El Ministerio de Hacienda después de muchas dilaciones envió al Congreso un concepto sobre el costo fiscal que puede llegar a tener la reforma a la salud.
Luego de que fue divulgado empezó la discusión sobre si se trataba de un aval propiamente dicho o de un simple estimativo de costos. Claramente no es un aval. El propio Ministerio de Hacienda toma la cautela de advertir que sus cálculos son provisionales toda vez que la cartera de salud no ha terminado los suyos, sobre todo en lo relacionado con las inversiones físicas que se necesitará hacer para poner en marcha el nuevo sistema de salud.
Pero quizás lo más interesante de este concepto son las luces que arroja sobre la manera como habrá que coordinar los costos de la reforma a la salud con el conjunto de la política fiscal. Y sobre los enormes desafíos fiscales que enfrentamos en estos momentos.
Según Hacienda los costos netos nuevos que acarrea la reforma de entre $3 billones y $4,5 billones por año. Lo que proyectado a la próxima década, es decir hasta 2033, arroja una suma considerable.
Por tal razón el Ministerio de Hacienda se apresura a decir, curándose en salud, que “conforme a lo expuesto en este documento, los costos fiscales mencionados podrían incorporarse de forma compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo del 2024 siempre que el consejo superior de política fiscal apruebe, como parte de los límites de gasto establecidos en aquel documento, en sesión previa a su radicación en el Congreso de la República el 14 de junio del año en curso, un recorte de gastos”.
O sea, dicho en buen romance: la reforma a la salud puede asumirse por la programación fiscal del país solo si simultáneamente se hacen recortes en otros rubros de gastos en suma equivalente a lo que se calcula costará la reforma al sistema de salud.
Y si los costos netos incrementales de la reforma (hoy moribunda en la Comisión Séptima del Senado) resultaran superiores a los $ 3 billones anuales que provisionalmente calcula el ministerio de Hacienda, entonces el recorte en otros renglones del gasto público tendría que ser mucho mayor.
Todo esto dentro del supuesto de que el gobierno siga pensando –como ha repetido machaconamente- que continuará cumpliendo con la regla fiscal. Naturalmente, si la regla fiscal se echa al cesto de la basura como no es imposible que acontezca, entonces se podría dar cumplimiento a las exigencias de la reforma a la salud sin necesidad de acompañarla con recortes correlativos en otros renglones de gastos como lo advierte Hacienda. Pero en tal caso asumiendo todos los riesgos desfavorables que para el país representa abandonar la regla fiscal.
Ahora bien: la gran pregunta es: ¿está el gobierno Petro en disposición (si le aprueban su reforma que ha empujado con fórceps, mermelada e insultos de todo orden a los opositores) de reducir simultáneamente el programa de otros gastos a partir de la vigencia de 2024, en una suma que en el más conservador de los escenarios no podría ser inferior a $ 3 billones por año como lo advierte el Ministerio de Hacienda?
Suena muy improbable y mucho menos cuando tenemos un gobierno que más que morigerar el gasto público lo está empujando y atizando. Cada intervención en plaza pública del presidente va acompañada de anuncios y ofertas sobre nuevos gastos y subsidios, pero nunca de compromisos de austeridad. Y menos ahora con propuesta de asamblea constitucional a bordo.
La presentación del Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2024 al que hace alusión el Ministerio de Hacienda resulta entonces de gran importancia. Tenemos que estar pendientes de su presentación que debe tener lugar a más tardar el 14 de junio.
Es allí donde podremos constatar si el gobierno Petro efectivamente desea financiar sus reformas de manera compatible con la sostenibilidad fiscal. O si va a despojarse de la hoja de parra y a echar por la borda toda prudencia financiera con tal de cumplir con sus programas de gasto público cada vez más abigarrados y peor financiados.
