Ana Cristina Restrepo Jiménez
10 Diciembre 2022

Ana Cristina Restrepo Jiménez

La turbina silenciosa

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La activación escénica de las turbinas 1 y 2 del Proyecto Hidroeléctrico Ituango (PHI) no exime a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) de deudas ni del riesgo de pago de garantías. Queda pendiente un compromiso superior, moral e histórico, una turbina silenciosa que se encendió en las recientes audiencias de seguimiento de medidas cautelares de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en La Escombrera.

Escuche la columna completa acá:

El subdirector de Servicios Forenses del Instituto Nacional de Medicina Legal (INML), Carlos Murillo, confirmó que EPM exhumó víctimas de muerte violenta en el cementerio comunitario de Orobajo, en la zona de influencia del PHI: de catorce cuerpos, dos presentaban “trauma por proyectil de arma de fuego” (Ver: https://onx.la/cfb1c).

¿Esto qué significa? Que EPM infringió la norma. La historia comienza cuando la empresa Integral, contratista de EPM, contrató a su vez a la Fundación Socya para la “gestión social” del PHI. En desarrollo de estas funciones, el laboratorio de Osteología de la Universidad de Antioquia estuvo a cargo del traslado administrativo de los cementerios La Fortuna (Buriticá), Barbacoas (Peque) y Orobajo (Sabanalarga).  El problema radica en que cuando un cuerpo presenta lesiones perimortem –muerte violenta–, su traslado es potestad exclusiva de la Fiscalía General de la Nación (FGN).

EPM está vinculada a las medidas cautelares para la búsqueda de desaparecidos decretadas por la JEP a petición del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. Este 15 de diciembre, una audiencia evaluará la viabilidad técnica de la exploración subacuática en tres lugares del área de influencia del PHI. El peritaje está a cargo de Equitas, expertas forenses en prospección arqueológica en cuerpos de agua. (El desembalse está descartado).

Pero la exhumación no es la única irregularidad. En el Auto AT015 de 2020, la JEP le solicitó a Socya remitir información sobre el coronel (r) del Ejército Juan Carlos Piza Gaviria. El 4 de agosto de 2014, esa fundación contrató a Piza para servicios “de consultoría de seguridad y mitigación de riesgos”. Entre sus obligaciones figuran “análisis de inteligencia”, “análisis de riesgo a los lugares o proyectos que determine el contratista”, “coordinación con autoridades militares y policiales” y “seguimiento de informaciones”.

En la hoja de vida que Piza presentó en Socya, se lee: “Comandé el Grupo de Caballería No. 4 con sede en Rionegro, Antioquia, donde mediante un trabajo de acercamiento con las autoridades civiles y población se logro obtener, [sic] la tranquilidad y seguridad de los habitantes de esta zona”.

¿“Tranquilidad”? 

En diciembre de 2018, Piza diligenció un formato de sometimiento a la JEP por el delito de doble homicidio agravado, bajo investigación de la Fiscalía 109 de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y el DIH de Medellín. En noviembre de 2021, la JEP lo citó: su nombre ha sido mencionado por soldados comparecientes. Así mismo, la investigación “La Brigada más ‘Efectiva’: Crímenes de la IV Brigada bajo la seguridad democrática y el Plan Colombia (2002-2003)”, realizada por colectivos de víctimas y de litigio por los derechos humanos, describió así al Batallón Grupo de Caballería Mecanizada No. 4, Juan del Corral: “Unidad táctica que estuvo al mando de la operación Marcial, cuyas irregularidades son evidentes y los casos de ejecuciones extrajudiciales seguían ocurriendo dentro de las filas bajo su mando”. El reporte relaciona a esta unidad con veinte casos de civiles asesinados y presentados como bajas en combate. Piza asumió su comandancia en diciembre de 2003.

A pesar de estos hechos, y después de seis otrosíes, Socya prorrogó el contrato de Piza hasta agosto de 2019 y aumentó el valor del mismo.

¿Cuál es la historia reciente de las comunidades que acompañó Socya?

El análisis espacial de la desaparición forzada y el hallazgo de fosas comunes en Briceño, Ituango, Peque, Sabanalarga, Toledo y Valdivia, presentado por Luis Gabriel Salas, geógrafo del Grupo de Análisis de Información de la JEP, convierte en cartografía algunos datos del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entre 1982 y 2016 se registraron 318 víctimas de veinticuatro masacres en Valdivia, doce en Ituango, cinco en Sabanalarga, cuatro en Peque, y tres en Toledo y Briceño, respectivamente. 667 desaparecidos.

“La parábola de la concentración del 95 % de los datos coincide con el curso del río Cauca […] el área de traslape de las tres variables (desaparición forzada, masacres, y lugares de prospecciones y hallazgos de cuerpos) es de 70 %”, concluye Salas. (Ver: https://onx.la/712b2).  La temporalidad permite observar que el desarrollo del PHI coincide con el incremento de la presencia del Bloque Mineros de las Autodefensas Unidas de Colombia.

Hasta mayo de 2019, la FGN había adelantado 196 diligencias de búsqueda de cuerpos. Durante décadas, las juntas de EPM, los alcaldes de Medellín, gobernadores de Antioquia y gerentes del Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA, accionista mayoritario del PHI) estuvieron ahí. ¿Por qué, antes de la justicia transicional, ninguna institución estatal evidenció esta cartografía de sangre? ¿Cuál es el precio, en vida y dignidad humana, de generar energía?

Por solicitud de EPM, el hoy célebre “Héroe de Hidroituango”, William Giraldo, vicepresidente de Proyectos de Generación de Energía, rindió testimonio ante la JEP. Declaró que entre sus funciones estaba el “desarrollo y cuidado ambiental y social”, pero, en contraste, reconoció desconocer informes ampliamente difundidos como el del profesor Modesto Portilla (Universidad Nacional), el de la Corporación Geoambiental Terrae y el del Movimiento Ríos Vivos. (Ver: https://onx.la/ca960).

¡¿Quién se atreverá a cuestionar la exploración subacuática o sus costos?!

En Colombia hay más de cien mil desaparecidos. Un 65 % de los casos carece de muestreo de ADN del INML. ¡Su búsqueda tiene que ser prioridad en el Plan Nacional de Desarrollo!

Las aguas del Cauca corren sobre –al menos– treinta y dos puntos ilegales de inhumación. Donde los armados asesinaban y enterraban, los barequeros y pescadores encontraban cadáveres atascados en remolinos, abandonados en remansos. 

Aturde el silencio de esta turbina.

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