"Resulta claro para el despacho que sí existe una hipótesis posible acerca de la materialidad del delito de soborno a la actuación penal”: fallo de Carmen Helena Ortiz, jueza 28 de Conocimiento de Bogotá.
En un país que padece de una impunidad extrema es muy llamativo que procesos jurídicos de gran envergadura y trascendencia hayan sido resueltos o puestos en acción por mujeres.
No hay o no encontré estudios que demuestren que las mujeres administran mejor la justicia o respetan más los derechos de todas y todos, porque quizás es imposible de medir así. Sea como sea, en esta columna celebro el compromiso de mujeres que dentro de la rama de justicia han asumido, de manera responsable y digna, casos de gran complejidad, incluso acarreando consecuencias de todo tipo para ellas y su entorno familiar.
Hace pocos días el país supo que había sido negada la preclusión del caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe y que, por lo tanto, sería juzgado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. La noticia refresca y da esperanzas porque demuestra que no todo está perdido y sí contamos con administradores de justicia que actúan acorde al derecho. Para mí no pasó desapercibido, además, el hecho de que en esta ocasión hubiera sido también una mujer, la jueza Carmen Helena Ortiz, quien lo hubiera decidido así.
Recordé el caso de pocas semanas atrás de la fiscal Angélica Monsalve. Por no desistir en su intención de imputar cargos a una poderosa familia en Bogotá, explica que, a manera de sanción, ordenaron su traslado al Putumayo, lejos de su familia. Es decir, por negarse a trabajar para quienes destruyen la democracia y sí a favor de la justicia del país, ella y su familia sufrirán profundas consecuencias. (el traslado fue parado por presión, temporalmente, claro) También ella, mujer, desafió el delito de corrupción y engaño, y no desistió.
A principios de año el trabajo de otra mujer fue decisivo en la imputación de cargos, en la Fiscalía, al paramilitar Hernán Giraldo por su violación a menores de edad. Después de la deportación de EE.UU. del paramilitar, la fiscal a cargo investigó y agrupó varias denuncias interpuestas en diferentes ciudades del país y consiguió que se formularan cargos en su contra en defensa de los niños, niñas y adolescentes. https://twitter.com/FiscaliaCol/status/1481597038475231238?s=20&t=Y26YipaZfHbsoA1TMkMmGg)
También ha sido una mujer, la magistrada Catalina Díaz, quien ha estado al frente de las investigaciones y recientes diligencias en la Jurisdicción Especial para la Paz con relación a los más de 6.000 casos de ejecución extrajudicial presentados como bajas en combate por agentes del Estado y que llevaron a que diez exmilitares y un civil empiecen a reconocer su responsabilidad en el horror. Aunque es legítimo que algunas víctimas consideren que aún hace falta seguir indagando en la verdad, el trabajo de esta mujer es de gran valor al lograr que sean los propios victimarios los que hablen de una política institucional del Ejército y sobre la orden que debía realizarse “a como diera lugar”, según un implicado. Ojalá la magistrada llegue hasta el punto de saber quién dio la orden.
En el caso jurídico del Palacio de Justicia, que tiene que ver directamente conmigo y con mi familia, fue también una mujer, la exfiscal Ángela María Buitrago quien sin dejarse amilanar investigó a fondo y confrontó al poder militar y criminal. A pesar de las consecuencias, que no desconocía, asumió su cargo con extraordinaria altura y compromiso con la verdad jurídica. Al atreverse a llamar a indagatoria a tres generales de la república fue retirada de su cargo en 2010 y ha sufrido desde entonces hasta hoy todo tipo de estigmatizaciones y ataques.
Otra mujer también muy relevante en el caso del Palacio de Justicia y con gran sentido de responsabilidad frente a su trabajo como operadora de justicia es la jueza María Stella Jara, quien sin titubear juzgó a Alfonso Plazas Vega en primera instancia. Después Álvaro Uribe y su banda de extrema derecha saldrían a atacarla y a proteger al condenado; ella recibió múltiples amenazas y tuvo que abandonar el país con su hijo. Por su compromiso con la justicia, su vida laboral fue puesta en suspensa y la familiar fue profundamente herida, pero, a pesar de todo esto, ella regresó al país y hoy en día sigue impartiendo justicia.
Vale aclarar que mientras ella padeció los efectos de ejercer un trabajo de manera ética, los amigos del militar en retiro lograron tiempo después que en tercera instancia fuera dejado en libertad, no por inocente, sino porque algunos magistrados consideraron, convenientemente para los amantes de la impunidad, que no había suficientes pruebas.
Y no solo en Colombia existen casos de mujeres que, en contra de la corriente, que da vida a la impunidad, desafían al poder criminal. Un ejemplo destacable es el de al menos seis administradoras de justicia, entre juezas, fiscales o magistradas de Guatemala que han tenido que abandonar recientemente su país para salvar su vida o no terminar en la cárcel, por atreverse a confrontar a los corruptos y hacer rendir cuentas a presidentes, militares y/o allegados a ellos. Sobra decir que los ataques a la integridad, así como el exilio, tienen un impacto mayor en las mujeres, entre otros, porque trascienden a sus hijos y en ocasiones también a personas mayores o enfermas, de las que las mujeres han tenido que asumir su cuidado y una carga superior a la de los hombres.
Y por si sigue habiendo duda sobre el asunto, vale anotar que hoy las instituciones más importantes en Washington en materia de derechos humanos como La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), o el Diálogo Interamericano (The Dialogue) están bajo la dirección de mujeres, y aunque no es exactamente lo mismo a lo que menciono arriba, sí es representativo del papel de las mujeres en el cuidado y la defensa del derecho.
Así que aunque estemos lejos de decir que las mujeres son garantía de justicia, sí podemos afirmar que existen numerosos ejemplos en Colombia y en el mundo del gran compromiso y entendimiento de varias de ellas de que nadie está por encima de la ley y la importancia de trabajar en la defensa de los DDHH. Y al decir esto no desconozco que lamentable e irónicamente las mujeres que han estado a cargo de casos muy recientes y decisivos en Colombia en materia de derechos de las mujeres, no han hecho ninguna diferencia para nosotras. Me refiero concretamente a la despenalización del aborto en la Corte Constitucional o a la negativa a abrir un macrocaso por violencia sexual en la JEP.
Aunque en estos dos ejemplos fueron mujeres las que votaron en contra de otorgar el poder a otras mujeres sobre su cuerpo o que el delito de violencia sexual trascienda como lo amerita, sí quiero resaltar que acorde a casos emblemáticos en los que ellas han participado, pareciera que son menos propensas a defraudar a la justicia y a las víctimas, o dicho de otra manera, a pesar de los chantajes y las dramáticas repercusiones para ellas y sus familias, ellas confrontan con entereza y compromiso al poder criminal.
Su manera de actuar es de gran valor porque no solo desafían la impunidad, sino que también se enfrentan al sistema patriarcal, contribuyen a la pacificación social y aportan a una mayor confianza en el poder judicial. Se debe agradecer a estas mujeres que hacen del país uno, un poco, menos injusto.
