ese orden, que ha violentado, excluido y abandonado a muchos otros colombianos, lo que hay que transformar pues ahí se encuentran las raíces y causas del conflicto que se quiere acabar.
Es de esperarse que senadores de la república que están hoy en la oposición, ataquen al gobierno; algunos de ellos se proclaman abiertamente pro Bolsonaro, expresan posiciones racistas y clasistas que dejan ver su convencimiento de que en Colombia hay personas de primera, segunda y hasta tercera clase.
Pero es muy grave que la prensa —que tiene el rol de mantener a la sociedad informada para que pueda formarse su propio criterio sobre la realidad del país— se posicione generando un ambiente de tensión, inconformidad y rechazo a los esfuerzos de paz, con análisis que no conducen a la reflexión, sino que más parecen un intento de manipulación. No es un asunto exclusivo de Colombia. Pasa y ha pasado en otros contextos; por citar solo uno, el periódico El Mercurio, entre otros medios, en Chile, fue durante años financiado por la CIA para trabajar en el derrocamiento de Allende y la ulterior consolidación del régimen cívico-militar encabezado por Augusto Pinochet.
A lo que voy es que siempre hay intereses y debemos estar vigilantes y exigir altura a los medios, así sean privados:
Un artículo de la revista en la que escribo y aprecio, por el esfuerzo de cambio (nombre que además lleva) al revelar muchos temas de interés público, plantea una tesis que esquiva el tema central y deja otro, peligroso, en el aire. Dice:
“Lejos de lograr una paz estable y duradera, el acuerdo con las Farc le dio paso a una ola de violencia que ahora el gobierno de Gustavo Petro busca atajar con el proyecto de paz total”.
Formular un artículo así refleja un gran problema de interpretación —o un gran problema de mala fe— y, teniendo en cuenta que se trata de un artículo de prensa que llega a muchos ciudadanos, cualquiera de las dos es extremadamente preocupante.
Pareciera que estuviéramos pasando de la fase “paz sí, pero no así” a una nueva variante, incluso más ofensiva, que estaría en el tono “la búsqueda de la paz genera más violencia”; y destroza el soporte que debe dar la sociedad (por supuesto siempre exigiendo del gobierno respeto, altura y resultados) a la construcción de una convivencia pacífica, más justa, en el país.
Concluir que son los acuerdos de paz los que han llevado al incremento de la violencia mientras se pasa por alto, como queriendo tapar el sol con un dedo, que el aumento se debió a la obstrucción, saboteo y falta de cumplimiento de estos acuerdos, además del robo de fondos destinados a la paz, por parte del gobierno de Iván Duque es, en últimas, decir que para Colombia es mejor seguir en la guerra.
Atacar los esfuerzos de paz es muy desleal con las necesidades de un país adolorido por décadas de conflicto y desigualdad. Nuestra historia ha demostrado con creces que el Estado colombiano es incapaz de derrotar militarmente a la insurgencia o a los actores ilegales en los territorios. Más de 50 años de conflicto son suficientes para concluir que la confrontación militar no ha solucionado nada y ahí sí se ha generado más violencia, pérdidas materiales y un número vergonzoso de vidas humanas.
El Ejército de Colombia es de los más fuertes de la región, ha recibido apoyo de Estados Unidos para dar la lucha contra el enemigo interno, inventado por ese país en su lógica de guerra fría y, posteriormente, en la lucha contra las drogas que ha sido un completo fracaso. Es justo ya que Colombia tome las riendas de su futuro y cambie las reglas, que dé algo de tranquilidad y oportunidades a la gente que nunca ha recibido nada más allá de guerra y violencia. Pero buscar estos cambios despierta comentarios y reacciones negativas y muchas veces violentas en quienes se oponen.
También se puso en el aire público que los militares ya no sabían cómo actuar, debido a las declaraciones de cese al fuego del presidente, poniendo a uno en contraposición con el otro. El comunicado de cese al fuego, en efecto, sorprendió al país y además doblemente; primero, por no esperarse que se diera tan pronto y, después, por tratarse de una información aparentemente falsa. Pero lo que quiero aquí resaltar es que inmediatamente después de la comunicación la lógica fue la de ponerle un palo a la rueda y usar a la fuerza pública en un asunto político.
Aquí sería justo tematizar que quienes se oponen a los cambios, tienden a instrumentalizar a la fuerza pública en contra de los acuerdos de paz y quizás una de las razones por las que se prestan para ello es que mantenerse en estado de conflicto con operaciones militares, les genera una prima de entre el 20 y el 30 por ciento del salario. Así se capta la simpatía del Ejército para las propias luchas y beneficio de quienes no quieren transformaciones reales, y lo alejan del resto del país.
Es así como la democracia se debilita, se naturalizan las ideas extremistas y se abre el camino para las posiciones de mano dura, autoritarias, militaristas y de corte fascista, con un rumbo realmente peligroso para Colombia. El país necesita labrar un camino distinto; necesita fomentar y cuidar el camino de la paz.
