El proyectil disparado el 23 de noviembre de 2019 por Manuel Cubillos, miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, no solo le causó un trauma mortal al cráneo de Dilan Cruz; también le creó una fractura profunda al corazón de nuestra nación. El entonces senador Gustavo Petro prometió tener la cura para sanar la herida: acabar el Esmad. Pero como gobernar es distinto que hacer campaña, y ser presidente es muy diferente a ser el jefe de la oposición, muy pronto se dio cuenta de que prometió lo imposible.
Las circunstancias del asesinato de Dilan Cruz revelan las razones por las cuales el Esmad, como está concebido y como opera, en vez de ser una fuerza garante de la seguridad de la ciudadanía y del orden público, es un escuadrón provocador y peligroso. Sin embargo, la solución no puede ser dejar al país sin un cuerpo antidisturbios. Cerrar la herida y salvar vidas requiere reformar, pero no acabar, el Esmad.
A Dilan lo asesinaron con una escopeta calibre 12, prohibida actualmente por la Corte Suprema de Justicia. Le dispararon de manera horizontal, aunque el entrenamiento que tuvo que tomar el capitán Cubillos le enseñó que solo se podía hacer de manera parabólica. Le apuntaron, aunque no estuviera causando ningún disturbio. Y le quitaron la vida por estar cerca de una protesta pacífica que el Esmad decidió caprichosamente intervenir de manera agresiva y desproporcional.
Según el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, desde su creación en 1999 hasta junio de 2019, el Esmad ha cometido 43 “ejecuciones extrajudiciales”. Durante el paro nacional, en 2021, Indepaz publicó que presuntamente agentes del Esmad asesinaron a 22 civiles y causaron 83 lesiones oculares. Lo anterior sin que haya una sola sentencia condenatoria.
No podemos seguir hablando de democracia y de Estado de derecho cuando quienes nos deben cuidar nos matan. “Defender las instituciones” no puede seguir siendo la excusa para postergar los cambios que el país necesita si queremos realmente convivir en paz. Pero los cambios se deben hacer para salvar vidas, y acabar con el Esmad solo produciría más muertes.
En la práctica, desmontar la fuerza antidisturbios significaría que en casos de alteración al orden público y cuando fallen los gestores encargados de promover el diálogo, quien tendría que intervenir sería la Policía de Vigilancia. Teniendo en cuenta que esta Policía usa armas de fuego, desmontar al Esmad violaría todas las normas internacionales y pondría en mayor peligro a los manifestantes.
Según la regulación internacional del derecho a la protesta de las Naciones Unidas, “la fuerza letal solo puede usarse como último recurso para proteger contra amenazas inminentes a la vida y su uso no es admisible para la mera disolución de una concentración”. Por este motivo, aunque el Esmad utilice armas que en algunos casos puedan ser letales, y esto sí es urgente acabarlo, no usa armas de fuego. Y esta es la razón por la cual la Policía de Vigilancia cometió los peores excesos y el mayor número de muertes durante el paro nacional. Según la ONG Temblores, desde el 28 de abril hasta el 31 de mayo de 2021, se registraron 184 situaciones en las que la Policía accionó armas de fuego en el contexto de las protestas.
Dejarle el manejo de la protesta social a la Policía de Vigilancia sería la consecuencia real de no tener una fuerza antidisturbios. Quien alegue lo contrario estaría mintiendo.
Pero esto no quiere decir que no se deba reformar el Esmad. Comenzar por cambiarle el nombre y el uniforme, aunque es un símbolo importante para crear confianza y poder construir una nueva relación con la ciudadanía, no deja de ser un cambio cosmético cuando la transformación debe ser estructural. Lo importante es realmente garantizar que el Esmad sea un cuerpo de protección y no de represión; de disuasión y no de provocación.
El nuevo cuerpo antidisturbios, se llame como se llame y se vista como se vista, no debería usar armas letales y los armamentos de letalidad reducida deberían usarse según los protocolos y de manera segura. Tampoco debería acompañar las manifestaciones, solo debería intervenir en casos excepcionales, cuando los gestores de convivencia hayan fracasado en restablecer el orden público y cuando la ciudadanía y los manifestantes se encuentren en un riesgo inminente. Su propósito debería ser proteger la protesta pacífica, nunca desmontarla y menos asesinar a sus miembros.
También es muy importante que cuando un agente se extralimite, la justicia y las autoridades actúen. Los mensajes de solidaridad con la Policía y el Esmad en contextos de violación de derechos humanos por parte de la fuerza pública, que caracterizaron al gobierno de Iván Duque, profundizaron la herida y crisparon aún más los ánimos. Según la Corte Suprema de Justicia y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la no neutralidad del gobierno colombiano estigmatizó la protesta pacífica.
El caso de Bogotá nos puede dar luces sobre la eficacia de los gestores de convivencia. Según datos de la Secretaría de Seguridad, el 49 por ciento de las protestas que escalaron se atendieron con gestores y solo en el 13 por ciento tuvo que intervenir el Esmad. Lo anterior nos demuestra que el camino del diálogo y el respeto a la protesta pacífica es la verdadera cura.
Más vale que el presidente Gustavo Petro le explique a la ciudadanía honestamente las razones por las cuales es imposible acabar con el Esmad. La herida que nos dejó la muerte de Dilan Cruz no se cierra con promesas imposibles. El gobierno tendrá que reformar de manera profunda y estructural el Esmad, pero la fuerza antidisturbios llegó para quedarse.
