La verdad es que yo nunca he podido entender por qué razones de fondo algunas personas se oponen, casi por reflejo, a la posibilidad de que un congresista pueda ser nombrado ministro de Estado.
En una democracia, la primera regla que debe cumplir un gobierno consiste en arrancar su periodo edificando una sola sólida mayoría parlamentaria. Las recientes elecciones de medio término en los Estados Unidos, en donde se dio un áspero pulso por el control de las cámaras, son un ejemplo de ello. En los sistemas parlamentarios primero existe mayoría, luego gobierno. Es la regla de oro de la gobernabilidad en una democracia.
Todos los gobiernos recientes en Colombia han iniciado el periodo presidencial conformando esa valiosa mayoría; el único gobierno que yo recuerde que haya arrancado su periodo deshaciendo una sólida mayoría existente heredada del anterior gobierno, fue el de Iván Duque. Eso explica que su gobierno no hubiera podido hacer tantas cosas como quiso en sus dos primeros años, y que el costo para armarla en mitad de periodo le haya salido tan alto.
Las mayorías parlamentarias no se arman en ninguna democracia por simple amor al arte. Las mayorías existen bajo el supuesto de que las fuerzas políticas representadas en el parlamento van a gobernar con el presidente de la república, lo cual necesariamente debe reflejarse en la conformación del gabinete ministerial. Los ministros llegan a sus cargos en representación de las fuerzas políticas de la coalición de gobierno. Y a su vez estos se convierten en los responsables y los catalizadores de la conjugación de fuerzas que le garantizan a la rama ejecutiva la capacidad de gobernar y sacar adelante las reformas de su plan de gobierno. Po su parte, la minoría en el Congreso tiene como tarea ejercer el control político de oposición. Así funcionan todas las democracias sanas del mundo.
Hasta 1991, aquellas personas que tenían el anhelo y la ambición de servir al país desde un ministerio entendían que el sendero para lograrlo era una combinación entre una adecuada formación académica y la práxis electoral. Fue así como valiosas personalidades de provincia, luego de formarse académicamente, se llenaban de coraje para iniciarse en el rudo e incierto camino de la vida política. Una vez llegaban al Congreso, su capacidad académica y su liderazgo les permitían destacarse y asumir el liderazgo requerido para ocupar un cargo de ministro de Estado en nombre de esas mayorías.
La decisión de los constituyentes de 1991 de romper esa clara lógica de gobernabilidad fue sin duda uno de sus grandes errores. Como consecuencia de ello, el nivel de los ministros y de los congresistas se ha precarizado notoriamente. En la actualidad, son pocas las personas que cuentan con una hoja de vida adecuada para ocupar un cargo de ministro las que deciden emprender el dificilísimo camino de la política, tal vez la más ruda de todas las competencias por tratarse de la lucha por el poder. Esto ha hecho que los perfiles y las hojas de vida de los congresistas actuales, salvo contadas excepciones, se hayan degradado notoriamente frente a lo que veíamos hace unas décadas.
Por su parte, el nivel de los ministros también ha decaído. Un ministro competente es aquel que tiene suficiente formación académica para interpretar los retos técnicos de su sector, y a su vez suficiente bagaje político para entender las repercusiones sociales y humanas de sus decisiones. Un ministro es ante todo un gran líder político, capaz de señalar y convencer a un país de tomar un determinado rumbo en el sector que lidera y debe contar con suficiente peso para liderar a sus bancadas sin dejarse intimidar por la presión parlamentaria. En los recientes gobiernos se observa con frecuencia que los gabinetes muchas veces se conforman con ministros grises, sin el brillo, la elocuencia y el liderazgo que solo logra obtener un ser humano tras muchos años de lucha electoral.
Saquemos lecciones de nuestra historia. En el pasado los liderazgos políticos más brillantes del país se forjaron en esa combinación de lucha electoral y ejercicio de responsabilidades públicas en la rama ejecutiva. Hoy esos caminos están artificialmente truncados sin razones de peso que lo justifiquen.
