Aunque en la reforma tributaria se incluyó un artículo para que las iglesias paguen impuestos por actividades que no están relacionadas con el culto, la educación o la beneficencia, la iniciativa está en la cuerda floja por cuenta –entre otras cosas– del oportunismo y la doble moral del Partido Liberal.
Pese a que los liberales se declararon como parte de la coalición de gobierno, han sido –comandados y siguiendo las instrucciones de César Gaviria– los que más palos en la rueda le han puesto al avance de la tributaria en el Congreso. Esta semana definieron un listado de líneas rojas o puntos que piden cambiar del texto de la reforma y entre ellos está el no gravar a las iglesias.
Es bien sabido que el Partido Liberal es lo menos liberal que hay en Colombia. Con tal de mantener la burocracia y el poder es capaz de traicionar las ideas que supuestamente dice defender. No sorprende que esta vez tampoco sea la excepción, pero sí indigna que esconda sus verdaderas intenciones bajo el argumento falaz de defender la libertad de cultos.
¿De qué manera se pone en peligro dicha libertad cuando se les pide a las iglesias pagar un impuesto de renta por actividades que no estén relacionadas con el oficio religioso? Según la Dian, estas entidades acumulan un patrimonio cercano a los 14 billones de pesos y reciben ingresos por actividades como hotelería, telecomunicación satelital, transporte de carga, librerías, medios de comunicación, entre otras. Lo justo sería que paguen un tributo por prestar este tipo de servicios.
Sin embargo, lo que no les conviene a quienes se oponen a este impuesto es arriesgar el apoyo electoral de esta comunidad, sobre todo cuando se avecinan las elecciones regionales. Para nadie es un secreto que las iglesias mueven votos y que muchos de sus líderes hacen parte activa de la política y los partidos saben aprovecharlo. En 2019, César Gaviria puso como cabeza de lista del Concejo de Bogotá –por encima de reconocidas figuras liberales– a Sara Castellanos, hija de César Castellanos, pastor y fundador de la Misión Carismática Internacional (MCI), una de las iglesias cristianas más grandes del país.
Castellanos también fue candidata liberal al Senado en las pasadas elecciones legislativas, hizo fórmula con Clara Lucía Sandoval, quien también hace parte de esa congregación. Vorágine denunció, en ese entonces, que desde la MCI se le exigía a cada feligrés conseguir por lo menos 25 votantes para apoyar esas candidaturas. Los votos cristianos son tan apetecidos que la mayoría de los candidatos presidenciales en campaña ha buscado una bendición.
Con esta decisión, el Partido Liberal se unió a los conservadores, Centro Democrático y ahora el Partido de la U, que también manifestó su rechazo al impuesto, porque según Dilian Francisca Toro sería “desconocer el enorme trabajo social que realizan y poner en riesgo las ayudas que reciben miles de personas y familias en condiciones de vulnerabilidad”. Nada más alejado de la realidad porque las actividades benéficas no se tocarían.
Aunque la representante a la Cámara Katherine Miranda –responsable de incluir el artículo– ha pedido tener fe para sacarlo adelante, la cuestión no es de fe, es de voluntad política y la realidad es que el lobby para tumbarlo es más fuerte. Los partidos están más interesados en defender sus intereses que en hacer justicia tributaria y así es casi imposible que las iglesias paguen impuestos en Colombia.
