Fiscal 171 Seccional: “¿Su hermano era miembro activo, o bien de la guerrilla o de los paramilitares, o miliciano?”
Henry Orlando Guzmán Medina: “Nadie de la familia. Solamente los que tenían negocios (…) tenían que dar cuotas porque les exigían la vacuna y eso hacía la guerrilla, o si no se tenían que someter a las consecuencias de que los mataran o les hicieran daño”.
Escuche la columna completa acá:
Fiscal 171 Seccional: “¿Qué ha sabido de los autores que desaparecieron a su hermano?”.
H. O. Guzmán Medina: “No, nada, porque para mí es muy difícil entrar a investigar porque me salen es matando, porque es gente muy peligrosa”.
Extracto de denuncia por el delito de desaparición forzada, noviembre 30 de 2002.
La audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) del exmilitar Jesús Armando Arias Cabrales sobre los desaparecidos del Palacio de Justicia; los desaparecidos del Paro Nacional de 2021; la elección de una nueva dirección de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas; las perpetradas por las hoy desmovilizadas Farc: al menos 3.700 desapariciones forzadas, según el Centro de Memoria Histórica.
La desaparición, por fin, ocupa los titulares y el pensamiento de los colombianos.
Aunque las múltiples formas de la desaparición (no siempre es forzada) tienen en común la incertidumbre y el duelo postergado que marchitan el alma, existen tres aberraciones estructurales que la sociedad colombiana se niega a reconocer y rechazar con vehemencia: (1) la revictimización institucional a los familiares de las víctimas de desaparición forzada –lea de nuevo el interrogatorio citado al comienzo de esta columna: ¿qué tal que la Fiscalía General de la Nación (FGN) se atreviera a preguntarle al familiar de un secuestrado si la víctima era un delincuente?–; (2) la negligencia e ineficacia del Estado ha obligado a los dolientes a establecer relaciones directas con los victimarios para intentar encontrar a los desaparecidos, y (3) todo victimario de desaparición forzada merece el máximo repudio. No obstante, cuando se trata de agentes del Estado (Ejército, Policía, el extinto DAS) la desaparición de personas reviste mayor gravedad en lo social y político por cuanto se mina la confianza ciudadana en las instituciones que deberían proteger su integridad. A su vez, la afectación económica también es colectiva, pues con nuestros impuestos pagamos el salario de las “manzanas podridas” que perpetran dicho crimen… y después cubrimos la reparación a las víctimas (apenas justa). ¿Del bolsillo de quiénes salen las pensiones de jubilación de Jesús Armando Arias Cabrales, Iván Ramírez Quintero, Miguel Maza Márquez o Mario Montoya?
Este 31 de enero, en Costa Rica, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se dará la audiencia pública del caso contra el Estado colombiano por la desaparición forzada de Arles Edisson Guzmán Medina. Dicho crimen, cometido el 30 de noviembre de 2002 en el contexto de la Operación Orión, significó la violación de los derechos a la personalidad jurídica, la vida, la integridad y la libertad personal de Guzmán. Se pisoteó su derecho a la garantía y a la protección judicial.
El Grupo Interdisciplinario por los Derechos Humanos (GIDH) acompaña a la familia de Guzmán, quien, frente a su esposa, Luz Enith Franco, fue llevado contra su voluntad por dos hombres para “responderle preguntas al comandante”. Jamás regresó. María Victoria Fallon, abogada del GIDH, dice: “Cuando ocurre la Operación Orión, el Estado comete la violación de todos los derechos consagrados en la Convención Americana. Nosotros decidimos hacer casos individuales; el propósito era mostrar todo lo que había ocurrido: un niño muerto en medio del fuego cruzado, una lideresa asesinada, tres lideresas detenidas, destrucción de una organización social, y ejecuciones que no fueron producto del fuego cruzado sino que fue la Policía la que asesinó…”.
Entre las pruebas clave que el GIDH presentará en el caso Guzmán contra el Estado, están: (1) Declaraciones de paramilitares. Además de los testimonios ya conocidos sobre la Operación Orión (“Móvil 8” y “Aguilar”), se pondrán a consideración nuevas declaraciones que mencionan con nombre propio a miembros de la fuerza pública que hacían el enlace con grupos paramilitares para las actividades a desarrollar durante y después de la Operación Orión. (2) Un croquis. La reciente reiniciación de las excavaciones en La Escombrera parte de un punto de referencia: en 2003, Luz Enith le entregó a la FGN un croquis dibujado por un paramilitar que señalaría el posible sitio de enterramiento de su esposo: el Estado ignoró esa herramienta de búsqueda (véase: https://onx.la/37240). (3) La denuncia de Henry Orlando Guzmán. En 2002, solicitó a la FGN que hiciera un operativo de búsqueda de su hermano Arles Edisson, pues tenía conocimiento de una casa clandestina adonde llevaban civiles secuestrados. Nadie atendió sus súplicas–.
Otro de los testimonios –entregado a la FGN en mayo de 2004–, que evidencia la unión entre agentes del Estado y paramilitares, es el de Carlos A. Estrada Ramírez. Habla de nombres propios y alias (“KingKong” y otros), coordenadas geográficas y modus operandi. En sus respuestas, precisa el papel del teniente Rojas, comandante de la Policía en San Cristóbal (Medellín), quien recibía dinero de las Autodefensas Unidas de Colombia; así mismo, revela cómo la comuna 13 fue convertida en zona de fosas comunes, torturas y descuartizamientos (véanse las páginas 7, 8 y 14 del anexo 3).
También será expuesta la voz juramentada de Diego Fernando Murillo Bejarano alias Don Berna o Adolfo Paz –comandante de los bloques paramilitares Héroes de Tolova, Héroes de Granada y Cacique Nutibara (BCN)–, ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York: anticipo de lo que otros reiterarían en Justicia y Paz y la JEP sobre las alianzas entre la IV Brigada del Ejército, el general Mario Montoya, el general de la Policía Metropolitana Leonardo Gallego y el BCN, que además contó con la asistencia del Gaula para la Operación Orión.
Luz Enith Franco hablará ante la Corte IDH. Aunque su nombre está inscrito en el Registro Único de Víctimas, nunca ha recibido una reparación económica del Estado ni una excusa privada o pública. ¿Qué busca en las instancias internacionales? “Que el Estado colombiano pague por su participación, que remuevan la montaña: ¡ellos lo enterraron, que ellos lo desentierren!”. Dos décadas de búsqueda profundizan su dolor: “No pude tener hijos con mi esposo: es algo que me marcó para siempre. Me dejó devastada psicológica y emocionalmente”.
En 2004, el pleito llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En 2021 entró a la Corte IDH, después de dos años de espera –sin éxito– para que el Estado cumpliera con las recomendaciones de la Comisión. El caso Guzmán Medina es emblemático: se trata de un ciudadano “común”, sin visibilidad social ni liderazgo, su desaparición obedece a intenciones de marcar territorio, de intimidar a la población por la vía paramilitar. Las acciones y omisiones de la institucionalidad colombiana en esta historia individual permiten entender por qué la desaparición forzada es, tal vez, el crimen que ha logrado fracturar de una manera más honda las relaciones entre la comunidad y el Ejército y la Policía.
No solo los dolientes directos asumen el costo de este delito atroz. Más allá de los conteos (tan inhumanos), de la revictimización institucional de las familias de los desaparecidos, de la negligencia estatal, del temor y la desconfianza que la fuerza pública deja en las comunidades, amén del clasismo y la indiferencia social, la desaparición forzada es la mayor derrota ética de nuestra sociedad. Todos pagamos por las manzanas podridas.
