Tanto en el proyecto de ley del plan de desarrollo como en el de la reforma a la salud, encontramos repetido por todas partes el siguiente estribillo fiscal: los gastos que se decretan en uno y otro proyecto de ley quedan sometido a las “disponibilidades presupuestales, al marco fiscal de mediano plazo y al marco de gasto de mediano plazo”.
El ministro de Hacienda ha formulado el mismo estribillo fiscal, pero de otra forma: “Estamos firmemente comprometidos con el cumplimiento de la regla fiscal y eso significa que todas las reformas en curso, es decir, la reforma agraria, la reforma a la salud y la reforma pensional, tendrán que ser coherentes con la regla fiscal, que es una norma que el Gobierno debe acatar porque es exactamente de origen legal”.
Lo que en buen romance significa: todos los gastos que con bombos y platillos se están anunciando en estas iniciativas quedan condicionados y por tanto serán potencialmente recortados según sean las disponibilidades presupuestales del país, que obviamente no son suficientes para atender tan abultado torrente de gasto público como se anuncia.
El ministro Ocampo se ha curado así en salud diciendo: la regla fiscal se cumplirá a cualquier costo y nunca la desbordaremos. De allí que las disponibilidades presupuestales del país serán la clave para cumplir con el estribillo fiscal. Recuérdese que hay una norma constitucional que dice perentoriamente que no se puede ejecutar ningún gasto que previamente no haya sido autorizado en el presupuesto de la vigencia respectiva.
El ministro de Hacienda tiene razón y mientras Ocampo ocupe la cartera de hacienda podemos estar tranquilos; y él también: el estribillo le ha servido para no tener que comprometerse, por ejemplo, en manifestar cuánto valen exactamente las reformas a la salud de la ministra Corcho.
Cualesquiera que sean los desbordados anuncios de gasto público que festivamente haga el resto del Gobierno, comenzando por el propio presidente Petro con sus fogosos discursos desde el balcón del palacio de Nariño, tendrán que cumplir con el estribillo fiscal. Es decir: cada programa de gasto que se anuncie en adelante puede ser recortado al momento de convertirse en apropiaciones durante la vigencia presupuestal correspondiente.
Una cosa será pues los anuncios de gasto y otra bien diferente lo que se pueda ejecutar. Habrá dos discursos: el de los anuncios exuberantes que tanto gustan al Gobierno, y el de las limitadas posibilidades presupuestales que permita la regla fiscal.
Sin embargo, el estribillo fiscal al que me estoy refiriendo tiene tres inconvenientes: primero, si los anuncios de gasto desbordan las capacidades fiscales del país (como está sucediendo) se corre el riesgo que las expectativas políticas terminen imponiéndose sobre la prudencia fiscal; segundo, el uso inmoderado del estribillo está dispensando al gobierno de estimar y divulgar con rigor cuál es el verdadero costo de la catarata de reformas que empiezan a notificársele al país, como está sucediendo con la reforma a la salud que a estas horas todavía no se conoce cuál es su costo y cuál el periodo de tiempo en que se pondrá en práctica. Y tercera, que cuando el gasto ya esté contemplado en una ley resultará políticamente muy difícil desmontarlo o diferirlo razonablemente en el tiempo con el argumento que sobrepasa los límites de la regla fiscal.
En el corto plazo las disponibilidades presupuestales no serán otras entonces que las que aparecen en el presupuesto ya aprobado para la vigencia de 2023, más lo que se le agregue con el adicional que próximamente debatirá el Congreso. Todo lo que sobrepase ese límite tendrá que cancelarse como programa de gasto inmediato. O, en todo caso, postergarse sine die. Esa es la verdad. Y quien diga lo contrario estará faltando a la exactitud fiscal y despertando expectativas políticas malsanas.
Además del estribillo, las limitaciones de la política fiscal para financiar nuevos gastos aparecen patéticamente ilustradas con lo que está sucediendo con el presupuesto adicional (que se nutre con los recursos provenientes de la reforma tributaria) pero que una vez se hacen las sumas y restas correspondientes (como lo ilustró un buen informe de esta revista la semana pasada), el neto que queda para gasto nuevo es apenas de 8,6 billones de pesos. Buena parte de la explicación proviene de que el déficit del fondo de estabilización de combustibles sigue pesando como piedra de molino al cuello y por los efectos de mayores compromisos para pago de la burocracia y de la deuda externa como resultado de la inflación y la devaluación.
El presupuesto adicional neto disponible para nuevo gasto será pues de 8,6 billones de pesos. Cifra no desdeñable, pero que no resulta ser gran cosa luego de los esfuerzos que representó la última reforma tributaria y la algarabía de nuevos gastos escuchada durante las últimas semanas.
El Gobierno (si realmente quiere cumplir con los postulados de la regla fiscal como viene diciéndolo) debería ser en consecuencia muy circunspecto con los anuncios de nuevos programas de gastos públicos. Que si bien pueden levantar aplausos en la galería quedan supeditados a la ley de hierro del estribillo fiscal.
