Esta investigación es sobre cómo el fiscal general, Francisco Barbosa, torpedeó y dilató el proceso jurídico que avanzaba con pasos firmes en contra del presunto narcotraficante y paramilitar, Guillermo León Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma.
En el pasado hemos denunciado la manera en que la Fiscalía ha castigado funcionarios con traslados a sitios remotos y complejos, u oficinas de menor importancia, por hacer su trabajo y avanzar en indagaciones penales contrarias a los intereses del anterior gobierno. Es un modus operandi.
Este es otro caso de esos. Para explicarlo, vamos a la línea de tiempo. A inicios del año 2021, el señor Juan David Huepe Suaza asumió la Fiscalía 39 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos. Desde entonces, ese despacho se caracterizó por ser el mejor en operatividad y resultados, recibiendo varios premios de la entidad.
Esa oficina operó el caso contra el escurridizo Memo Fantasma y varios miembros del Clan del Golfo. Entre ellos, alias Falcon y Plástico, extraditados por el gobierno de los Estados Unidos. Todo de la mano de la Administración para el Control de Drogas (DEA) que apoyó a esa unidad con recursos de inteligencia y tecnología.
Es importante recordar que Memo Fantasma pasó desapercibido por más de 30 años. El misterioso personaje fue uno de los narcotraficantes más poderosos del país y su vida criminal empezó en los tiempos de Pablo Escobar y el cartel de Medellín. Posteriormente, tuvo un glorioso paso por el paramilitarismo, vinculado con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia, para después convertirse en “un hombre de negocios” rodeado de lujos en su residencia en España.
Acevedo fue desenmascarado por una investigación del juicioso Jeremy McDermott en InSight Crime en el año 2020, titulada “El narcotraficante invisible”. Ahí empezó su mala racha. En junio de 2021 fue arrestado mientras visitaba Bogotá. Esa investigación fue una labor del fiscal 39 especializado que tuvo a cargo, entre otros procesos, el de Acevedo Giraldo, logrando la captura de este narcotraficante invisible y de su núcleo familiar inmediato, incluyendo a su mamá y a su abuelita. Un negocio familiar que llaman.
La investigación no paró ahí. Las pesquisas de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos llegaron a uno de sus presuntos testaferros en Córdoba, llamado Jorge Alberto Alvear Robledo. Se produjeron órdenes de captura, que se encuentran vigentes, en contra de otro testaferro en Antioquia, de nombre Gabriel Jaimes Tapias Restrepo y de la compañera sentimental de Acevedo, que se encontraba en España, llamada Catalina María Mejía Acosta. Hubo moros en la costa.
En el caso de Alvear Restrepo, es importante aclarar que, para diciembre del año 2021, la Fiscalía 39 tuvo acercamientos con el abogado de ese presunto testaferro, quien definió que su protegido quería entregar información y nombres de otras personas.
En la reunión se exploró la posibilidad de que pudiera negociar con la justicia a cambio de que se convirtiera en testigo protegido de la Fiscalía. Lo único que se exigió fue que un funcionario de la Fiscalía viajara a Córdoba a entrevistarse con él para conseguir la información relacionada con el proceso.
Ahí viene lo extraño. Una vez el director y fiscal especializado Carlos Enrique Vieda Silva se enteró de este viaje y preacuerdo, se opuso de manera tozuda y frustró la posibilidad de conseguir mayor información por medio de una negociación. La tensión llevó a que la Fiscalía 39 tuviera que hacer un operativo de allanamiento confidencial y secreto con respecto a sus superiores, para poder capturar a Alvear y presentarlo a la justicia sin que hubiera oposición de los directivos.
Pese al éxito del caso y la contundencia de las evidencias, como consecuencia de los hechos anteriores, el 1 de marzo de 2022, la directora ejecutiva de la Fiscalía, Astrid Torcoroma Rojas Sarmiento, firmó un decreto trasladando a Huepe Suaza de la dirección de Lavado de Activos, a un despacho en la Seccional Bogotá, como una forma velada de democión y castigo.
En su reemplazo y con la misma resolución, se nombró al fiscal Julio César Ochoa, todo justificado en “necesidades del servicio”. Ochoa, por consiguiente, quedó como el responsable del caso de Memo Fantasma y de toda la investigación que incluye a su mamá, abuelita, pareja sentimental y otros miembros y testaferros. Acevedín, el fantasma amistoso, se ganó la partida.
Ahora bien, extrañamente, el señor Ochoa no tenía ninguna experiencia en investigación o persecución del delito de lavado de activos, lo que demuestra que las necesidades del servicio de la Fiscalía, son más bien las necesidades del fiscal Barbosa y sus amigos del gobierno anterior. Con el cambio consiguieron lo que necesitaban, ya que ese importante proceso empezó a tambalear.
