Paradójicamente, las próximas elecciones de mitad de término en Estados Unidos se han constituido en una seria amenaza para la democracia estadounidense. Levitsky y Ziblat lo dijeron hace rato en su libro Cómo mueren las democracias: los más fuertes ataques contra la democracia ya no son externos, los enemigos de esta forma de gobierno juegan el juego electoral para hacerse al poder y después buscan derrumbar los cimientos del sistema político desde adentro.
Tal como lo reportó el Washington Post hace un par de semanas, la mayoría de los candidatos republicanos que competirán en las próximas elecciones para la Cámara, el Senado y puestos claves en la administración de los estados, ha negado o cuestionado el resultado de la elección presidencial anterior. De 569 candidatos republicanos que analizó ese periódico, 291 –el 51 por ciento– son negacionistas y han suscrito públicamente la tesis de que a Trump le robaron las elecciones. Peor aún, la mayoría de esos candidatos tiene grandes posibilidades de ganar.
Entre otras cosas, este grupo de republicanos radicales está dispuesto a lo que sea para poner sus fichas en las secretarías de estado, en las fiscalías locales y otros puestos a nivel estatal claves en el proceso de escrutinio electoral. Si su plataforma política es que fueron justamente esas entidades las que supuestamente le robaron las elecciones a Trump (reclamo que no ha podido ser probado de ninguna forma y que muchos especialistas en materia electoral insisten en que no tiene ningún asidero en la realidad), y por eso ahora deben estar bajo su control, es claro que el plan es el debilitamiento institucional a ese nivel y, por tanto, solo seguirá una erosión rápida del proceso electoral.
Pero esto no es de lo único que hay que preocuparse. Las legislaturas estatales han llevado a cabo una ofensiva de grandes proporciones para ponerle talanqueras al derecho al voto: han intentado reducir el número de votantes que pueden participar por correo y no presencialmente, han buscado ponerle límites al uso de las urnas, restringir la cantidad de tiempo que estarán abiertos los puestos de votación y aumentar exigencias en materia de documentos de identificación para los votantes. Todas estas medidas afectan desproporcionalmente a las personas pertenecientes a minorías y, consecuentemente, son malas noticias para las aspiraciones de los candidatos demócratas.
Según The Economist, se han propuesto 566 proyectos de ley locales para restringir el derecho al voto (¡!), de los cuales el 93 por ciento han sido liderados por miembros del Partido Republicano. Por fortuna, la gran mayoría de estos proyectos no han llegado a feliz término. Pero si los republicanos trumpistas logran avanzar en los comicios de noviembre, es muy probable que la suerte se vaya desvaneciendo y esta agenda termine por avanzar.
Y mejor ni hablemos del rediseño de los distritos (gerrymandering) que han adelantado los republicanos en muchos estados y que hoy les hace prácticamente imposible a los demócratas ganar una elección en esos lugares.
En síntesis, en Estados Unidos, uno de los dos partidos dominantes ha dejado por el camino su compromiso con la democracia. El episodio del 6 de enero en el que fuerzas radicales intentaron tomarse el Capitolio, la adopción de una plataforma negacionista del resultado electoral, la agenda de restricción del derecho al voto y el abusivo gerrymandering demuestran un claro interés en el fin (hacerse al poder) pero una preocupación casi nula por lo más importante: los medios. Ojalá el Partido Republicano logre rescatar de entre los escombros su compromiso con las reglas del juego democrático y empiece a ponerle fin, ojalá prontamente, a la nefasta era Trump.
