El programa contra los cultivos de coca lo viene anunciando el Gobierno a cuentagotas. Y lo que es más inquietante: a cuentagotas equívocas.
Hace algunas semanas el presidente Gustavo Petro anunció que estaban diseñando un programa consistente en que los cocaleros “le devolvieran las tierras a la selva”. Para ese efecto anunció que estaban pensando en dar un subsidio a quienes abandonaran los cultivos ilícitos de entre 2.000.000 de pesos –y 4.000.000 millones de pesos por hectárea– mes. Si tomamos el punto de referencia más bajo de esta propuesta (2.000.000 de pesos por hectárea–mes), y considerando que hay cerca de 200.000 hectáreas dedicadas a este cultivo, ello significaría un costo anual de 5 billones de pesos. No se conoce si el presupuesto nacional dispone de esta suma.
Posteriormente durante la cumbre cocalera del Catatumbo el presidente expuso la siguiente tesis: que los cultivos ilícitos se tolerarían hasta tanto otros cultivos alcanzaran la misma rentabilidad que hoy obtienen quienes se dedican al cultivo de la coca.
Este programa (bosquejado a través de Twitter presidenciales como ya es usual) suscitó dos grandes interrogantes: primero, los cultivos de coca precisamente por ser ilícitos siempre estarán adelante en cuanto a rentabilidad se refiere de los cultivos alternativos. De manera que, planteado así crudamente, el anuncio presidencial conduce a una especie de licencia indefinida para quienes se dedican a estas actividades.
El segundo interrogante tiene que ver con la percepción internacional que esta propuesta está teniendo. Se leyó en algunos círculos como una especie de patente para que los cultivos ilícitos sigan indefinidamente en el país, puesto que toda otra forma de erradicación parece estar descartada.
De allí que no resultó sorprendente que el Departamento de Estado de Estados Unidos reclamara diplomáticamente al Gobierno “más cautela en este tipo de anuncios, sin archivar la estrategia de la erradicación forzosa y sin descartarla hasta tanto se desarrolla por el Gobierno colombiano un programa viable de sustitución de cultivos”.
Este es el costo que estamos pagando por no plantear claramente el contenido integral de las políticas. Si bien es cierto que en las bases del plan de desarrollo que divulgó el Gobierno hay algunas referencias a cuál es la política que va a desplegar la administración Petro en esta materia, no es menos cierto que son anotaciones muy generales.
Como otra gota informativa el Gobierno ha dicho lo siguiente: se va a suspender la erradicación forzosa en todas sus expresiones, y la voluntaria queda sometida a los “plazos calentanos” que requerirán los cultivos lícitos para alcanzar y superar la rentabilidad de los ilícitos. Mientras tanto se reforzarán las operaciones de interdicción a la salida y trasiego de la droga.
Ojalá esta tesis se concrete. Por ejemplo: si bien es cierto se puede justificar por motivos de seguridad nacional la anunciada adquisición de una nueva flotilla de aviones que habrá de sustituir a los Kafir, es también obvio que si se van a fortalecer las operaciones de interdicción se requerirá aumentar sensiblemente la disponibilidad de equipos y de militares empeñado en esta difícil tarea. Para lo cual, entre otras cosas, sería muy lógico solicitarle a Estados Unidos que además de las admoniciones de “cautela” ayudaran con mayor apoyo a todo lo que tiene que ver con las tareas de interdicción que, también, es un problema de ellos.
En síntesis: la política antidrogas de la administración Petro no se puede seguir anunciando con equívocas gotas informativas a través de los trinos presidenciales. Se hace necesario plasmarla y cuantificarla en toda su extensión y sin equívocos. Hasta el momento luce fragmentaria y confusa.
Preguntado por el periódico El Tiempo del pasado 21 de diciembre el ministro de Justicia sobre cuál era el diseño de la nueva política antidrogas del país respondió: “No voy a hacer diplomacia de micrófono”. También sería bueno decir que la nueva política antidrogas tampoco se puede seguir formulando a través de la “diplomacia de los trinos”.