El papel del fiscal Ochoa en las audiencias que vinieron después han sido absolutamente vergonzosas para el sistema de justicia. Ochoa asumió un rol casi de defensor de su investigado, modus operandi que hemos visto en otros penosos casos de la Fiscalía, como el del expresidente Álvaro Uribe Vélez, coadyuvando todas las solicitudes de libertad del presunto paramilitar y narco.
Ochoa incluso apoyó el argumento de que todo esto era una tragedia familiar para el pobre Acevedo. Pero en realidad la tragedia es para la justicia colombiana.
“Es cierto lo que dice la defensa frente a que por parte de la defensa y su equipo concretamente no ha habido aplazamientos y dilaciones (…) Ya es una tragedia familiar que enfrenta aquí un señor que está detenido, su mamá y su abuelita”, dijo Ochoa, argumentación que fue objeto de reproches por parte de los jueces de garantías, quienes le llamaron la atención al fiscal, por falta de conocimientos técnico jurídicos.
Pero el tema no paró ahí. Para no dejar dudas, la Fiscalía decidió cambiar también a la asistente del despacho 39, la funcionaria Nubia Torrente Martínez. Como si fuera poco, también cambiaron al fiscal de apoyo, Juan Carlos Gutiérrez Arias. En sus reemplazos pusieron a funcionarios que poco conocen de ese tipo de procesos, que a su vez siguieron las directrices de Ochoa y ahogaron el proceso. Todo con la justificación de las necesidades del servicio.
Con esos cambios se dejaron de lado las líneas de investigación de ese sustancial caso, proyectadas para operar en la segunda mitad del 2022. El proceso entró en una conveniente anestesia investigativa, que ha hecho que se pierda la inercia judicial y procesal.
Pero es una estrategia completa. Una vez amarrados todos los eslabones sueltos de investigadores en contra de Memo Fantasma en la Fiscalía, el caso también ha sufrido un revés en la Procuraduría.
El 1 de junio de 2022, la Procuraduría General de la Nación, mediante auto número 18559, relevó al procurador y agente especial, Raúl Gutiérrez Zambrano, quien estuvo al frente del proceso de Memo Fantasma desde su inicio y coadyuvó todas y cada una de las peticiones de la Fiscalía para avanzar en el proceso.
La historia se repitió. Una vez fue relevado Gutiérrez Zambrano, que conocía a profundidad el expediente, asignaron a la Procuraduría 24 Judicial II Penal, manejada por la militar retirada Janneth Patricia Velásquez Cuervo, quien, desde que asumió el caso, curiosamente ha apoyado todas y cada una de las solicitudes de la defensa del presunto criminal.
El resultado no es sorprendente. Hoy el exparamilitar y narcotraficante, está en libertad por vencimiento de términos.
Para conseguir esto, la defensa argumentó que habían pasado 286 días desde cuando radicó su escrito de acusación. Pero el juicio en su contra nunca se inició y el plazo legal máximo es de 240 días, de modo que el acusado estaría pasando tiempo innecesario en medida de aseguramiento.
La Fiscalía no apeló la decisión. En parte porque esa demora, no solo fue ocasionada por la dilatación de la defensa sino, también, por los cambios en el ente investigador que trajeron el proceso a su etapa de inicio.
La preocupación que queda, después de este vergonzoso actuar de las entidades de control, es que Acevedo Giraldo, alias Memo Fantasma, utilice sus contactos privilegiados y los millones de dólares en bienes de procedencia ilícita para amedrentar a los testigos en su contra o, peor aún, que se esfume sin dejar rastro, haciendo honor a su alias, para volver a la presencia fantasmal en la que se encontraba hasta hace solo dos años.
En la comedia gótica de Gastón Leroux El fantasma de la Ópera, inspirada en hechos reales, el fantasma no es otra cosa que un corrupto que chantajea a los gerentes de la ópera para que le paguen 20.000 francos al mes y le reserven un palco privado para los conciertos.
En esta versión criolla, que no es comedia sino tragedia, el Memo Fantasma no solamente no canta, sino que por cuenta de “necesidades del servicio” se escabulla junto a su elenco de funcionarios incompetentes y familiares enredados. Irrealismo mágico puro y duro, con adaptación en el guion por cortesía del fiscal Barbosa.
Así queda demostrado, una vez más, que las famosas “necesidades del servicio” con las que justifica la Fiscalía sus repentinos cambios, traslados y remociones de funcionarios, le están haciendo la tarea en procesos que a él le interesa ahogar. Resulta tan exitosa como la estrategia de vencimiento de términos como maniobra jurídica y especialidad del derecho penal. Dilatar, dilatar y dilatar para lograr la libertad.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
