Con un par de designaciones ministeriales y tres reuniones desapareció la tan cacareada admonición de que la gobernabilidad de Petro estaría modulada por la diversidad política y la disparidad ideológica que caracterizan a las fuerzas partidistas en el Congreso de la República. No le asigno demasiada contundencia a la explicación de que eso ocurrió porque de un día para otro los “políticos tradicionales” se convirtieron a la causa del “acuerdo nacional” y que por eso se han agolpado a las puertas del nuevo gobierno.
Tampoco parecería creíble una conversión en masa de los politiqueros a las ideas reformistas que contiene el programa del Pacto Histórico. No en vano durante la campaña, y desde antes, las tesis y propuestas del petrismo despertaron el más enconado rechazo; muchas de ellas criticadas y ridiculizadas por los mismos que hoy hacen fila. Tampoco creo suficientes las proverbiales habilidades de Roy Barreras como explicación de por qué los partidos tradicionales ingresaron al redil. Más bien la explicación está por los lados de que aspiran a seguir reproduciendo las prácticas tradicionales que los han mantenido en el poder.
La realidad es que por las razones que sean hoy Gustavo Petro cuenta con una mayoría legislativa compuesta por sus propias tropas y sus aliados naturales, a las que se les suman las fuerzas que a pesar de haberle sido históricamente antagónicas están hoy plegadas a los designios del presidente electo. Eso en sí mismo le otorga un gran margen de autonomía al próximo gobierno para impulsar su agenda legislativa. Y como si eso no fuera suficiente, Petro también cuenta con otros factores de poder que reducen la efectividad y el impacto de los potenciales contrapesos institucionales y los provenientes de la sociedad civil.
El mandato de Petro nace, como lo demuestran los análisis electorales, de una Colombia desdeñada por la institucionalidad y la política tradicionales, que incluye a las periferias regionales, a las comunidades afro e indígenas, a las juventudes populares, a los sindicatos, a las víctimas de la guerra y a muchos movimientos de la sociedad civil con causas específicas que no se tramitaron adecuadamente dentro del sistema. Sus mayorías electorales se construyeron gracias a que el Pacto Histórico y el mismo Petro lograron la alquimia de trasladar el activismo reivindicativo, la movilización popular y las modalidades no convencionales de participación política desde los campos, las redes y la calle a las urnas. Pero ese es un camino de doble vía, si fuese necesario quienes fueron a las urnas también pueden regresar a las calles.
Los contrapesos correspondientes a los organismos de control y de investigación hace rato que los desactivó y neutralizó el gobierno que termina. Posiblemente no será diferente en el actual, para quien poder contar nuevamente con unas Procuraduría, Fiscalía, Contraloría y Defensoría amarradas le convendría inmensamente. No nos hacemos ilusiones de que Petro, por más que quisiera, va a promover una transición en esas “ías” hacia niveles mayores de autonomía, fiscalización e independencia. Ojalá nos lleváramos una sorpresa en esa materia.
Y como si todo lo anterior fuera poco, durante el gobierno de Petro ocurrirá además una importante renovación en la Corte Constitucional, que ha sido un contrapeso constitucional ejemplar actuando de balance permanente frente a los otros poderes públicos y frenando abusos de autoridad y excesos del poder ejecutivo.
Mayorías arrolladoras en el Congreso de la República; la posibilidad de crearle presiones políticas y sociales a los contrapesos institucionales o de la sociedad civil; órganos de supervisión que continuarían secuestrados; nuevas mayorías en las cortes y unas bodegas que se mantienen activas moliendo a quienes se atreven a disentir con el Pacto Histórico acusándolos de apátridas, fascistas o entregados; son todos motivos de preocupación que inquietan a quienes tenemos la convicción de que la madurez de la democracia colombiana será suficiente para preservar la estabilidad institucional. Está en manos de Gustavo Petro demostrarnos que estábamos en lo correcto o que cometimos el inmenso error de creerle que el cambio no se haría a costa de la Constitución de 1991.
