El Consejo Nacional Electoral (CNE) es el órgano encargado de la inspección de la organización electoral. Controlando a los partidos políticos, movimientos significativos y sus respectivos candidatos a elección popular. La responsabilidad de cumplir la tarea recae sobre nueve magistrados que son electos por el Congreso de la República.
Entre los elegibles dos nombres han sido controversiales: Álvaro Hernán Prada, quien fue llamado por la Corte Suprema de Justicia por ser un presunto cómplice en el intento de manipulación de testigos en el proceso contra Álvaro Uribe por presuntos nexos paramilitares; César Lorduy, excongresista de la república, autor de la “ley mordaza” y presunto asesino. Pero, a esa lista de cuestionables falta un nombre postulado por el Partido Conservador: Alfonso Campo Martínez.
Campo Martínez desde joven inició su carrera pública, labor que ha estado llena de presunta trampa, denuncias, desacatos, clientelismo, tráfico de influencias y malversación de fondos.
Luego de su paso por la Fiscalía General de la Nación, como fiscal delegado, fue dos veces electo personero de Valledupar, volvió a aspirar al cargo y fue denunciado por plagio en pleno examen realizado por la Corporación Universitaria de la Costa. Los candidatos William Herrera Clavijo y Vladimir Flórez Castilla, afirmaron que tenía las respuestas anotadas en un papel oculto en la media de su zapato.
La universidad se lavó las manos afirmando que eso era imposible porque cumplieron los protocolos establecidos, versión que contradice a los mismos concursantes. El aspirante José Jaime Padilla sostuvo en El Heraldo que, “no hay acompañamiento de autoridades disciplinarias, hay denuncias de fraude, por lo tanto varios de los aspirantes consideramos salirnos de la realización del examen”. Así como Jaime, algunos expresaron que la universidad no les otorgó garantías de transparencia.
Para salir de dudas le pidieron una requisa a Campo, este se molestó, se negó y se marchó. Su actitud tiene más sentido cuando hoy fuentes afirman que se aprovechó de su cargo como personero para romper la cadena de custodia del examen y así obtener las respuestas.
Luego del escándalo fue nombrado director de la UNP, ahí les profesaba a los sindicalistas de Sintrasecol, Sinproseg, y Sintraunp su filosofía de vida y lema extraoficial de la entidad “veamos la derecha como lo bueno, la izquierda lo horrible”.
Gracias a esa filosofía negaba sin razón algunos esquemas de protección para líderes opositores, les negaba viáticos a escoltas que protegían líderes sociales, periodistas, y sindicalistas. Obligándolos a responder con la carga presupuestal de los viáticos, pero a los amigos del gobierno les brindaba viáticos ilimitados, y como si fuera poco, a su escolta le asignó viáticos por 30 días.
Al sindicalista, Libaniel Franco Castañeda, quien desde 2014 viene denunciando amenazas y sufrió un atentado en 2016, sin ninguna justificación le quitó su camioneta blindada y se la cambió por un carro convencional, el cual no cumple con las medidas de seguridad necesarias tanto para él, como para sus escoltas.
Omitió nuevos hechos que aumentan el riesgo de los protegidos, por eso mismo fue sancionado por el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, donde el juzgado le pidió a la Fiscalía General investigarlo por fraude de resolución judicial y la Procuraduría por presuntas faltas disciplinarias al negarse a revaluar el riesgo de Esneda Saavedra Restrepo.
A la hora de legalizar los viáticos, cuando el escolta regresaba de la comisión de acompañamiento, debido a errores técnicos en las plataformas privadas de legalización le descontaban al escolta. Le fue comunicado una y otra vez, pero para él, los reclamos de los escoltas eran palabras necias y aplicó oídos sordos. Los sindicalistas fueron a paro, Campo Martínez para acabar el paro se comprometió a resolver tal problema para luego incumplir.
Según fuentes usaría la comisión de servicios de la unidad para ir de paseo junto con una gran comitiva conformada por subdirectores, secretaria general y asesores jurídicos a ciudades como Valledupar y Medellín, mientras estas se encontraban de fiesta. Pasaba los viajes como funciones propias del cargo, entre estas la inauguración de sedes y supervisiones, para así poder cobrar viáticos.
Fue denunciado por el periodista Yohir Akerman en su columna “Unidad Nacional de Espionaje”, de tener sin ninguna justificación creíble dispositivos en los vehículos de los protegidos que facilitaban la obtención de datos personales que podrían ser usados con fines de espionaje.
A pesar de todos estos cuestionamientos, aclaro, son más pero no caben en una columna, el Partido Conservador apoya firmemente la elección del señor como magistrado del CNE. En Colombia entre más importante el cargo más cuestionable es quien lo ocupa.
