A propósito de los últimos nombramientos del presidente Petro en Planeación Nacional, el DPS, la Unidad de Gestión de Riesgo y la Superintendencia de Salud, se desató uno más de los inútiles debates que acostumbramos cada cierto tiempo y que solo contribuyen a distraer la opinión pública. Algunos líderes políticos y medios de comunicación plantearon el falso dilema entre activistas vs tecnócratas, como si los gobiernos estuvieran condenados a ser parte de uno u otro bando. Como si en Colombia hubiéramos tenido gobiernos exclusivos de tecnócratas, en los que nunca participaron activistas y dirigentes políticos. Absurda discusión que parte de falsas premisas e ignora la influencia que los partidos han tenido en las distintas administraciones a través de la historia. Se cae también en la arbitrariedad de encasillar a todo activista como militante de izquierda y a todo tecnócrata como integrante de la derecha. Como si no existieran activistas que ejercen con pasión y legitimidad la tarea de defender sus ideas de derecha y tecnócratas y académicos de izquierda que han pertenecido a distintos gobiernos, incluido el actual.
Uno de los hechos positivos de la llegada del primer presidente de izquierda democrática al poder es, sin duda, el acceso al servicio público de diversos sectores de la sociedad que por décadas hicieron oposición a todos los gobiernos del denominado “establecimiento” y hoy tienen la posibilidad de participar desde el estado en la ejecución de las políticas contempladas en la plataforma programática del Pacto Histórico. Con el triunfo de Petro cambiaron las caras en los carros oficiales de los ministerios, como solía afirmar el expresidente liberal López Pumarejo. Y esa es una buena noticia que implica profundización de la democracia y respeto a la diversidad de nuestra sociedad en la conformación del poder político en el país.
La presencia de académicos de izquierda, activistas, líderes indígenas y afros en el Capitolio Nacional y en altos niveles del gobierno es sana y conveniente para la construcción de una nación más justa, solidaria e incluyente. Al terminar el mandato Petro, cuando se realice el balance final de esa nueva camada de congresistas y funcionarios públicos, saldrán algunos muy bien calificados y proyectados hacia el futuro, otros regulares que pasarán sin pena ni gloria y algunos más serán un fiasco y la opinión pública los condenará, como ha sucedido en todos los gobiernos.
Lo que no podemos pretender ahora es que la administración pública en Colombia ha sido modelo de eficiencia y transparencia. Olvidar que por los mismos cargos que ahora generan una válida preocupación de sectores de opinión han pasado recientemente funcionarios ineficientes, cuestionados e investigados por escándalos de corrupción. El problema del gobierno Petro no es el número de activistas que designe en altas posiciones del estado, sino la descalificación generalizada a los tecnócratas y la tendencia a prescindir de su conocimiento y de la evaluación rigurosa de las políticas públicas al momento de adoptar decisiones que impactan la vida de millones de compatriotas. Hace daño el mensaje que se envía, según el cual, todo lo que encontró Petro el 7 de agosto de 2022 es un desastre, bien sea en educación, salud, pensiones vivienda, servicios públicos, etc. Es una equivocación que cuesta sangre al gobierno.
Los anteriores presidentes tuvieron en su gabinete y en instituciones del Estado activistas buenos y malos, tecnócratas transparentes y ladrones, dirigentes políticos capaces e ineptos. No es justa entonces la descalificación a priori de los recién nombrados Alexander López, Bolívar, Carrillo o Leal, por el simple hecho de no hacer parte de la élite tecnocrática del país. Aunque es cierto que en el caso del nuevo director del DNP podría tener mejor desempeño en otras áreas del ejecutivo, es justo abrir un compás de espera y juzgarlos por sus actuaciones. Esperamos, eso sí, que no caigan en la improvisación, que se rodeen de funcionarios capaces y no desechen el conocimiento que hay en cada entidad. Pero negar la ineficacia histórica de la Super Salud o la corrupción rampante desde 2018 en la Unidad de Riesgo, el DNP o el DPS, es querer tapar el sol con una mano. El tiempo y los resultados nos dirán si los nuevos funcionarios sirvieron o no. Al fin y al cabo ganaron las elecciones, tienen derecho a gobernar y la ciudadanía a fiscalizarlos y controlarlos. Para fortuna de nuestra sólida democracia, en 2026 los colombianos podrán evaluar la gestión del gobierno y definir en las urnas si el presidente acertó o se equivocó en el nombramiento de los activistas, tecnócratas y políticos afines a su proyecto político.
