Las leyes no escritas, pero inmutables, de la política y de la opinión le conceden a un mandatario un margen muy estrecho de tolerancia frente a los errores que cometa en los tres primeros meses de su mandato. Las decisiones que tome en ese lapso, así las trate de cambiar después, le perseguirán hasta cuando abandone la Casa de Nariño. Bien o mal, el arranque de un gobierno es un hierro indeleble visible a todos que no se puede esconder con ropajes o maquillajes. A modo de ejemplo no hay que olvidar lo que le pasó a Duque.
En el caso del próximo presidente hay factores que indican que los primeros cien días de ese gobierno quizás serán unos de los más difíciles de la historia. La primera razón para ello es el comportamiento de cierre del gobierno saliente. De manera bastante solapada este gobierno ha empujado con mensaje de urgencia una mal llamada “ley de empalme” en la que a pesar de su lenguaje melifluo no puede esconder la protuberante intención de constreñir por todos los medios al mandatario entrante.
De pasar esta ley, a la que dedicaremos una futura columna, el gobierno Duque tendrá la oportunidad de esconder o negar acceso a la información en todos los ámbitos gubernamentales, incluso en materias de extrema sensibilidad para la seguridad nacional. Esta ley va en el mismo sentido de la decisión de la “Asamblea” de Ecopetrol que aprobó perpetuar a la actual junta directiva. El gobierno quiere entregar el edificio, pero quedándose con las llaves de la caja fuerte y escogiendo a voluntad qué se lleva o qué le deja al presidente electo.
Hay que destacar, entre las dificultades que tendrá que asumir quien reciba esta cangrejera, la naturaleza política de la actual campaña presidencial. Estas elecciones arrancaron salpicadas de ilegitimidad desde cuando se abrieron las urnas. A las pocas horas ya empezaron a aparecer cientos de miles de errores, irregularidades, compra de votos, y toda clase de cuestionamientos a los resultados. Además, lograron desplegar cientos de miles de millones de pesos en contrataciones temporales que contribuyeron a contaminar las elecciones. Para terminar, el presidente Duque interviene con frecuencia desde la Casa de Nariño a favor de su candidato, incrementando las sospechas de todos sobre el resultado electoral.
La discusión sobre la legitimidad de la elección presidencial parece ya inevitable. Tirios y troyanos aprovecharán para sembrar el caos en caso de no verse favorecidos en las urnas. No nos extrañemos que se apele a “la calle” para crear presión sobre la autoridad electoral. Y ese cuestionamiento debilitará al gobierno entrante en sus primeros tres meses, como le ocurrió a Biden con Trump.
La gobernabilidad legislativa, como ya se ha visto por las peloteras en curso para definir las mesas directivas, y el grado de faccionalismo político que caracterizará al nuevo Congreso, será todo un desafío para poder establecer una agenda y una ruta de acción al comienzo del gobierno. Por definición, este será de coalición y las posiciones que hay en el parlamento son bastante intransigentes. Mala noticia para el país.
Finalmente, el deterioro del orden público será un desafío inmenso para empezar a crear una agenda gubernamental eficaz. La realidad es que las organizaciones criminales seguirán interesadas en sembrar más zozobra para presionar al nuevo gobierno, y al mismo tiempo la fuerza pública se concentrará en quienes van a ser sus nuevos jefes. En conclusión, los cien días del próximo gobierno serán un infierno. Esperemos que los colombianos escojan a quien haga ese comienzo de gobierno un poco menos traumático.
Recorderis. “Esta peligrosa reforma electoral, en la que embarcaron al país los uribistas, se está cocinando a espaldas del país. Sin verdadero debate público y sin que los ciudadanos se hayan percatado lo que está en juego, dicha ley avanza a escondidas”. (Gabriel Silva, “El Tiempo”, 11-23-2020)
