Ante la victoria de Gustavo Petro en 2022 me uní a las muchas voces democráticas que nos regocijamos con lo que parecía como un gran hito para la democracia colombiana, a pesar de carecer de una particular admiración por el candidato del Pacto Histórico. No era un logro menor para el país que llegase el primer presidente de izquierda al poder, así fuese por la escasa mayoría de 3 por ciento.
Ahora muchos de esos demócratas, progresistas y liberales, amigos de la Constitución de 1991, que celebramos la llegada al poder del Pacto Histórico como ejemplo de pluralismo político estamos consternados ante la creciente deriva autoritaria y antidemocrática de Gustavo Petro. El presidente se ha dedicado de manera consistente a funestar las instituciones y el sistema político que nos rige. Ha llegado la hora de preguntarse si no estamos ya ante el emergente fantasma de una transformación del proyecto político del cambio en algo muy distinto: un diseño de estirpe autoritaria y castrochavista.
Contrastemos lo que ocurre en Colombia con algunos de los elementos característicos de la estrategia de Chávez para transitar y consolidar la dictadura. Primero, miremos el tema electoral. A pesar de que el aparato que maneja las elecciones en Colombia es considerado por los analistas como uno de los más confiables en América Latina, Petro ha arremetido contra ese sistema electoral. Se atrevió a afirmar que el modelo electoral venezolano es superior al nuestro. Es un ejercicio deliberado de deslegitimación de la piedra angular de toda democracia. Petro es de la misma escuela de Trump para quienes las elecciones son legítimas solo cuando les entregan la victoria. Prefiere nuestro presidente un sistema como el del vecino país que fue diseñado para perpetuar al chavismo en el poder y que no tiene el más mínimo asomo de independencia.
Otra característica del chavismo es invalidar la división de poderes y considerar como corruptos, vendidos e ilegítimos a los otros poderes públicos y los organismos de control. Ese objetivo en el caso del presidente Petro está en marcha. El respeto por la división de poderes y la colaboración armónica entre ellos es una de las bases sagradas de la democracia. El récord del Gobierno Petro en esa materia no es precisamente ejemplar.
El jefe del Estado ha demostrado una virulencia verbal contra el poder judicial y el Congreso que recuerda a los aciagos cierres del Congreso en las épocas de las viejas violencias bipartidistas. Petro incluso amenazó con asfixiar financieramente a los otros poderes públicos cuando ante el fallo de la Corte Constitucional que tumbó la no deducibilidad de las regalías dijo que “le toca al ministro de Hacienda después de esta decisión recortar el presupuesto de las tres ramas del poder público”.
Chávez se dedicó a la organización de fuerzas milicianas y paramilitares al servicio del caudillo, siguiendo la enseñanza del modelo de control social del castrismo. El presidente Petro ha ido fortaleciendo el paramilitarismo popular a punta de la creación y financiación de las guardias indígenas, campesinas, afro, cimarronas, primeras líneas y demás. Esas fuerzas rodearon amenazantes al Congreso cuando se debatían los proyectos de interés del gobierno y luego intentaron tomarse el Palacio de Justicia para poner en riesgo, amedrentar y presionar a la Corte Suprema de justicia, el pasado ocho de febrero.
El propio presidente de la república instigó a esos grupos paramilitares populares diciendo “debo solicitar al pueblo la máxima movilización popular por la decencia… llegó el momento de la expresión popular” todo escudado en la falacia de que lo querían tumbar. El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia no dejas duda del propósito y de lo que ocurrió: “[La Corte] rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la Capital de la República… Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser
impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. La democracia queda en vilo cuando cualquier sector o actor de un país pretende presionar política, física o moralmente decisiones de la justicia.”
Y como para terminar de ilustrar de manera contundente la intención en firme de desmontar el actual régimen político, el presidente Petro anuncia el viernes pasado su propósito de organizar una Asamblea Constituyente para superar los bloqueos institucionales que le impiden a hacer sin ataduras lo que se le dé la gana. Ese es el mismo camino que siguió Chávez. Ambos utilizan el mismo argumento de que al ser elegidos por el pueblo se les transfiere la condición de soberano y de intérpretes de la verdadera voluntad ciudadana. El argumento de Chávez y de Petro no son muy distintos, miremos.
Hugo Chávez, al defender su propuesta de Asamblea Constituyente:
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“Pero ¿acaso le podemos tener miedo a la soberanía popular? ¿No hablamos de democracia, pues? La soberanía no es nuestra, el Presidente de la República no es soberano, el Congreso de la República aunque lo llamen soberano no es soberano, la Corte Suprema y los tribunales no son soberanos, el único soberano aquí en la Tierra, en el pueblo, en la tierra venezolana es ese pueblo, no hay otro.”
Gustavo Petro, al defender su propuesta de Asamblea Constituyente:
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“Si las instituciones que tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo a través de su voto decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo que se va arrodillado hacia su casa derrotado…. No es el pueblo el que se va. Es la institución la que cambia… Entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Colombia no se tiene que arrodillar. El triunfo popular del 2022 se respeta y la Asamblea Nacional Constituyente debe transformar las instituciones para que le obedezcan al pueblo su mandato de paz y de justicia”.
Al evaluar la actitud política del Gobierno Petro hacia los componentes fundamentales que caracterizan el funcionamiento democrático, no se puede concluir nada distinto de que el presidente ha dejado entrever una creciente hostilidad y desprecio hacia las instituciones y el acatamiento a la ley. La reciente iniciativa de convocar a una Asamblea Constituyente es la confirmación final de que tiene la intención de que Colombia se parezca cada vez más a una república bolivariana que a una democracia de verdad.
