Velia Vidal
26 Agosto 2022

Velia Vidal

Una a una

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Firmé uno a uno los 97 diplomas que acreditaban a niños y niñas de cinco barrios de Quibdó como lectores o lectoras. Antes de firmar leía sus nombres, recordaba a quienes distingo bien y me imaginaba a los otros. 92 son afro, tres son de ascendencia embera y dos son blanco-mestizos. Tienen entre cinco y 16 años y desde finales de 2019 hacen parte del programa Selva de Letras, en el que se encuentran con los libros y a través de la literatura infantil y juvenil fortalecen sus habilidades comunicativas y trabajan en distintas dimensiones del ser.

Hoy, después de llamarlas, una a una, estas personitas dulces y amorosas me daban un abrazo cálido que me hacía recordar el valor del trabajar en equipo con nuestros aliados, con los promotores de lectura y los voluntarios, en extender la garantía del derecho a la lectura en nuestro departamento.
Por estar ocupada en lo que sería este evento prioritario para Motete, casi pasé por alto la relevante noticia de esta semana para el pueblo afrocolombiano; pero esta mañana, antes de irme a recibir abrazos y a llorar de alegría, me senté a leer la sentencia T-276 del 2022 de la Corte Constitucional, que recoge un fallo histórico sobre los irreparables daños de la invisibilidad estadística a la que fuimos sometidos los afrocolombianos, palenqueros, negros y raizales en el Censo de 2018, en el que claramente no nos contaron uno a uno.

El documento de la sentencia debería ser un texto obligado para todas las instituciones estatales, y de gran interés para quienes deseen conocer la invisibilización histórica del pueblo negro en Colombia, la relación que esto tiene con la garantía de derechos y, en consecuencia, la importancia de nombrarnos uno a uno, las veces que sea necesario. Algo que nada tiene que ver con obsesiones por la taxonomía racial ni con simples diligenciamientos de papeles burocráticos.

Tal como lo expresa la Corte: “El nivel de marginalización al que han estado sometidos los pueblos afrocolombianos y que ha conllevado dolorosos procesos de deshumanización, cuyas consecuencias aún repercuten generación tras generación, exige de las autoridades una especial consideración y trato frente a las situaciones sociales, culturales o geográficas que pueden conducir a su invisibilización; por ejemplo, en los ejercicios estadísticos oficiales que dan cuenta de la conformación demográfica del país”.

Fue justamente ese trato especial el que no se dio de manera idónea en el Censo de 2018, lo que marcó un retroceso en el reconocimiento de la diversidad de nuestro país y en la superación del “obsoleto paradigma de homogeneidad social que aleja la práctica estadística de los principios de pluralismo y diversidad que guían la Constitución de 1991”. No se trata, sin embargo, solo del reconocimiento de la diversidad, me permito citar otro párrafo exacto de la T-276 para explicar el alcance del daño: “La superación de las condiciones de pobreza a las que el pueblo negro se ha visto enfrentado de manera desproporcionada es un mandato del Estado Social de Derecho, para lo cual es necesario contar con información de calidad sobre sus características demográficas, sociales y económicas. De otra manera, no sería posible diseñar una política pública efectiva y focalizada que permita eliminar las históricas brechas que han afectado a esa población en política de vivienda, saneamiento básico, servicios públicos, salud, educación y trabajo”.

Si bien hay precisión sobre lo irreversible de los daños, en la sentencia se ordenan al Dane unas acciones específicas con el objetivo de que esta situación no se repita y para que haya mejoras en el proceso estadístico, con la revisión de los criterios usados para el reconocimiento de nuestra población en las distintas operaciones de la entidad, en las que además le insta a adoptar el enfoque étnico de manera regular.

Se trata de una sentencia histórica y relevante, producto del liderazgo de varias organizaciones que, por fortuna, no se amilanan ante las descalificaciones que nos tildan de problemáticos o estigmatizan la consulta previa, como si lo verdaderamente problemático no fuera el racismo, la exclusión y la invisibilización a la que hemos sido sometidos históricamente.

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