No ha sido un buen comienzo para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Para nada. No solo por sus misteriosas desapariciones que ha tratado de justificar con confusas explicaciones. Ni por la desafinada actitud de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, con sus declaraciones incendiarias y contradictorias y el maltrato a los medios de comunicación al huir de una rueda de prensa cuando no le gustaron las preguntas. O por la preocupante amenaza del ministro del Interior, Alfonso Prada, de sacar a la gente a las calles si no se aprueba la reforma tributaria. Todos temas muy alarmantes, todos, pero hoy vamos a tratar otro.
El pasado 30 de agosto, el presidente Petro firmó sus primeras ocho órdenes de extradición como mandatario de Colombia. Dicha determinación se dio en medio de la iniciativa del Gobierno Nacional de condicionar esta medida, para alcanzar la paz total planteada por el jefe de Estado desde su campaña rumbo a la Casa de Nariño.
Todos los que fueron extraditados están relacionados con los delitos de lavado de dinero y el tráfico de estupefacientes. Pese a eso, un caso brilló por su ausencia y es el de Álvaro Fredy Córdoba Ruiz, hermano de la senadora electa por el Pacto Histórico, Piedad Córdoba.
Incluir a esta persona hubiera sido una gran señal de que el presidente Petro no solo va a ser implacable con sus enemigos, sino también con sus aliados, en especial cuando la evidencia es tan fuerte y contundente.
Un poco de memoria. Córdoba Ruiz fue detenido el pasado 2 de febrero en Medellín, luego de que Estados Unidos solicitara su extradición por vínculos con actividades de narcotráfico. Cuando fue detenido, su hermana dijo que todo era una persecución política en contra de ella y su familia. Pero miente la senadora. Los hechos y la vasta evidencia del caso demuestran que este es un tema inminentemente jurídico y lo único político, hasta ahora, ha sido demorar su extradición.
En especial porque la Corte Suprema de Justicia avaló su extradición, por el cargo de “concierto para importar narcóticos”, pedido por la Corte Distrital de Estados Unidos el pasado 17 de agosto.
Vamos a la evidencia.
El indictment, o escrito de acusación del Distrito Sur de Nueva York, tiene 70 páginas y contiene un documento muy importante, que es una declaración juramentada de Matthew S. Passmore, agente especializado de la Administración para el Control de Drogas, DEA.
Ese investigador fue el encargado de recolectar las pruebas para demostrar la culpabilidad de Córdoba y sus aliados, Alberto Jaramillo, alias Alonso Héctor, y la señora Amanda Libia Palacio Mena.
Passmore es uno de los agentes de mayor reputación dentro de la DEA por su capacidad, desde 2009, de diseñar estrategias para capturar narcotraficantes. Su conocimiento y habilidades fueron claves para que la Corte de Nueva York acusara en 2020 de narcoterrorismo al exdiputado venezolano Adel El Zabayar. Nada más ni nada menos. Un año después, Passmore fue el cerebro de la captura en España del exdirector de inteligencia de Venezuela, Hugo Carvajal, acusado de ser la cabeza del Cartel de los Soles.
Un agente investigador de verdad, verdad.
Y esa es la persona que manejó la operación que terminó con el hermano de Piedad Córdoba preso. Según su declaración juramentada realizada el 28 de febrero de este año, la operación en contra de Álvaro Córdoba empezó en 2020, cuando una fuente confidencial, denominada CS-1, se hizo pasar por un narcotraficante mexicano que trabajaba para uno de los grandes carteles y que estaba interesado en desarrollar contactos para comprar drogas ilícitas en Colombia.
El agente encubierto CS-1 entró en contacto con Amanda Libia Palacio Mena quien, en febrero de 2021, le presentó un químico que supervisaba numerosos laboratorios de procesamiento de cocaína. CS-1 le dijo que necesitaba algo más grande para poder enviar grandes cantidades del narcótico de Colombia a Venezuela y posteriormente a México. Ahí entraron Alberto Jaramillo y el hermano de Piedad Córdoba.
Cinco meses después de ese contacto, Córdoba Ruiz participó con Palacio Mena y CS-1 en una videoconferencia, que fue grabada legalmente por parte de las autoridades estadounidenses, en la que el hermano de Piedad Córdoba se comprometió a buscar un “padrino” para que le ayudara al agente encubierto y disfrazado de narcotraficante mexicano. Todo esto manejado por Passmore.
El 10 de agosto de 2021 hubo otra reunión por videoconferencia, que también fue grabada legalmente por las autoridades, en la que el agente de la DEA manifestó estar muy satisfecho de que Palacio y Córdoba expresaran su colaboración y asistencia para empezar a mover miles de kilogramos de cocaína hacia México. En la reunión se habló hasta de 3.000 kilogramos.
Una serie de reuniones siguieron, presenciales y por videoconferencia, todas grabadas, en las que los sujetos fueron comprometiéndose cada vez más a cosas ilegales y a comercializar más cantidad de cocaína hasta hablar de tener la capacidad de mover 8.000 kilogramos del estupefaciente cada cuatro meses.
Como lo contó un artículo de CAMBIO, el 17 de diciembre de 2021 fue la reunión más importante. En esa fecha el hermano de Piedad Córdoba coordinó la entrega de una muestra de cinco kilos de cocaína que fue suministrada a las afueras de Medellín, supuestamente para ser llevada a México a los patrones mexicanos del cartel.
De acuerdo con la declaración del agente Passmore, Córdoba y sus socios manifestaron que la cocaína venía de la disidencia guerrillera de las Farc que tenía rutas, camiones y todo lo que se necesitara para mover la droga. Córdoba agregó, por su parte, que en un campamento cerca a Popayán, las Farc tenían cerca de 300 hombres armados hasta los dientes, y se ofreció a cuadrar un viaje para que los mexicanos se reunieran con el comandante de la disidencia, Gentil Duarte, para que discutieran sobre la cantidad, los precios y la logística.
Por el cargamento le entregaron un primer pago de 15.000 dólares estadounidenses y fue Córdoba, según el indictment, quien contó el dinero, dólar por dólar.
Seguramente, si se dio la necesidad de contar los billetes es porque todavía existía desconfianza en la relación. Y cómo no iba a suceder eso, si los recursos provenían de la DEA y la droga terminó en manos de la misma entidad.
Córdoba, Palacio y Jaramillo fueron capturados el 2 de febrero de 2022 en Medellín por esas autoridades, en una reunión personal con el agente encubierto, en la que se discutieron los próximos cargamentos. Vaya sorpresa se debieron llevan cuando los supuestos narcotraficantes se identificaron como agentes de la DEA y les pusieron las esposas.
El fiscal auxiliar de los Estados Unidos, Benjamin Woodside Schrier, quien estudió las pruebas del caso, incluidas las grabaciones y la declaración del agente Passmore, concluyó que los acusados colombianos deben ser declarados culpables de concierto para importar narcóticos, entre otros, delito por el que las leyes de ese país establecen una pena máxima de prisión, es decir cadena perpetua.
Como lo determina el expediente y la evidencia, no hay margen alguno para decir que esto fue una trampa política que le hicieron al hermano de Piedad Córdoba, como lo dijo ella. Y por eso el gobierno de Gustavo Petro no debería demorarse más en aprobar esta encajonada extradición y con eso acabar con cualquier tufillo de manejo político de este complicado caso legal.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
