Nuestros recorridos son distintos, tal vez también la orilla desde donde miramos la historia del país, pero es en los sueños y en las emociones en donde nos encontramos aquellos que conocemos directamente el desgarro que deja la guerra. Aunque nuestro trasfondo sea diferente yo como víctima del Estado y ellos de las Farc, en el dolor somos todos iguales y como iguales debemos salir de ahí.
Hace pocos días, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) realizó la audiencia de reconocimiento del caso 01, es decir, el relacionado con el secuestro de civiles y miembros de la fuerza pública por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc).
El trabajo que hacen, en especial algunos magistrados, desde ese tribunal, para sacar a Colombia de su guerra permanente, supone no solo visibilizar estos crímenes contra la humanidad, sino también la posibilidad de devolverle algo arrebatado a millones de adultos, jóvenes y niños y que los demás entiendan que esa realidad nos incumbe a todos por igual porque nos ha denigrado en conjunto como nación.
El caso 01 de la JEP es el reflejo de lo bajo que cayó el país. Los procesos de verdad y justicia, que adelanta este tribunal, son lo que nos permitirán finalmente desatar nudos y avanzar. Porque el trabajo de esta institución abre los espacios que la violencia nos cerró y por eso la debemos apoyar.
No son pocos los que sienten que la JEP es indulgente con las Farc. Asumen que justicia solo se da si hay un castigo al perpetrador con un largo encierro tras las rejas y excluyen o no conocen las alternativas a la prisión.
La justicia transicional no es perfecta, pero si se sigue lo establecido para su efectividad, no es correcto decir que promueve la impunidad. Por otro lado, vale la pena recordar que la justicia ordinaria dejó más del 90 por ciento de los delitos sin castigo, sí, en la impunidad; no resultó ser el garante que el país demandó.
La posibilidad de las víctimas de manifestar directamente su dolor ante los causantes de su sufrimiento, los jueces de la JEP y ante todo el país, es una gran oportunidad para confrontar nuestra historia y responsabilidad en lo que por décadas no hemos querido ver ni asumir; porque si bien estos procesos jurídicos no pueden cambiar el pasado, nos ayudan a dimensionar todo lo que ha estado mal y ha dañado al país. Sentar bases éticas para moldear el futuro que queremos construir, para resistir y que no toleremos que esto vuelva a sucederle a nadie nunca más.
Resulta paradójico, además, que las víctimas son -en muchos casos- más optimistas que quienes no han sido golpeados por la injusticia ni la guerra.
Porque aún sabiendo que será imposible ya recuperar lo que esta destrozó y les quitó y que no encontrarán una reparación en toda su extensión, están dispuestas a revivir el dolor, a exponerse en un tribunal, y contar, solo para decir en voz alta 'esto nos pasó a nosotros y necesitamos avanzar en una dirección más justa y en paz'.
Quienes hemos estado en Colombia ante esta situación, sabemos que no solo se trata de tramitar el dolor sino también de la lucha interna que hay que dar por superar el pesimismo en un país cuya justicia, por cuenta de maniobras políticas, ha generado una gran desilusión.
Daniela Arandia tenía siete años cuando las Farc privaron de su libertad a Gerardo, su padre, un geólogo quien trabajaba en la Vereda de Manizales en Puerto Rico, Caquetá, el 20 de julio del año 2000. Ante la JEP contó que ni siquiera obtuvo una prueba de supervivencia de su papá, de las tantas que pidió su familia y nunca más lo volvió a ver.
Ahora que soy madre pienso también en la angustia profunda que los padres, algunos encadenados, tuvieron que cargar más allá de la propia situación inhumana que vivían, pensando en el desamparo de sus niños, viendo sus proyectos truncados y en no poderles volver a responder.
En estos casos no siento que sea suficiente transmitir mi solidaridad con quienes padecieron este flagelo, no quiero darme la vuelta y sentir que así ya cumplí.
Entiendo estos horribles hechos como un ataque a mi propia paz, a mi hijo y a mí, porque una injusticia contra otra persona es una amenaza a toda la comunidad.. Es hora de que veamos estos crímenes de guerra como un asunto que nos afecta y concierne a todos y por el que en conjunto debemos exigir verdad, justicia y no repetición, y que no sea nunca más un simple proceso de un tribunal entre víctima y perpetrador.
La justicia que está tejiendo la JEP, así como los procesos de verdad que se presentarán hoy en el informe final de la Comisión de la Verdad, hacen parte del capítulo de la nueva historia que se ha empezado a escribir en el país independientemente de gobiernos de turno y esto lo tenemos que resaltar.
Porque por encima de la política o el contexto social, es la justicia y la verdad la que hace viable, sustenta la democracia y se convierten en una propuesta de vida en común, en la que el miedo y la amenaza de sufrir una agresión, sin que nadie rinda cuentas y todos se olviden, no sea lo común.
Si hay verdad, justicia y algún tipo de sanción, habrá mayor confianza y por lo tanto será posible un pacto social que nos saque de la guerra, del dolor y podamos, por fin, construir en paz.
